Por tercera vez, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, mejor conocido como “el Chapo”, es capturado por la justicia mexicana. La primera vez, el 9 de junio de 1993, ocurrió durante la administración priísta del entonces Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. En aquella ocasión, el narcotraficante fue capturado en la frontera de Guatemala con México y recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, donde permaneció hasta 1995, cuando fue trasladado al de Puente Grande, en Jalisco. El 18 de enero de 2001, bajo el mandato de Vicente Fox Quesada, quien recientemente se había estrenado en el cargo, Guzmán Loera escapó escondido en un carro de lavandería.
Durante 13 años el Chapo fue considerado uno de los delincuentes más buscados a nivel mundial, hasta que el 22 de febrero de 2014 fue detenido, por segunda vez, en un hotel en Mazatlán, Sinaloa. Su captura fue celebrada por gobiernos extranjeros y prensa internacional como “el más grande logro” que hubiera alcanzado un gobierno mexicano en materia de seguridad. Este hecho dio al mandato de Enrique Peña Nieto el lustre necesario para afirmar con autoridad la eficacia de su estrategia en contra de los cárteles de la droga en México.
Tan sólo un año y casi 5 meses le duró a la presente administración el gusto de afirmar que tenían bajo su custodia a uno de los criminales más buscados de México y el mundo, pues el 18 de julio el Chapo estelarizó uno más de sus impresionantes escapes, al fugarse por un túnel cuya entrada se encontraba justo en la regadera de su celda sin que, por otro lado, “nadie” se diera cuenta ni escuchara o viera que tal obra de ingeniería se realizaba justo bajo sus narices.
Por tercera vez, el Chapo ha sido capturado, tal como prometió Enrique Peña Nieto quien afirmó, este 8 de enero, “misión cumplida: lo tenemos”. Igualmente, por tercera ocasión, Guzmán Loera ha sido recluido en el penal del Altiplano, sólo que esta vez con la promesa de que nunca más volverá a evadirse dadas las condiciones de seguridad que caracterizan a su “nueva” celda: el piso se reforzó con una cuadrícula de varillas de acero, dos candados con cadenas, cerradura electrónica, una puerta interna con barrotes y otra con placas de metal. La celda es, como cuando escapó, monitoreada permanentemente a través de cámaras de video que registran imagen y sonido y, nuevamente, se asignó un grupo de custodios encargados de vigilarlo las 24 horas. Mientras tanto, la vigilancia afuera del centro penitenciario se fortaleció con tanquetas, soldados, policías federales y policías del estado de México. Por si no fuera suficiente se restringirá su contacto con abogados y familiares y no tendrá derecho a televisión.
La recién reacondicionada celda del Chapo recuerda las películas de superhéroes donde todas esas precauciones se toman para evitar que personajes con “súper poderes” se evadan de la justicia. Cabría preguntar aquí ¿cuáles son los súper poderes que el Chapo posee?
Muchas más son las dudas que esta nueva recaptura suscita. La primera, tiene que ver con la efectividad del trabajo de inteligencia desarrollado en su captura, si hubo o no participación de las agencias investigadoras de Estados Unidos y si realmente ya estaban tras su rastro o su detención fue producto de la llamada de un vecino que reportó gente armada frente a la casa que ocupaba el Chapo, nota que se dio por radio en las primeras horas de su captura y antes del mensaje de EPN y que luego no fue reportada en las conferencias de prensa dadas por funcionarios federales.
Tal vez todo sea cierto y la llamada no reportada por los funcionarios federales para la gente que se informa mayormente por la televisión sólo activó el operativo ya montado para la captura de Guzmán Loera y que sus entrevistas con la actriz mexicana Kate del Castillo y con el actor estadunidense Sean Penn, para la realización de una película autobiográfica, permitieron seguir su rastro hasta su captura. En cuyo caso, la vanidad y ganas de “trascendencia” del Chapo, abonaron a su aprehensión.
