(27 de marzo, 2016).- Con la llegada del nuevo sistema de justicia oral adversarial, éste ha colocado en un dilema a los jueces federales: conceder o no la libertad provisional a varios de los que fueron procesados en el antiguo procedimiento escrito por diversos delitos calificados de graves.
Y es que con la reforma penal, la Constitución prevé la prisión preventiva oficiosa para delincuencia organizada, narcotráfico, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos con medios violentos como armas y explosivos, y delitos contra la seguridad de la nación.
Así es como nadie que tenga un delito distinto, podría estar en prisión, sino que podría llevar su proceso en libertad, sin importar la acusación. Desde el pasado 29 de febrero, en que empezó a aplicarse el nuevo sistema adversarial en la Ciudad de México y el Estado de México, se han emitido dos pronunciamientos contrarios en el Poder Judicial de la Federación.
Por su parte, el juez Julio César Gutiérrez Guadarrama concedió la libertad caucional a 9 procesados por el presunto lavado de 268 millones de pesos, procedentes de desvíos del erario, durante la Gubernatura de Ángel Aguirre en Guerrero. Bajo el argumento que el ilícito no está previsto en el Artículo 19 de la Constitución y que toda reforma que implica un beneficio para el acusado, puede ser aplicada en forma retroactiva.
Así fue como siete de los acusados ya pagaron la fianza y abandonaron la cárcel. En tanto, el juez Víctor Octavio Luna Escobedo negó el beneficio a Valentín Cárdenas Lerma, ex director del Penal del Altiplano acusado de la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
porque consideró que el Artículo tercero transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales establece con claridad que los juicios que se iniciaron conforme al anterior sistema escrito deben continuar instruyéndose con la legislación bajo la cual fueron abiertos.
En tanto, Samuel González Ruiz, fundador de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, y Ricardo Sánchez Reyes Retana, abogado de ocho procesados que obtuvieron el beneficio de la libertad en el caso Aguirre, coinciden en que el tema terminará discutiéndose en la Suprema Corte de Justicia. González Ruiz, también cuestionó el fallo del juez Gutiérrez Guadarrama. “En el fondo, lo que el juez está desarrollando es una regla que dice que la persona puede escoger en el procedimiento mixto actual cualquier regla del Código Nacional de Procedimientos Penales o de la Constitución que le beneficie, aunque la regla constitucional es clara y tajante en que los procesos penales abiertos con el sistema anterior deberán continuar (con sus propias reglas)”, dijo.
A su vez, Sánchez Reyes Retana consideró que debe prevalecer el criterio que resulta de mayor beneficio al reo. “Tengo conocimiento de que ha habido otros casos en que han negado las libertades con base en el Artículo transitorio. Yo creo que esto va a terminar en la Suprema Corte, es un tema que va a ser una controversia constitucional”.
