(17 de febrero, 2016).- La matanza en San Fernando, Tamaulipas, la cual sucedió en 2011 y resultó en el asesinato de 120 centroamericanos, dio lugar a que la madre y hermana de 2 salvadoreños, víctimas del hecho violento, promovieran la revisión de un amparo, mismo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió aplazar.
Bertila Parada de Osorio y Alma Yesenia Realegeño, madre y hermana de Carlos Alberto Osorio Parada y Manuel Antonio Realegeño, solicitaron al Estado mexicano reconocer como víctimas a los 2 salvadoreños, que reconozca que la matanza de San Fernando es un delito grave contra la humanidad y se dé acceso al expediente del caso.
Ambas vinieron de su país para demandar justicia y estuvieron presentes el día de hoy en la sala donde se llevaría a cabo la discusión, la cual no se realizó por la ausencia del ministro Jorge Pardo Rebolledo, quien se encuentra fuera de México por una comisión oficial, por lo que no se pudo resolver hoy la demanda.
La demanda también señala que la Procuraduría General de la República (PGR) debe reconocer a los familiares de los asesinados de San Fernando como “víctimas directas”, lo que establece el derecho a acceder y poseer copias sobre la averiguación previa, constancias y todo tipo de información relacionada al caso.
Además se propone ordenar a la PGR indicar si existe material genético para identificar los 120 muertos de Tamaulipas.
Sostienen ambas familiares de las víctimas y activistas que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos y asegurar en un tiempo razonable “el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido y se sancione a los responsables”, a través de una investigación “con la debida diligencia, completa y exhaustiva”.
Por su parte en días anteriores, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Jorge Pardo Rebolledo, aseguró que el Estado mexicano tiene la obligación de que la masacre en San Fernando no quede impune y que la PGR debe atender la petición de Bertila Parada de Osorio y Alma Yesenia Realegeño para que se reconozca su derecho a conocer la verdad, declaración de justicia que se pospuso por su ausencia.
