(23 de abril, 2016).- Integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el cual dio asistencia técnica al caso Ayotzinapa, dijeron al periódico New York Times que el gobierno mexicano frustró su trabajo desde varios frentes.
El diario estadunidense publica este sábado en primera plana una entrevista con el equipo independiente, donde dijo que ha sufrido ataques cuidadosamente orquestados por los medios de comunicación mexicanos, el rechazo por parte del gobierno a entregar documentos o conceder entrevistas con figuras esenciales, e incluso existió un intento de demanda contra Emilio Álvarez Icaza Longoria, funcionario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a cargo de la creación del grupo de expertos.
“No existen las condiciones para realizar nuestro trabajo”, dijo al rotativo Claudia Paz y Paz, integrante de la comisión que se ganó el reconocimiento internacional por el enjuiciamiento de un exdictador de Guatemala por cargos de genocidio.
“Y en México la prueba es que el gobierno se opuso a la extensión de nuestro mandato”, agregó Paz.
Cuatro de los investigadores informaron a New York Times que las presiones que recibieron socavaron las promesas hechas por el gobierno federal de cooperar plenamente para esclarecer el caso Ayotzinapa.
“Después de nuestro informe quedó claro que la relación había cambiado”, dijo Francisco Cox, abogado chileno especializado en derechos humanos. “Ellos pensaban que íbamos a respaldar su versión de lo que había sucedido”.
“Estaba claro en la investigación del gobierno y en la versión oficial que existe la intención de mantener este caso a nivel municipal, en términos de responsabilidad”, dijo Carlos Beristain, otro experto de la comisión. “Sin embargo se reveló la presencia de agentes estatales y federales en las escenas del crimen, y su participación implica responsabilidad”, detalló.
Los expertos, cuyo mandato termina el próximo 30 de abril, y que mañana domingo darán a conocer su último informe, expresaron que no pudieron leer todos los artículos de la prensa en contra; sin embargo, sabían que la intención era distraerlos.
“El propósito de todo eso era deslegitimar la investigación, desacreditarnos y distraernos”, dijo la ex fiscal colombiana, Ángela Buitrago.
