(04 de mayo, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Las representantes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en México, coincidieron en la necesidad de que el Congreso Constituyente que se instalará en septiembre próximo -en el marco de la discusión y aprobación de la Constitución de la Ciudad de México- garantice derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes en materia de acceso a la educación, salud, a un medio ambiente sano, pero también en material cultural.
Isabel Crowley, representante de la UNICEF en México sostuvo que la redacción de una nueva Constitución, proceso que no se ha realizado en más de 80 años en nuestro país, es una oportunidad de construir consensos y un nuevo marco legal que responda a las necesidades y expectativas de los ciudadanos; pero sobre todo, permita construir una ciudad equitativa y próspera a la que todos los infantes deben acceder como derecho y no como un favor de la clase política.
En el marco del foro denominado “Mis Derechos, Mi Ciudad”, organizado por el diputado federal Jesús Valencia Guzmán, presidente de la Comisión de Derechos de la Niñez, Crowley propuso que la Constitución tenga como premisa la protección y garantía de los derechos de todos los niños y que se vislumbre como un instrumento jurídico que siente las bases para responder a los desafíos que enfrenta día a día la niñez de la ciudad, frente a fenómenos como la violencia, desnutrición, falta de acceso a la educación de calidad, entre otros, que limitan su pleno desarrollo y potencial.
“Cuando nacemos, somos todos iguales, pero son las oportunidades que tenemos, las facilidades, lo que hace a los seres humanos lo que somos; entonces, tenemos que dar a los niños las mismas oportunidades para que todos puedan crecer a su máximo potencial y puedan ser los ciudadanos que queremos que sean”, explicó la representante de la UNICEF.
Agregó que uno de los desafíos en la discusión y aprobación de la Constitución de la Ciudad de México –que convertirá a la capital, formalmente, en la entidad 32 de la República mexicana- es lograr que se garantice una ciudadanía universal; es decir, donde los niños, niñas y adolescentes sean considerados ciudadanos sujetos de derechos y puedan participar en la toma de decisiones públicas.
Sobre el último rubro, Crowley subrayó la importancia de desarrollar y poner en práctica instrumentos de evaluación de las políticas públicas, para verificar que realmente se alcancen las metas propuestas, con un enfoque de transversalidad en tres dimensiones: en términos de acceso de derechos, para garantizar que los programas y acciones afirmativas llegarán a todos los menores que lo necesiten -por su situación específica de vulnerabilidad o de riesgo- y para asegurar, desde la federación, que todos los menores recibirán atención y protección integral inmediata cuando sus derechos hayan sido vulnerados.
La funcionaria agregó que la Constitución de la Ciudad de México deberá afirmar la necesidad de invertir en la infancia, como una prioridad para el bienestar y desarrollo de la ciudad, tomando en cuenta que en México, este sector representa el 30% de la población total y tan solo en la capital, viven más de 2.5 millones de menores.
“Es una oportunidad histórica para cambiar la vida y la realidad de más de dos millones de niños que viven en esta ciudad; una oportunidad para construir una ciudad próspera, e incluyente, con educación de calidad”, en donde los derechos sean tomados como “prioridad nacional”, argumentó Crowley.
En su oportunidad, Nuria Sanz, directora y representante de UNESCO en México, sostuvo que es de vital importancia reconocer y garantizar los derechos culturales de los niños que viven en la Ciudad de México -que además, es considerada Patrimonio de la Humanidad- pues tienen la necesidad de conocerla y de que se respete su derecho de habitar en ella.
La funcionaria recalcó que “los niños de la ciudad, de su territorio y de todas sus áreas urbanas, viven en un paisaje urbano de hace más de 3 mil años de historia y eso, hay que saber comunicarlo y hacerlos conscientes”; sin embargo, datos de estadísticos señalan que la pirámide poblacional comienza a tener una base infantil más reducida que la documentada hace 20 años.
Sanz explicó que cuando se habla de “derecho a la cultura”, no se refiere al acceso a las artes, ni al patrimonio cultural, sino a todo aquello que tiene que ver con “la espiritualidad, con las formas de transmisión, con nuestra carta de gobernación y de valores, de lo que hace que tomemos decisiones”.
Por derechos culturales y educación preescolar
Agregó que la propuesta de la UNESCO es que se priorice la atención en educación preescolar, tomando en cuenta que diversos estudios señalan que la población de la capital “tiene un coeficiente menor” a la de otros estados de la República; característica que se desarrolla en la llamada “primera infancia; es decir, entre los tres y cinco años.
La directora del organismo internacional en México explicó que el último informe de la iniciativa “Educación Para Todos” – compromiso mundial para dar educación básica de calidad a todos los niños, jóvenes y adultos- señala que si los Estados no apuestan por la educación preescolar y a las disciplinas cognitivas, no se podrá fomentar el desarrollo de ciudadanos que realmente impulsen sociedades más justas y más libres, donde la creatividad y la ciencia trabajen juntas y atañan por igual a niñas y niños.
“Preescolar es el momento ideal para generar la crítica, para asimilar una manera de pensar sin género, en cualquier disciplina; es el momento de ensayo –no como laboratorio, sino como ejercicio de responsabilidad de los docentes y organizaciones- para apostarle a lo que hemos entendido como la educación no formal, que además este término parece disminuirlo, o lo deja como en un ejercicio de segunda categoría”, expuso Sanz.
Sostuvo que además, se debe capitalizar el hecho de que en la Ciudad de México haya una población de poco más de 2% de menores que hablan alguna lengua indígena –en su mayoría náhuatl y mixteco- pues estudios indican que la capacidad de poder hablar dos lenguas, si una de ellas es indígena, genera un desarrollo cognitivo mayor a hablar castellano e inglés; es decir, el niño puede tener mayores ventajas comparativas para aprender después otras lenguas, además de que podrá ejercer sus derechos culturales en su lengua originaria, además del castellano.
“Lo que es más importante, es entender que el derecho cultural dentro de la educación, es un derecho que nos tiene que permitir mayor transitabilidad entre culturas, pues estamos produciendo una sociedad de monocultivo cultural y monolingüismo, lo que evidentemente no puede seguir así”, tomando en consideración que diversos estudios indican que en barrios de la periferia urbana se mantiene una enorme riqueza cultural de variantes lingüísticas y culturales, que deberían ser entendidas como capital social y con verdadero compromiso.
“Invitaría a que el texto constitucional tuviera en cuenta, además de los presupuestos, el tema de la alfabetización visual a través del patrimonio cultural y natural de la ciudad, porque hay que enseñar a los niños a desarrollar su curiosidad, que abran los ojos, que intenten ver cómo tiene la misma importancia la fachada de Palacio Nacional que tiene 500 años o de Xochimilco que también es patrimonio mundial”, dijo la experta y pidió a los legisladores constituyentes no permitir que las aulas de medios limiten a los infantes con determinadas imágenes.
Para concluir, Sanz informó que en el mundo hay 7 millones de personas; de este total, 6 millones tienen dispositivos electrónicos y en México, 83% de la población tiene un dispositivo electrónico.
“Esta cifra es suficientemente significativa para entender que el papel para los niños, ya no es el soporte de conocimiento ni de distribución”, enfatizó.
