Los tres años que le restan al actual sexenio serán como una eternidad para las clases mayoritarias. Es válida tal afirmación porque los graves problemas estructurales que las afectan, irán en aumento porque el “gobierno” de Enrique Peña Nieto no cederá un ápice en su afán de avanzar lo más que pueda en la consumación del proyecto neoliberal. Así se advierte por el empecinamiento en imponer políticas públicas que benefician a los amigos del régimen y empobrecen al pueblo. No habrá cambio alguno en esta estrategia criminal, sino recrudecimiento de las acciones antidemocráticas.
Quieren rendir a los maestros al precio que haya que pagar, como quedó demostrado en las “evaluaciones” al magisterio en Guerrero y Oaxaca la semana pasada. En ambas entidades, la presencia de fuerzas policiacas fue un factor que llamó la atención de la ciudadanía, y con ello confirmó que algo anda mal en este mecanismo dizque para elevar la calidad de la educación. Si realmente ese fuera el objetivo, se llevaría a cabo, por principio de cuentas, no habría necesidad de imponerla por la fuerza, ya que los mentores acudirían convencidos de que los ayudaría en verdad a mejorar profesionalmente.
Es urgente, sin duda, una verdadera reforma educativa con una orientación eminentemente pedagógica y que abarcara todos los factores involucrados en el desempeño eficaz del magisterio, partiendo del hecho ineludible de contar con escuelas dignas y programas educativos acordes al imperativo de formar niños y adolescentes con clara conciencia ciudadana y patriótica. De ahí la necesidad de que participaran sólo especialistas en el tema, no políticos ni mucho menos representantes del sector empresarial.
Los funcionarios que participan en la imposición de la reforma, particularmente de las secretarías de Educación y de Gobernación, insisten en que no se trata de derrotar a la CNTE, sino de convencer a sus militantes mediante el diálogo de los “beneficios” de la misma. Pero en la realidad su actitud ha demostrado un profundo rechazo a un mínimo intento de diálogo con los maestros disidentes, que son la mayoría del magisterio, aunque sólo una minoría está decidida a enfrentar hasta sus últimas consecuencias la política reaccionaria del régimen.
Es natural que se tenga temor a las represalias, que haya conformismo por miedo a perder lo poco que han logrado tras muchos años de labor profesional. Sin embargo, el ejemplo de quienes se sostienen a pie firme en la defensa de la dignidad del magisterio, acabará por triunfar, si no ahora en el 2018, cuando con el voto mayoritario de las clases mayoritarias sea imposible un nuevo fraude electoral.
La ciudadanía, gracias al empuje de los maestros disidentes, se empieza a dar cuenta de que su lucha es por evitar que la educación pública sea echada a la basura por un régimen antidemocrático y apátrida. Ha sido muy evidente, hasta para la población desinformada por los medios electrónicos, que la tal reforma educativa del “gobierno” de Peña Nieto no es más que una medida reaccionaria para tener un eficaz control de los maestros con el fin de que sigan al pie de la letra los programas “educativos” impuestos por la élite oligárquica.
Lo que se busca es poner fin de una vez por todas a la responsabilidad que le compete al gobierno de la República en lo que es su principal tarea social: la educación pública, gratuita y laica. Se busca que la población mayoritaria acepte con resignación, como un fatalismo ineludible, que su papel en la distribución del trabajo es la de peones, jornaleros, obreros sin ninguna posibilidad de cambiar su modo de vida, de acceder a un mejor nivel, como así fue en el régimen de la Revolución Mexicana.
Quienes tienen la posibilidad de viajar al interior del país, y lo hacen con un elemental sentido crítico, podrán darse cuenta de la dramática desigualdad que priva en miles de poblados, donde la carencia más notable es la falta de escuelas, y las que existen están en una situación lamentable que hace imposible una labor magisterial de mínima calidad. Pero como construirlas o repararlas no es un buen negocio para empresas como OHL o Higa, pues no hay esperanzas de que tal problemática vaya a ser atendida. Lo será cuando el régimen neoliberal haya pasado a la historia y México empiece a caminar hacia una democracia verdadera.
