(05 de mayo, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- David Hernández Gómez, campesino y Margarita Gómez López, ama de casa, ambos indígenas tzotziles, habitantes del municipio de Teopisca, Chiapas, actualmente se encuentran en una prisión en San Cristóbal de las Casas luego de autoinculparse, bajo tortura, de cometer asesinato.
Según la documentación obtenida por el Centro de Derechos Humanos Frayba, en contra de David se efectuó privación arbitraria de la libertad por la Policía Especializada, el 24 de abril de 2014, entre las 9:00 y las 12:00 horas, cuando se encontraba en la Agencia del Ministerio Público en la ciudad de Teopisca, realizando trámites funerarios para la entrega del cuerpo de su hermano Juan Pérez Gómez, cuyo cadáver se había encontrado un día antes y por el cual a él y a su esposa (Margarita) los acusaron de homicidio.
Ese mismo 24 de abril, Margarita junto con su hijo de un año y siete meses se encontraba en el cementerio municipal de Teopisca, cuando fue detenida por elementos de la Policía Especializada quienes la subieron a una patrulla y la llevaron a las oficinas de la Agencia del Ministerio Público en donde se encontraba su esposo David. El testimonio de Margarita refiere que su hijo comenzó a llorar por hambre y los funcionarios la reprendieron con palabras groseras exigiéndole que callara al menor, como consecuencia, el niño perdió el habla por seis meses, derivado del trauma vivido.
La tortura en contra de David se efectuó en las oficinas de la Agencia del Ministerio Público en Teopisca, cuando le indicaron que fuera a la planta de arriba, ahí lo sometieron, lo golpearon y le dijeron que confesara cómo había matado a su hermano. Lo amordazaron y lo golpearon en el estómago insistiendo que se autoinculpara del asesinato de Juan.
Al no obtener que David aceptara la culpabilidad, lo amenazaron con tirarlo por la ventana y darle toques eléctricos. Le colocaron un costal de plástico en la cabeza y los policías continuaron golpeándolo en varias partes del cuerpo. Ante la negativa de David a responder las acusaciones de los policías, lo amenazaron con violar a su esposa.
Inmediatamente después él y Margarita junto a su hijo, fueron llevados a la Fiscalía de Distrito Altos en San Cristóbal de Las Casas. Durante el traslado recibieron constantes ofensas consistentes en amenazas de violación a Margarita y lanzar fuera del vehículo a su hijo porque no dejaba de llorar.
Cuando los ingresaron a la Agencia del Ministerio Público de San Cristóbal de Las Casas, fueron inculpados y obligados a firmar y poner sus huellas digitales en varios documentos, tanto David como Margarita no supieron qué contenían los papeles porque no saben leer ni escribir. El 26 de abril de 2014 fueron recluidos en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 5 (CERSS No. 5), en ese municipio, en donde se encuentran actualmente procesados por el delito de homicidio.
“David y Margarita están esperando una resolución de parte de los magistrados, luego que apelaran la sentencia de ocho años que les imputaron en enero pasado. Ambos han padecido un proceso plagado de irregularidades, iniciando porque al pertenecer a un pueblo originario no saben leer ni escribir, lo que provoca la discriminación y desigualdad en un sistema de procuración y administración de justicia.
Ambas personas se encuentran en la etapa en que se definirá si salen libres o se quedan cumpliendo una condena en la cárcel, de seis años más, porque ya llevan dos en prisión, de manera injusta e inhumana; ellos tiene siete hijos y la mayoría son menores que están en una situación de desamparo y desarraigo, Frayba está puntualizando que la tortura que se cometió el 24 y 25 de abril el 2014 en su contra, sirvió como método para acusarlos de un delito que no cometieron”, explica a Revolución TRESPUNTOCERO, Irma Vázquez Cárdenas, abogada defensora del caso y parte del Centro de Derechos Humanos.
A su vez, argumenta que otro de los elementos que demuestran violaciones graves al debido proceso “tiene que ver con la privación ilegal de la libertad, porque la investigación inicia contra quien resulte responsable y a ninguno de los dos en ningún momento se les señala como responsables directos del hecho, tampoco se les mostró ningún documento para detenerlos aprehenderlos o se les avisó que se les estaba buscando. Además fueron detenidos en lugares distintos a los que señala la policía en el informe que rinde al Ministerio Público”.
Se sumó que a la hora de las detenciones se violó el principio de presunción de inocencia, tampoco tuvieron acceso al defensor o intérprete de su confianza correspondiente a su cultura. Lo que ha considerado la defensora “graves violaciones a derechos humanos”. Asimismo afirma que de analizar dichos puntos “se permitiría enderezar los caminos de impunidad e injusticia”.
Luego que el 29 de enero pasado se les dictara ocho años en prisión, “se puede interpretar que les dieron la pena mínima porque se calificó como homicidio simple, pero también porque el juez que dictó la sentencia tiene dudas al respecto, pero no se pronunció por la liberación, que también se les solicitó bajo el argumento que la policía especializada torturó a Margarita y David.
Este problema ya fue puesto en conocimiento del Especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Juan Méndez, para su conocimiento el cual también forma parte de los resultados donde se argumenta que la tortura en nuestro país es generalizada”, comenta Vázquez.
En el caso la única línea de investigación que sigue la policía y por la que el ministerio público mantiene en prisión a las dos personas es porque se aseguró que se trata de un “crimen pasional”, además se dijo que su culpabilidad “se hizo evidente” por el simple hecho de ponerse nerviosos.
La abogada comenta que al no tener a sus padres, los niños han sido acogidos en dos casas distintas de donde han tenido que salir derivado de la pobreza, marginación y otros problemas que pudieron afectar el sano desarrollo psicológico de alguno de ellos, por el momento se encuentran en una tercera casa, esperando que su situación mejore.
“Estamos pidiendo la libertad inmediata de David y Margarita, a quienes hoy la tortura les afectó de manera inminente su proyecto de vida y además de manera psicológica, han sido gravemente dañados porque tienen estrés postraumático, incluso él en ocasiones ha expulsado sangre por la boca, lo cual es parte de las secuelas de tortura, puntualmente de los golpes que recibió en el estómago”.
Este jueves podría decidirse la situación jurídica de David y Margarita, según información de la abogada, los magistrados han dado ya sus votos y al parecer el tema de la tortura, la privación ilegal de la libertad y las violaciones graves a derechos humanos dentro del proceso, no han sido tomadas en cuenta, lo que podría significar que no los van a liberar, sino toman en cuenta dichos temas. “Nosotros insistimos que revise antes de dar a conocer su decisión de manera pública y valoren estos puntos que son de suma importancia”, puntualiza Vázquez.
