(08 de febrero, 2016).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que el sistema penitenciario nacional incurre en la violación de los derechos humanos de todas aquellas personas a las que se les traslada a penales alejados de su lugar de origen, sin causa de justificación prevista en la Constitución
La base sobre la que se sostiene la anterior afirmación que expuso este órgano defensor de los derechos fundamentales es que el Estado debe orientar sus acciones para favorecer la reinserción social efectiva como finalidad de la pena, pero también garantizar el goce pleno de los derechos previstos para las personas privadas de la libertad, siendo uno de ellos la vinculación con su entorno familiar y social.
El artículo 18 constitucional establece cuatro criterios base para la clasificación de los internos: por situación jurídica (procesados y sentenciados), por género (hombres y mujeres), edad (adultos y menores), y por régimen de vigilancia (delincuencia organizada y delincuencia convencional).
La CNDH reveló a través del estudio “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2014” que en los reclusorios estatales, municipales, federales y militares prevalece la constante violación a los derechos humanos a consecuencia del hacinamiento, sobrepoblación y la falta de acceso a los servicios de salud.
De acuerdo con el estudio que se realizó en 130 cárceles más pobladas del país, se presentaron mil 737 casos de violencia, de los cuales 933 ocurrieron en prisiones estatales, 740 en federales y cuatro en centro militares.
El número total que existe en México de centros penitenciarios es de 389 con 372 a cargo de autoridades locales y 17 más por federales. Los segundos, dos albergan mujeres, existiendo para este grupo un grave desarraigo familiar, al alejarlas, en la mayoría de los casos, de su entorno social.
