(18 de abril, 2016).- Este lunes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que promoverá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una Acción de Inconstitucionalidad, en contra de diversos artículos de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México -llamada por sus detractores ‘Ley Atenco’- al poner en riesgo los derechos de reunión, asociación y libertad de expresión.
“El uso de la fuerza, si bien es cierto, sirve para garantizar la sana convivencia y respeto entre las personas, también lo es, que debe garantizar la protección más amplia del ejercicio de los derechos humanos de todos”, asegura la comisión e informa que desde la publicación de la Ley, se dio a la tarea “de realizar un análisis integral de la misma, contrastándolo con la Constitución y con los instrumentos internacionales que sobre la materia existen” de ese modo, dice la comisión, se detectaron “algunas posibles inconstitucionalidades”.
Como se informó semanas atrás, fue luego de las innumerables protestas contra esta ley que Eruviel Ávila ‘reculó’ e informó que se promovería una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): “He solicitado a los diputados locales la promuevan, no porque considere que esta ley viola la Constitución, nosotros la promovimos, sino porque es la única vía para pedir a la SCJN que la revise y verifique si es respetuosa de los derechos humanos y los argumentos vertidos son correctos”, dijo. Sin embargo, fue el propio Eruviel Ávila quien la presentó. Incluso, José Manzur, Secretario General de Gobierno del Estado de México, dijo en entrevista con Reforma que la iniciativa venía de una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
De acuerdo al comunicado de la CNDH, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN) “decidirá sobre la validez de la norma impugnada o sobre su interpretación conforme, pues con la correspondiente definición que el Supremo Tribunal haga, existirá certeza jurídica, tanto para los elementos de las instituciones de seguridad encargados de aplicar la Ley, como para las personas que de manera libre ejerzan sus derechos humanos”.
