A los dos días del presente mes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dio a conocer su informe sobre la situación que guarda nuestro país respecto a los derechos humanos.
Lo dicho en el mencionado documento resulta tan atroz como verdadero. Vivimos en un país que es la tierra de nadie, donde la violencia y la impunidad han llegado a niveles críticos. Todo esto lo sabemos bien quienes aquí vivimos; sin embargo, algo que resulta indignante es la posición que nuestro gobierno ha tomado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos existe por alguna razón y lejos de honrar las causas por las que esta comisión trabaja, nuestro gobierno entró en la negación más cínica. Al parecer el gobierno priísta considera que frente a organismos internacionales la táctica de la negación es tan efectiva como lo es frente a su población.
Para los gobiernos mexicanos – y con el uso del plural no me refiero a los gobiernos federales hacia el pasado, sino también a los gobiernos de los Estados – la negación parece ser una postura mágica que todo lo enmienda. Si el gobierno no lo ve, entonces no existe.
Así como el informe de la CIDH relatado la cruda realidad de nuestro país, los mexicanos hemos sido testigos de otros informes que hacen justo lo contrario. En los informes del gobierno federal, por ejemplo y no por salvar a los locales, se nos pinta una realidad de ensueño, donde los problemas innegables son mejor presentados como “retos” que estamos listos para enfrentar con todo el “compromiso”.
Lo cierto es que esta actitud es verdaderamente inaceptable. La CIDH al efecto consigna su referido documento lo siguiente:
“La falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar yen ciertos casos impulsar la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos. Las amenazas, hostigamientos, asesinatos y desapariciones de personas que buscan verdad y justicia ha generado un amedrentamiento en la sociedad mexicana, el cual la CIDH constató en reiterados testimonios de personas que no denuncian estas violaciones por temor a represalias, generando un problema grave de sub-registro en las cifras oficiales.”
Y resulta que justamente quienes generan el grave problema del sub-registro de cifras oficiales, y con base en las mismas cifras erróneas, contestan. Citamos de nuevo el mencionado informe:
“El Estado, en sus observaciones al proyecto del presente informe expresó que no comparte la descripción del contexto general desarrollado en la presente sección.”
Lo cierto es que si la situación de derechos humanos en México no ha mejorado es a causa de esta actitud perfectamente cínica y desinteresada. No se puede combatir no lo que no se reconoce.
En el punto 65 del informe, la CIDH hace notar que el 98% de los delitos cometidos en nuestro país permanecen en impunidad a causa de una falta de “capacidad o voluntad para investigar de manera seria y oportuna”, lo que “menoscaba(n) la confianza de la ciudadanía en las autoridades”, generándose así más impunidad.
¿Qué tendría que decir a esto el Estado mexicano? Nuestra “honorable” secretaria de relaciones exteriores, Claudia Ruiz, contestó al día siguiente de la presentación del informe diciendo que México rechaza la metodología empleada por la Comisión, pues todo informe objetivo y equilibrado debe reconocer el reconocimiento de avances y resultados.
La verdad no es que la Comisión no haya considerado el factor “resultados y avances”, solo que a diferencia del gobierno peñista, a ésta no le dio por inventar lo que no hay y así señaló que durante este gobierno no ha habido cambios significativos; al contrario: indicó que han existido “incidentes emblemáticos con participación de agentes del Estado en actos violentos”.
La respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores representa en sí misma un retroceso. Son muchas las situaciones de corrupción e ineficiencia en el gobierno que pueden llevarnos a la inconformidad aguda; no obstante, el tema de derechos humanos representa un verdadero foco rojo. En México vivimos un infierno: no se respeta la vida de la población, mucho menos se va a respetar el voto, la honestidad, la eficiencia en el servicio público. Hemos ya tocado fondo.
