(27 de mayo, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- “Con todo lo que me hicieron los policías, sé que no voy a vivir”, dijo William Chan Cob a su madre, María Isabel Cob Canul. Esas fueron las últimas palabras que el joven externó ya estando en una celda, luego de ser torturado por policías municipales del municipio de Temax, Yucatán.
Según versiones de testigos, el joven fue detenido el pasado 21 de mayo, por encontrarse en estado de ebriedad; los agentes, según los testimonios, ejercieron sobre el joven de 25 años, violencia, la reacción de familiares y vecinos fue amenazar a los elementos por lincharlos, de no permitir que se le ayudara a William, por lo que éstos pidieron ayuda a otros agentes.
Finalmente el joven fue llevado a la prisión municipal, donde los policías le propinaron una serie de golpes que lo dejó inconsciente, para después pedir que lo ayudaran, puesto que se sentía mal, sin embargo los elementos policiacos no le hicieron caso a sus palabras.
Tiempo después el joven quedó tirado en el piso, y fue hasta entonces que se pidió ayuda de los paramédicos de la SSP, quienes inmediatamente después de valorarlo dictaminaron su muerte. A decir por los familiares, “el director de la Policía Municipal, Antonio Herrera, trató de mantener oculto la muerte de William, pero esto no fue posible.
La versión oficial presentada por la Policía Municipal de Temax, indicó que recibió un reporte por parte del padre de William Roberto Chan Cob, donde dio a conocer que su hijo estaba escandalizando.
Por lo cual los oficiales acudieron y detuvieron al joven. Poco después de ser ingresado y durante el momento de una ronda, un agente se percató que el joven estaba tirado y parecía que no respiraba, y por ello dio aviso los paramédicos,
Además se dijo que, luego de practicarle la necropsia de ley, se determinó que murió por “choque séptico” secundario a parasitosis y reveló una infección avanzada. Además se dijo que “el cuerpo no tenía signos de violencia física”.
Lo anterior se sostuvo, pese a que el joven presentaba, a decir por los familiares, señales evidentes de golpes en el rostro y cuerpo, por lo que dieron inicio a la exigencia de justicia y han aseverado que “si las autoridades no hacen nada, seremos nosotros quienes lo hagan”.
Esto, luego que el padre de William diera a conocer que cuando su esposa lo vio en la cárcel, el joven se quejaba y no podía caminar, fue ahí cuando le dijo que tal vez no sobreviviría por los golpes que le habían dado los policías. A su vez, denuncian que ellos nunca fueron avisados que había fallecido, según información otorgada a este medio de comunicación.
Fue hasta el lunes 23 cuando los padres se enteraron del deceso, aproximadamente a las tres de la mañana, en un primer momento no permitieron que vieran el cadáver y además ellos no aceptaron el diagnóstico de la necropsia.
Luego de los funerales del joven, la familia retomó su exigencia de justicia, pues buscan que los elementos sean detenidos, juzgados y vayan a prisión. Ante esto, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que desde el pasado 23 de mayo realiza las investigaciones correspondientes a la denuncia realizada por la familia de William, como consta en el acta A1-A1/000865/2016, la cual se levantó a las 9 horas del 23 de mayo pasado “durante la diligencia de la entrega legal del cadáver del señor Wílliam Roberto Chan Cob a su señora madre, ésta interpuso la denuncia por posibles hechos delictuosos en contra de quien o quienes resulten responsables por el fallecimiento de su hijo”.
Sin embargo, Pedro Chan Balam y María Isabel Cob Canul, padres del joven, tuvieron que hacer presión y más de un intento para que la Fiscalía del Estado, les aceptara la denuncia contra cuatro policías municipales de Temax por el homicidio de su hijo Wílliam Roberto Chan Cob.
Después de sepultar al joven, la familia se dirigió al Palacio de Temax, para después bloquear la cárcel, de 8 de la mañana a 1:30 de la tarde, para exigir la detención de los policías que participaron en la violencia que padeció su hijo, y quienes responden al nombre de: Julio Germán “Gato” Borges Núñez, de 19 años de edad; Jorge Antonio “Itos” Ek Cauich, de 33 años; Rodolfo Ernesto “Bolas” Guerrero Nah, de 25, y uno conocido como “Panza”.
Y es que la denuncia no fue aceptada fácilmente, puesto que la Fiscalía en Motul, les informó que no les recibieron la denuncia porque, “la necropsia arrojó i
Finalmente y después de varias horas de conversación entre los padres del joven y la policía ministerial, se aceptó la denuncia A1A1/865/2016 por “posibles” hechos delictuosos contra quien o quienes resulten responsables por el fallecimiento de su hijo.
“La no aceptación de la violencia física y tortura del joven es uno de los mayores cinismos que ha provocado la impunidad, los policías municipales o cualquier otro elemento de seguridad pública, se siente con el poder de arrebatarle la vida a los civiles, somos inferiores a ellos, porque ese tipo de educación anti-derechos humanos que les dicta el sistema represor”, comenta a Revolución TRESPUNTOCERO, la activista Mara Sánchez.
Quien a su vez menciona que el mecanismo de seguridad que lleva por nombre “Escudo Yucatán”, es preocupante puesto que no existe ninguna referencia que dé seguridad a que existirá un verdadero respeto a los derechos humanos y protegerá a la ciudadanía, puesto que también en esa entidad, dice la activista, se ha desarrollado la práctica de la tortura sistemática, que además de ser impune, ya ha derivado en casos de homicidio.
Por su parte el colectivo Equipo Indignación, ha externado de igual manera su preocupación por la nula atención del gobierno sobre la problemática de tortura, dando a conocer que “en Yucatán la tortura es una práctica sistemática y además se garantiza impunidad a quienes la perpetran”.
También han mencionado que, “el Escudo Yucatán pretende contratar la mayor deuda en la historia de la entidad. Puesto que no hay transparencia, ni claridad sobre el destino de los mil 500 millones de pesos que se destinarían para implementar las estrategias”, en donde ninguna tiene conexión con la garantía a la protección de los derechos humanos.
En 2014 el mismo colectivo dio a conocer que entre 2011 y 2013, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) recibió 112 quejas ciudadanas relacionadas con casos de tortura, en donde se dijo que la comisión fue a cargo de autoridades locales, pero ninguna tuvo una investigación formal.
“Uso excesivo de la fuerza, tortura, tratos crueles, detenciones arbitrarias e ilegales, e incomunicación son prácticas habituales de agentes de los distintos cuerpos policíacos de Yucatán, pero constituyen crímenes que persisten. Exigimos inmediata investigación de los hechos, sanción a los responsables y garantías de no repetición”, se pronuncia el colectivo, con respecto a dicho caso.
La activista comenta que las posibilidades que los casos de tortura que se han perpetrado en Yucatán tengan justicia, son casi nulas, puesto que se enfrentan a un gobierno estatal que solapa los actos, por medio del caso omiso hacia éstos. “Y no hablemos del gobierno federal quien ha impuesto este delito como uno de los elementos básicos para amedrentar a la población, generalmente inocente”.
