(14 de marzo, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- El “Divino Rostro”, es la extensión de terreno sobre el cual crecen no solamente los cultivos de la comunidad San Francisco Xochicuautla, sino su vida entera y la de otras generaciones que tenían la certeza que dichas tierras eran de su propiedad. Ello hasta que la construcción de una carretera, sin consulta de los pobladores, comenzó, y será el desmembramiento de un hogar, así como la afectación a las plantaciones de subsistencia, el corte de venas de agua, y la imposibilidad de acudir al bosque como elemento necesario para la reproducción social y cultural de la zona.
El Estado de México es la casa del pueblo Otomí, quienes se encuentran distribuidos en diferentes comunidades y han permanecido en dicho territorio milenariamente, generando relaciones económicas, sociales, culturales y simbólicas con el territorio. Han mantenido la práctica religiosa de veneración y ofrenda al circuito de cerros de la zona, conocido por los habitantes de la zona como el “Divino Rostro”, en diferentes puntos sagrados dispersos en el bosque y en otras comunidades para pedir por una buena cosecha, así como la salud y el bienestar de las personas.
Esto poco o nada, a decir por pobladores y activistas rurales, importó al Gobierno del Estado de México, (encabezado por Enrique Peña Nieto), quien en diciembre de 2006 publicó la convocatoria de licitación pública de la autopista de cuota Toluca-Naucalpan, aduciendo la “necesidad pública” de disminuir el tráfico vehicular entre la Ciudad de México y Toluca.
Fue Autopistas de Vanguardia, S. A. de C. V. la empresa concesionaria para la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento de la autopista Toluca-Naucalpan, quien ganó la licitación en 2007. Todo esto sin el conocimiento de la población de Xochicuautla, quienes a final de ese año observaron personas ajenas a la población haciendo diferentes estudios y abriendo una brecha, lo que involucró la tala de miles de árboles del Bosque.
Al cuestionar a las autoridades tradicionales, quienes también son autoridades civiles (Delegados municipales) y agrarias (Comisariado de Bienes Comunales), tuvieron conocimiento del propósito de la brecha, es decir, el paso de la autopista de cuota por el territorio. Las autoridades mencionadas únicamente recibieron un oficio en el que se les notificaba sobre la realización de estudios.
El siguiente paso fueron asambleas con base en sus usos y costumbres en las cuales discutieron colectivamente las implicaciones del proyecto, tomando una y otra vez la determinación de rechazarlo. “El paso siguiente, de la empresa y del gobernador que años más tarde falsamente pondría su rostro ‘ecologista’, en las presidenciables, fue usar la Ley Agraria y la creación del padrón de comuneros con el objetivo de obtener la autorización para el proyecto, en contra de la voluntad comunitaria. Es decir, las máximas que los protegían fueron aplicadas para golpearlos.
Todo con la necesidad que la construcción diera inicio rápidamente, lo cual se logró y la obra comenzó en 2009. Desde aquel año la lucha no se detuvo, manifestaciones y proceso legal, todo concatenado. La comunidad jamás se ha agachado y vencido. Finalmente el 11 y 18 de febrero, el Juez Quinto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, concedió la suspensión definitiva del proyecto de construcción de la autopista de cuota Toluca-Naucalpan, lo cual no puede significar un gran logro porque hubo justicia hasta después de 10 años donde incluso muchos miembros que encabezaron la lucha, nos dejaron en el camino y no pudieron ver el fruto de todo su esfuerzo.
Diez años de lacerar el territorio otomí, sin que a ningún gobierno le importara, menos al federal quien fue el que durante su mandato estatal despojó de lo suyo a esa población indígena y expropió las tierras para la empresa Autopistas de Vanguardia S.A. de C. V. perteneciente al Grupo Higa”, explica a Revolución TRESPUNTOCERO Dagoberto Salazar, abogado ambientalista y defensor de derechos humanos.
Sin embargo, pese a que se han interpuesto diversidad de recursos jurídicos (amparos, denuncias penales, quejas en las comisiones de derechos humanos, juicios agrarios) y en dos de los amparos se obtuvo la suspensión del decreto de expropiación (el primero de ellos el 4 de diciembre de 2015 y el segundo, impulsado por un Delegado municipal, el Consejo Supremo Indígena, comuneros e indígenas de San Francisco Xochicuautla, el Colectivo de Abogados y Abogadas Solidarias CAUSA, y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A. C., concedió la suspensión definitiva el 11 y 18 de febrero pasados), la obra no se ha detenido completamente.
“Después que el Poder Judicial de la Federación concedió la suspensión, la comunidad tiene la posesión legal del territorio expropiado, es decir, que ni la empresa ni el gobierno del estado pueden hacer algún tipo de acción, eso ya no es de ellos, no tienen respaldo legal alguno, pero esto significa que al no continuar las obras y perder lo invertido llegan las represalias.
Porque la suspensión no fue definitiva, por lo que ahora puede haber afectaciones para que la lucha se detenga y puedan continuar con la carretera. Y es que las agresiones y amenazas han existido ya, en contra de quienes resisten y han estado desarrollando el proceso legal en contra de la empresa.
Por su parte, un habitante de la comunidad, que prefiere mantenerse en el anonimato, afirma a este medio que “ahora más que nunca tenemos miedo que el poder político y la empresa se nos venga encima, nos pueden hasta matar, quien manda es el mismo que les regaló las tierras a la constructora, nadie nos protege, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se fue alejando hasta ya no querer saber de nosotros, nos abandonó, aún teniendo información que habíamos estado siendo hostigados y amenazados.
La violencia en nuestra contra siempre estuvo presente, desde el día en que nos posicionamos en que no nos iríamos de ahí, no dejaríamos lo nuestro, y daríamos nuestra vida por ello. Aunque a nosotros nos respalda la razón a esa empresa la respalda la corrupción y Peña Nieto, ellos tienen poder, pero nosotros la verdad, hemos ganado, pero no podemos saber si sobreviviremos, ahora solamente nos queda el apoyo de la sociedad civil y las organizaciones que nada tengan que ver con el gobierno, porque todo lo que se relaciona con éste, no va a hacernos justicia”.
