(20 de Febrero, 2016).- Entre las diferentes anomalías que detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el ejercicio fiscal de 2014, el organismo fiscalizador halló irregularidades en la compra del avión presidencial Boeing 787 Dreamliner de Enrique Peña Nieto y advirtió que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no acreditó que haya sido la mejor opción en el mercado.
“La entidad fiscalizada informó que está pendiente la entrega por parte del proveedor de la partida núm. 15 con valor de 20.4 miles de dólares correspondiente al equipo de refacciones a bordo equivalente a 334.4 miles de pesos al tipo de cambio de 16.3762 pesos del día 5 de agosto de 2015” señaló el informe de la cuenta pública 2014.
“Para la entrega de la aeronave de transporte estratégico para uso Presidencial y del Estado Mayor, y el equipo de refacciones a bordo, se estipuló contractualmente que sería aceptada técnicamente y entregada en las instalaciones del proveedor ubicadas en Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos de América, para su traslado a México el 30 de junio de 2014” refirió el informe de la ASF.
“Sin embargo, dicho bien no se entregó sino hasta el 8 de octubre de 2014, es decir, 99 días naturales posteriores a la fecha pactada, lo cual constituye una penalización del 10 por ciento del monto total del contrato que asciende a un importe de 12 millones 734.9 miles de dólares equivalente a 166 millones 503.5 miles de pesos en la citada entrega” planteó la auditoría.
En ese momento el avión presidencial permaneció en la Base Aérea Militar Número 1 en Santa Lucía, Estado de México, donde permaneció sólo cinco horas y realizó un vuelo de prueba.
De acuerdo con el diario Reforma, el 2 de julio de 2014 la Sedena elaboró el acta de incumplimiento por 1 millón 273 mil pesos, correspondiente a dos días de atraso, la cual fue notificada por la Subdirección de Adquisiciones a la empresa fabricante sin prever que el monto se incrementaría.
Posteriormente, la Sedena hizo un dictamen por incumplimiento de 12 millones 734 mil dólares, en la que señalaron 82 días de retraso.
“Lo anterior impacta directamente en la determinación del monto de los intereses que paga la Sedena a Banobras por el arrendamiento financiero, además de que el importe de la penalización será aplicado hasta donde alcance para el pago de las últimas rentas del arrendamiento” concluyó la auditoría.
