(24 de abril, 2016).- Supuestos representantes del Estado llevaron reuniones con familiares de los 43 normalistas desaparecidos y los hicieron firmar documentos membretados para tramitar un plan integral de atención a víctimas. Incluso, los supuestos funcionarios públicos realizaron una mesa de trabajo en el hangar de Chilpancingo, refiere el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
La Secretaría de Gobernación (Segob) por su parte, explicó al GIEI que dicha actuación no tenía nada que ver con esos supuestos representantes. No obstante, se desconoce si hubo una investigación al respecto.
“Los familiares fueron objeto de un intento de manipulación y amenaza a su trabajo, utilizando los símbolos y materiales de instituciones del Estado como la Segob. El GIEI recogió dicha información y la transmitió a las autoridades para su investigación”, dice el informe.
Los documentos que les hicieron firmar los supuestos funcionarios, incluían: membrete oficial que era en parte una copia de un plan inicial de atención a las víctimas, que nunca se desarrolló: la petición a un grupo de familiares de firmar dicho documento que hacía referencia a la atención y la reparación a las víctimas, como contraprestación para seguir supuestamente actividades de búsqueda; la presión por parte de personas que se presentaron como autoridades, llevaron a los familiares al hangar de Chilpancingo donde habían tenido reuniones con las más altas autoridades del Estado, por parte de personas desconocidas pero que tenían estatus, un rol institucional y contactos para conducirse de forma normal en dichos escenarios.
Los familiares de los normalistas desaparecidos informaron a los expertos que los quisieron manipular y amenazar por sus actos de protesta.
“Los familiares informaron de diferentes acciones por parte de actores institucionales o particulares que tuvieron un impacto negativo en ellos. Algunas fueron informaciones sobre búsquedas que les pedían dinero o que suponían escenarios de riesgo y distorsión de la información. parte de actores institucionales o particulares que tuvieron un impacto negativo en ellos. Algunas fueron informaciones sobre búsquedas que les pedían dinero o que suponían escenarios de riesgo y distorsión de la información”, dice el documento dado a conocer la mañana de este domingo.
Este tipo de actos, refirió el GIEI, tuvo consecuencia y afectaciones a los familiares de los normalistas.
“El GIEI pidió que se investigase la autoría y la participación de dichas personas, y se sancionase a los responsables. Sin embargo, el GIEI no ha tenido ningún conocimiento posterior de cuáles fueron las actividades emprendidas para investigar los hechos, ni de sus resultados. La última petición del GIEI a la Segob sobre los resultados de esta investigación no había obtenidouna respuesta por parte de las autoridades a finales de abril de 2016. Para el GIEI es un hecho grave que debe ser investigado, y se debe dar cuenta a los familiares y sus representantes de los resultados de la misma”, refiere el documento.