La segunda, recorre la prensa escrita, las columnas de opinión, las redes sociales, los comentarios en conversaciones cotidianas y se relaciona con la crisis de credibilidad que enfrenta el gobierno mexicano y su falta de resultados en el ataque a la corrupción, la impunidad y la complicidad entre cuadros gobernantes y el Chapo y hace referencia a sí verdaderamente esta vez no escapará de prisión, dada la incapacidad que en dos ocasiones ha demostrado la federación para mantener a este capo tras las rejas. Se duda de la incorruptibilidad de los mandos encargados de vigilar a Guzmán Loera, pero sobre todo se cuestiona el hecho de que no se ha desmantelado el poder y la red financiera de este personaje, la cual le permite comprar “los favores” de funcionarios del más alto nivel y pagar obras de ingeniería como el túnel que facilitó su segunda fuga.
La tercera, se expresa en forma de pregunta pero lleva a la certeza de que la reaprehensión del Chapo no terminará con el problema que el narcotráfico significa para el gobierno y la sociedad mexicanos, por lo que sin escatimar mérito a su captura, se duda de la relevancia del hecho en términos de efectividad estatal en contra de uno de los principales problemas del país.
La cuarta es de orden político y se refiere a lo que para muchos es la inminente extradición del capo a los Estados Unidos. Esto que pareciera una mera cuestión administrativa entre gobiernos plantea problemas que se relacionan directamente con la soberanía del Estado mexicano y con su capacidad para mantener a raya al narco y la delincuencia organizada. La decisión de extraditar o no al Chapo supone para el gobierno de Peña una embarazosa disyuntiva.
Primero, si no lo extradita se expone a una cuarta fuga y al ridículo más grande, tanto que de éste difícilmente podría reponerse, pasando de ser “el salvador de México” a ser “el gobernante al que el Chapo burló dos veces”.
Segundo, si lo extradita, cediendo a la presión de Estados Unidos para hacerlo, estaría confirmando la incapacidad de su gobierno para mantener en prisión al delincuente más buscado, pero sobre todo, estaría reafirmando la idea de un Estado fallido con enormes zonas, problemáticas y territoriales, que escapan a su control.
De esta suerte, Peña tendrá que optar por el menor de los males: aceptar que los problemas de corrupción, impunidad y cohecho entre autoridades y delincuentes superan a su gobierno de manera que no puede asegurar que Guzmán Loera no escape de prisión o quedar como un presidente que se rinde a las demandas de Estados Unidos dada la debilidad no sólo de la presidencia de la República, en particular, sino del Estado mexicano en general y cuya incapacidad ha creado grandes espacios que escapan al control estatal.
En ambos casos, quedaría igualmente evidenciada la crisis política y de seguridad por la que transita el Estado mexicano.
La quinta se relaciona con la desconfianza tradicional del pueblo de México hacia quien gobierna y se manifiesta cuando se difunden comentarios en torno a que algo grande está pasando en el país y que la recaptura del capo sólo es una cortina de humo para ocultar problemas como la devaluación del peso mexicano frente al dólar, la caída del precio del petróleo, un nuevo programa de ajuste económico incluyendo un nuevo recorte al gasto público, un nuevo caso de corrupción o tráfico de influencias, etcétera. En tal caso, se observan las fugas y recapturas del Chapo como parte de un espectáculo mediático montado y vuelto a montar de acuerdo con las necesidades del momento.
Sea cual sea la “verdad histórica” o la “verdad jurídica” de las fugas, captura y recapturas del Chapo Guzmán, lo cierto es que estas no minan el gran poder que las bandas del narco y el crimen organizado, incluyendo al mismo Cartel de Sinaloa, han adquirido en México y el mundo y que sólo queda a los diferentes gobiernos “administrar” a su conveniencia un problema que parece rebasarlos en todos los sentidos: en fuerza, capacidad administrativa y financiera, en tecnología y armamento, en crueldad y capacidad de crear terror entre la población, en eficacia a la hora de extender sus mercados, en fin, en otros rubros más.
De esta manera, la respuesta a la pregunta ¿qué hacemos con El Chapo? sólo puede ser respondida en términos de lo que desde Maquiavelo se denomina “realpolitik” o realismo político, en cuya lógica las decisiones de Estado no responden a “ideales” sino a “intereses”.
