(28 de abril, 2016.Revolución TRESPUNTOCERO).- Eran las ocho de la noche, según testigos, cuando un grupo de soldados detuvieron a Nitza Paola Alvarado Espinoza, de 31 años, y a José Ángel Alvarado Herrera, de 30, cuando circulaban en su vehículo por Buenaventura, Chihuahua. Luego los elementos se dirigieron a la vivienda de Irene Rocío Alvarado Reyes, de 18 años, y también la detuvieron.
Según información obtenida por Human Right Watch (HRW), cuando los familiares intentaron presentar una denuncia ante el Ministerio Público Estatal, el agente de esta institución les indicó que “tenía conocimiento que las personas estaban detenidas en el Batallón 35 de Infantería de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua”, y que la familia debía esperar varios días antes de tomar cualquier medida. Siete años después, sigue sin conocerse el paradero de estas tres personas. Una investigación posterior realizada por la CNDH concluyó que habían sido víctimas de desapariciones perpetradas por militares.
Una amiga de Nitza relató a HRW, que el 3 de febrero de 2010, recibió una llamada telefónica proveniente de un número que no reconoció. Al atender, escuchó la voz de Nitza, que decía: “Ayúdenme, sáquenme de aquí. Sigo viva, tengo miedo”. Entonces, su amiga escuchó la voz de un hombre decir, “puta madre, pinche vieja ya habló. Te dije que no la dejaras sola”, y luego nada, la llamada se cortó.
La persona que recibió la llamada se presentó ante el ministerio público para realizar la denuncia, a quienes acompañaron sus familiares para pedir a la instancia se ocupara del rastreo del número telefónico, sin embargo la acción no se llevó a cabo, pese al constante planteamiento de los familiares en las reuniones que mantuvieron con los agentes.
Según informes de Amnistía Internacional, en relación con la problemática de desapariciones forzadas en Chihuahua, “las autoridades han demostrado ser ineficientes y poco diligentes para investigar estos casos y en casi todos ellos las víctimas continúan desaparecidas, algunas han aparecido sin vida”.
Así es como cifras oficiales indican que mil 698 personas se encuentran actualmente desaparecidas en el estado de Chihuahua. Siendo el municipio de Cuauhtémoc, el que mayores números reporta, con 351 personas desaparecidas. Recientemente el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte A.C. ha lanzado una campaña de denuncia ante el incremento de las desapariciones forzadas en Ciudad Juárez, dando a conocer que ellos actualmente tienen nueve casos de desaparición forzada, sin embargo la cifra negra es alta, ya que muchas familias han decidido, generalmente por miedo, mantener en el anonimato la desaparición forzada de sus cercanos, por lo que no aparecen en las listas de denuncias.
“Aunque Chihuahua ya aportó el registro de desaparecidos, además de muestras ADN de familiares de desaparecidos, no debe ser motivo de ‘festejo’, se ocupa el cuarto lugar en desapariciones forzadas y no se detienen, no se previenen, no se están localizando a las personas con vida.
Sumemos la indiferencia de las autoridades, en cualquier país no tendrían porque salir a exigirle a su ‘gobierno democrático’, que busque a sus personas, mucho menos que denunciar que son sus militares, marinos y su seguridad pública quienes los están desapareciendo. Peña Nieto terminará su sexenio con miles de desaparecidos más que Calderón, todos sin justicia, sin esclarecimiento del caso y sin explicación lógica”, comenta a Revolución TRESPUNTOCERO la activista social Patricia Vera.
A su vez menciona que a poco más de un año y medio que Chihuahua aportó el registro no han habido grandes avances en la problemática de las desapariciones forzadas y tampoco respuestas para las familias que tienen relación con la lista. “Es ahí donde observamos que no hay otra salida que las presiones colectivas y públicas sobre funcionarios para que realicen investigaciones a profundidad, sin revictimizar a las víctimas, pero esto último es parte esencial del sistema de in-justicia mexicana.
Sobre todo cuando se trata de desaparecidos por parte de las Fuerzas Armadas, es a los familiares a quienes se les termina investigando, interrogando, aun cuando sean ellos quienes realicen todas las pesquisas, se las entreguen y esperen resultados, el apoyo casi nunca llega”, comenta Vera.
Representación de ello es el caso de Víctor Manuel Baca Prieto, de 21 años, también presentado por HRW, quien fue detenido entre las 10 y las 11 de la noche, mientras comía en un puesto en la vía pública en Ciudad Juárez, Chihuahua. Dos amigos de Víctor comunicaron a la familia que habían sido detenidos arbitrariamente por soldados esa misma noche, llevados a una base militar y torturados para que brindaran información acerca de carteles de narcotráfico.
Gerardo Baca Portillo, padre de Víctor, al enterarse de la desaparición de su hijo, buscó la ayuda de distintas autoridades, incluido el Ejército y la policía, pidiendo explicación del paradero del joven y el porqué de la detención arbitraria, sin embargo le negaron haberlo detenido.
El caso finalmente fue transferido a los agentes del Ministerio Público militar, quienes tampoco adoptaron medidas de investigación básicas, como interrogar a los soldados que se encontraban patrullando la zona donde Víctor supuestamente fue detenido aquella noche, como esa inconsistencia se han repetido varias y el padre del joven declaró al organismo que no tenía mucha esperanza, porque siempre que alguna autoridad trabajó honestamente, la retiraron del caso.
La activista afirma que uno de los principales obstáculos para las familias es enfrentarse a una sobreprotección de las Fuerzas Armadas y también, en este momento, a un gobernador ‘ciego’, que no bastándole dejar en la indefensión a la ciudadanía que ha perdido a alguien de esta manera, “los insulta diciendo que no existen desaparecidos en regiones como Ciudad Cuauhtémoc, Duarte dijo que solamente hubo un caso y se resolvió cuando habla de uno de los principales focos rojos de Chihuahua en cuanto a inseguridad y desaparición forzada”.
