Shakila tenía 16 años y trabajaba como empleada doméstica en la casa de un consejero local de la provincia de Bamiyan, donde fue asesinada con un arma de fuego en enero de 2012. A un año y dos meses de su asesinato, la policía no cuenta con ningún sospechoso. Por supuesto, este caso no es de ningún modo excepcional en Afganistán, donde las autoridades celebran que durante el último año se haya incrementado el número de casos reportados, pues al menos significa que poco a poco se rompe la ley del silencio.
En un inicio, la policía arrestó a su cuñado, pues el crimen se cometió con un arma de su propiedad. Pero luego se demostró que en el momento del asesinato él no se encontraba en la casa. Peritos médicos determinaron que Shakila había sido violada y encontraron indicios de que el responsable podría ser su patrón, Wahidi Behesti. Sin embargo, para las autoridades el caso estaba cerrado. Un oficial veterano de la administración local le dijo a AFP que el hecho de que Beheshti sea consejero provincial mientras la familia de Shakila es muy pobre, vuelve casi imposible que se haga justicia.
Activistas que trabajan en Afganistán señalan la escasez de resultados en la reducción de la violencia hacia las mujeres pese a la ingente cantidad de recursos destinada para este fin desde 2001, y se muestran preocupados por la degradación de la situación cuando se retiren las tropas de la OTAN en 2014.
