(01 de junio, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- La reforma constitucional en materia de justicia penal y de seguridad pública del 18 de junio de 2008, planteó un inmenso reto al gobierno mexicano: la transformación de fondo del sistema de justicia penal, lo que requeriría de un enorme esfuerzo y coordinación institucional.
En 2013 el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) desarrolló una metodología específica para evaluar el proceso de implementación y operación de la reforma y, desde entonces, anualmente publica un reporte de hallazgos con los resultados de dicha evaluación.
A 18 días de cumplirse el plazo constitucional para que comience a operar el nuevo modelo de justicia penal, el CIDAC presentó su última versión del “Reporte de Hallazgos 2015, Evaluación de la Implementación y Operación a Ocho Años de la Reforma Constitucional en Materia de Justicia Penal”, con el principal propósito de medir y evaluar el estado que guardan los procesos de implementación y operación del sistema de justicia penal acusatorio (SJPA).
En una reunión con más de sesenta especialistas en derecho el CIDAC reveló que no tiene buenas noticias para la ciudadanía. A decir de los especialistas a estas alturas se vislumbran riesgos en la operación del nuevo sistema de justicia penal.
A lo largo del proceso de implementación, tanto a nivel local como federal, las instancias técnicas de coordinación e implementación de la reforma penal, mejor conocidas como “órganos implementadores” (OI), han mostrado diferentes niveles de desarrollo en el ejercicio de sus funciones.
“A pesar que es uno de sus principales objetivos, los OI no han diseñado políticas públicas claras y efectivas de coordinación institucional. Las acciones para la implementación se llevaron a cabo de manera descoordinada y con elementos diversos, lo que impactará negativamente en la operación y resultados del SJPA en muchas entidades federativas”, indica el resumen ejecutivo al cual tuvo acceso Revolución TRESPUNTOCERO.
El documento también señala que, “las deficiencias en la operación del SJPA implicarían la vulneración del derecho al acceso a una justicia efectiva y de calidad. Por ello, el establecimiento de instancias y mecanismos eficaces de seguimiento y evaluación es una necesidad fundamental. Actualmente los sistemas de información sectorial continúan siendo deficientes o, incluso, inexistentes. Hasta 2015 no existe en alguna entidad federativa un sistema consolidado, que permita contar con una perspectiva panorámica del proceso de implementación ni aporte una visión integral de la procuración y administración de justicia”.
Para los especialistas el riesgo que no existan procesos robustos de seguimiento y evaluación, es que los inconvenientes a los que se ha enfrentado la implementación del SJPA perduren en el tiempo, aún años después de su entrada en vigor.
Parte del análisis que realizó el CIDAC precisa que a partir de la publicación de la reforma penal, las entidades federativas tardaron en la implementación un promedio de 56 meses. Y se tiene proyectado que para finales de abril de 2016 únicamente en diez estados, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo, Yucatán y Zacatecas, el SJPA opere de manera total, es decir, en todo el territorio y para todos los delitos.
Si bien todos los señalamiento que realiza el CIDAC en el “Reporte de Hallazgos 2015…” son tendientes a señalar las deficiencias, dentro del mismo documento existe el apartado de “Riesgos” en este se precisa que la organización identificó una serie de desafíos que, de no atenderse, pondrían en riesgo la consolidación del SJPA y amenazarían su sustentabilidad.
“En particular, detectamos dos tipos de desafíos: los institucionales, que se refieren a los temas que pueden ser atendidos por las instituciones de forma individual y los sistémicos, que son los que afectan a todas las instituciones del sistema de justicia y cuya solución depende de acciones coordinadas. Si estos focos rojos se ignoran, la operación del SJPA no será la idónea, habría bajos índices de efectividad e incluso se podrían presentar violaciones a los derechos humanos, lo que podría dañar, irreversiblemente, la legitimidad del SJPA y comprometer su consolidación en el mediano plazo”, apunta el reporte en su versión ejecutiva en la página 9.
Como conclusión el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) diagnosticó fallas y vulnerabilidades que, dijo, provocarán que hasta dentro de 11 años se alcance “el nivel óptimo” de operación “eficaz y adecuada” en el país del nuevo sistema de justicia penal.
Juicios ocultos
Durante la presentación del “Reporte de Hallazgos, 2015… ” uno de los ponentes del CIDAC, Alfonso González Villalobos experto en Sistema Penal Acusatorio, criticó que la reforma penal tiene, además de errores, incompatibilidades muy marcadas como las claras violaciones a los derechos humanos que el régimen de excepción permitirá con la Ley Federal contra Delincuencia Organizada aprobado el 29 abril del 2016.
“Un ejemplo, son las audiencias a puerta cerrada, dice la ley que cuando sea necesario para preservar la seguridad de los peritos, testigos o de los imputados las audiencias serán a puerta cerrada, esto es un reconocimiento a la incapacidad institucional de ofrecer seguridad pública por parte del Estado. El principio de publicidad que ordena la apertura de las audiencia no tiene que ver nada más con el tema de la ‘chismografía’ tiene que ver con la responsabilidad política de los juzgadores que deben a sumir la responsabilidad de tomar las mejores decisiones para resolver un conflicto”, explicó González Villalobos.
