(03 de febrero, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Con el respaldo de 65 mil 284 firmas del mismo número de ciudadanos inconformes con la irregular aplicación de sanciones administrativas a través de las llamadas “fotomultas”, legisladores y la dirigencia local de Morena exigieron a Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, convocar a un plebiscito para que sean los capitalinos quienes decidan si permanece vigente o se deroga el Nuevo Reglamento de Tránsito.
Tras caminar varias cuadras en el Centro Histórico, los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Aleida Alavez Ruiz, Citlalli Hernández, Olivia Gómez Garibay, Beatriz Rojas y Alfonso Suárez del Real, encabezados por su coordinador parlamentario, César Cravioto y Martí Batres, presidente del partido en la capital, entregaron en la Oficialía Mayor del GDF las miles de firmas contenidas en tres cajas de cartón.
Cravioto explicó que durante cuatro semanas, los legisladores preguntaron a la ciudadanía -a través de visitas casa por casa- si estarían a favor de que se someta a consulta la permanencia de la normativa vial que entró en vigor en diciembre pasado. La voluntad de los capitalinos se reflejó en el total de firmas recolectadas, que constituyen más del doble de las casi 30 mil requeridas (0.4% de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de los 7.3 millones de electores en la ciudad) para solicitar se lleve a cabo el plebiscito.
“Vimos en las calles, en las colonias, casa por casa donde hicimos este trabajo, un rechazo contundente al Reglamento de Tránsito básicamente por los altos incrementos en las multas que subieron hasta en 700%”, detalló el coordinador parlamentario y criticó que el reglamento se haya aprobado para que la hacienda pública tuviera más recursos.
El asambleísta exigió a Mancera no dar la espalda a los ciudadanos que en 2012 creyeron en un proyecto de izquierda y le dieron su voto, asumir su responsabilidad y no guardar en un cajón las miles de firmas de los ciudadanos descontentos con la aplicación de las fotomultas que además han generado gran descontento, luego de que se revelada que Autotraficc S.A. de C.V., empresa a la que se le concesionó el servicio, tiene derecho, por contrato, a quedarse con 47% del total de los pagos.
Minutos antes, asambleístas del PRD señalaron que la propuesta de Morena es inviable, porque el artículo 23 de la Ley de Participación Ciudadana señala que en el año en que se realicen elecciones de representantes populares no podrá realizarse ningún plebiscito y porque el monto de las multas es de carácter tributario.
Cuestionado al respecto, Cravioto señaló que Morena no pretende politizar el tema, sino que sean los propios ciudadanos quienes decidan qué rumbo debe tomar la ciudad sobre el tema, pues consideró que es un “atraco” el que algunas multas hayan sido incrementadas de manera exponencial por mero capricho del Ejecutivo local.
Análisis sí, veto no
En la entrega de la documentación en la oficina ubicada a un costado del Zócalo Capitalino, Martí Batres calificó de vergonzosa la postura de los diputados del Sol Azteca y subrayó que esta es “igualita a la de la Suprema Corte de Justicia para negar la consulta sobre el petróleo, por eso les digo que ya es lo mismo el PRI y el PRD”.
Cabe recordar que a finales de octubre de 2014, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió que eran improcedentes las solicitudes de Morena y del mismo PRD, para que se consultara a la ciudadanía sobre la reforma energética –a través de la que se permitió la entrada de capital privado y extranjero en la industria petrolera y eléctrica- por considerar que el tema se vinculaba a los ingresos y gastos del Estado, tópicos que la Constitución prohíbe someter a consulta.
La Ley de Participación Ciudadana dice que para impulsar la realización de un plebiscito, además del porcentaje de firmas requeridas, es necesaria la integración de un Comité Ciudadano; en este caso, los integrantes de este son: la exdiputada federal Luisa María Alcalde Luján; Patricia Ortiz, titular de la Secretaría Nacional de Jóvenes de Morena; Felipe de la Cruz, asambleísta; Jaime Cárdenas, también exdiputado federal, y Enrique de la Rosa, excandidato a la ALDF.
Alcalde Luján sostuvo que para Morena fue muy fácil cumplir y rebasar el número de firmas requeridas, ya que “la gente está muy enojada y una de las mayores frustraciones es que gran parte del dinero va a parar a manos privadas”; en tanto, el constitucionalista Jaime Cárdenas denunció que el reglamento es violatorio de la Carta Magna y su único fin es recaudatorio.
La Ley de Participación establece que una vez que es solicitado de manera formal el plebiscito, Mancera tiene 30 días naturales para analizarlo y determinar si procede, aunque puede proponer modificaciones “técnicas” a la propuesta sin que estas alteren su sustancia. Cabe resaltar que el Ejecutivo local no tiene la facultad de rechazar la petición.
