(13 de diciembre, 2015).- En 2015 se incrementaron en un 500 % las quejas por tortura recibidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), éstas en contra de corporaciones de Seguridad Pública del Estado.
En comparación a 2014, cuando la CEDHJ recibió 24 quejas, del 1 de enero al 28 de septiembre de 2015 se registraron 144, según el reporte del organismo en su portal. De esos casos, en al menos 108 se menciona a dependencias de la Fiscalía General del Estado, entre la Fuerza Única, Fiscalía Central y Regional, como presuntos responsables de las violaciones a los derechos humanos.
Es en cuatro casos que se atribuyen las prácticas a personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y el resto a las Policías municipales. Se estima que desde el 9 de julio de 2015, cuando Eduardo Almaguer asumió como Fiscal, al 28 de septiembre, se presentaron 53 quejas contra la corporación.
Según el documento que a partir de abril de 2014, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó, nombrado Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Asuntos que Involucren Hechos Constitutivos de Tortura y Malos Tratos, se especificó que “todos los implicados en el proceso judicial tienen la obligación de presentar quejas cuando haya indicios que apunten a que una persona sufrió tortura”.
Sobre el tema César Octavio Pérez Verónica, director ejecutivo del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, indicó que lo primordial para abatir la tortura es capacitar al personal con un expediente limpio y que sea ajeno a las áreas de investigación señaladas por la práctica.
Cabe mencionar que desde su creación, la Fiscalía General del Estado ha recibido 17 recomendaciones de la CEDHJ por tortura, pero ninguna ha sido cumplida en su totalidad.
Sobre el tema, para el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), la oficina en occidente de Amnistía Internacional (AI) y la Red Jalisciense de Derechos Humanos (RJDH), en 2015 el balance es negativo. Lo “peor” es el nulo compromiso de las autoridades estatales y municipales, a lo que se suma una Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) que poco ha hecho para tratar de revertir la situación y sigue “sumida en la complicidad”.
Desde el 1 de mayo, la puesta en marcha de la Operación Jalisco significó un incremento en las quejas por actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidas por las fuerzas de seguridad. A esto se añaden los señalamientos constantes, incluso desde la CEDHJ, que no han sido atendidos por las autoridades.
“Este año la situación se agravó en todos los rubros, particularmente cuando inicia la Operación Jalisco y aumenta el número de personas que alega haber sufrido tortura. Se anuncia una primera sentencia, pero ni las víctimas quedaron conformes, no hay información respecto a cuántos servidores públicos están involucrados. Vemos argumentos de papel, pero no en la vía de los hechos”, recalca el Cepad.
