(14 de diciembre, 2015).- El mes pasado Alejandro Solalinde advirtió que Aureoles estaba a punto de repetir la tragedia de Iguala, Guerrero en Michoacán, con el arribo de 300 elementos de la Gendarmería Nacional en la entidad, lo que representaría un síntoma de represión hacia las escuelas normales; hace unos días detuvieron a 52 estudiantes, persecución que aún no termina ya que se busca encarcelar a 28 normalistas más.
El procurador estatal, Martín Godoy, informó sobre la existencia de otras 28 órdenes de aprehensión contra estudiantes por cometer supuestos “delitos” (robo y uso de armas explosivas, granadas) en su manifestación contra la reforma educativa, como forma de protesta cerraron la caseta de Zirahuén de la autopista Siglo XXI.
Godoy aseguró en entrevista con Reforma que no habrá “impunidad” en los delitos cometidos por los movimientos estudiantiles pues si es cierto que tiene el derecho a manifestarse pero no lo tiene el derecho de afectar a terceros.
De los 52 normalistas detenidos, 30 hombres recibieron el auto de formal prisión y 22 mujeres aún no saben su sentencia, la cual se sabrá entre hoy y mañana por el Juzgado Séptimo de Distrito; al igual no se sabe por qué delitos se detendrá a los 28 estudiantes que faltan.
Aureoles desde un inicio ha mostrado su apoyo a la reforma educativa de Peña Nieto y también en repetidas ocasiones ha mostrado su posición a favor por ejercer la fuerza pública para que se “cumpla la ley”, el último comentario hecho por él fue cuando murió un maestro en defensa de la educación en Chiapas “nos tardamos en actuar contra los normalistas”; ideología que no está acorde con una lucha a favor de los derechos humanos, y en este caso por no dejar impunes las violaciones ejercidas contras las y los estudiantes, defensores del territorio y policía comunitaria.
