(07 de enero, 2016).- La primera sala del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero tienen en sus manos la libertad de la luchadora social Nestora Salgado, luego de que la Fiscalía General guerrerense emitiera una acción penal en contra de la citada.
Ante lo anterior, diversos grupos defensores de los derechos humanos (189 defensoras de derechos humanos de 103 organizaciones) mostraron su indignación, como la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, quien exigió un trato jurídico justo para la que fuera líder de la policía comunitaria en Olinalá, Guerrero.
La petición la hicieron llegar a través de una misiva dirigida al gobernador priísta, Héctor Astudillo, donde se afirma que “su detención fue represalia por defender derechos de los pueblos”
“Es a todas luces un ejemplo de la criminalización” contra las y los defensores de garantías básicas en México, en represalia por la labor en defensa de los derechos de los pueblos indígenas y por el ejercicio de su voluntad de regirse bajo sus propios sistemas normativos como autoridad indígena.”
En la carta se enumera una serie de irregularidades en el proceso qe hasta ahora mantiene tras las rejas a Nestora por las cuales la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una serie de medidas cautelares, que sólo fueron parcialmente cumplidas por el gobierno mexicano tras una huelga de hambre de casi un mes de la ex líder comunitaria, lo que puso en riesgo la vida de Salgado debido a su delicado estado de salud.
Se exhorta al nuevo fiscal, Javier Ignacio Olea Peláez, a desistirse de las acusaciones contra Nestora Salgado, a partir de una revisión minuciosa de todos los procesos en contra de la defensora, y de tres elementos más de la CRAC-PC que hoy todavía enfrentan proceso penales, pero que están libres bajo caución, por eventos relacionados y otros más de criminalización.
Con información de La Jornada
