(11 de enero, 2016).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 55/2015, dirigida al Gobernador de San Luis Potosí,el priista Juan Manuel Carreras López, por violación al derecho de acceso a la justicia, por actos y omisiones de servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia de la entidad (PGJ-SLP) en la averiguación previa que se inició por el homicidio de una joven en el interior de un establecimiento de la capital potosina, ocurrido en octubre de 2012.
Esto porque se acreditaron violaciones a los derechos humanos por parte de cuatro agentes del Ministerio Público y de cuatro peritos en agravio de una joven herida dentro de un negocio.
Según la CNDH, los funcionarios públicos entorpecieron la investigación, dilataron e integraron de manera irregular la averiguación previa y vulneraron el derecho de los familiares en su calidad de víctimas.
Por lo tanto, la CNDH recomendó al gobernador Juan Manuel Carreras López reparar el daño a la madre y al hermano de la agraviada, así como su inscripción en el Registro Estatal de Víctimas, para que de este modo, tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
El 28 de octubre de 2012, la joven, de 22 años fue llevada al l Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” al resultar herida en un negocio. En el hospital le amputaron una pierna y luego falleció. Fue casi un año después (septiembre 2013) cuando el dueño del establecimiento fue consignado por homicidio doloso pero en todo este tiempo, no se pudo acceder a la averiguación previa ni presenciar el desahogo de las diligencias ministeriales.
Cuando inició la averiguación previa, un agente del Ministerio Público acudió al hospital para entrevistar a la víctima, quien, según su reporte, “no pudo declarar sobre los hechos porque estaba sedada”, pero pudo confirmar su nombre, edad, estado civil y creencia religiosa, y aunque se visitó lugar de los hechos, éste no fue preservado.
Por ello, en la recomendación dirigida al Gobernador Juan Manuel Carreras López, la CNDH pide inscribir a la madre y el hermano de la joven en el Registro Estatal de Víctimas, además de colaborar en la presentación de la denuncia que promoverá en la propia Procuraduría del Estado contra los servidores públicos involucrados.
En la recomendación, también se insta al gobierno estatal a implementar un curso de capacitación para agentes del Ministerio Público respecto del acatamiento de las disposiciones jurídicas vinculadas con la procuración de justicia y la atención a los derechos humanos de las víctimas del delito durante la integración de la averiguación previa, “y otro para agentes del MP y peritos, sobre derechos humanos, procesamientos de indicios, cadena de custodia, preservación y conservación del lugar de los hechos”.
