(02 de junio, 2016. RevoluciónTRESPUNTOCERO).- El trabajo que realizó la Fiscalía General del Estado de Morelos en las fosas clandestinas de la comunidad de Tetelcingo, municipio de Cuautla, es tan deplorable que los peritos independientes de la Universidad Autónoma de Morelos deberán alargar sus labores de tres a cuatro días más de los quince que inicialmente se tenían contemplados, esto con el fin de corregir todos los errores que realizaron las autoridades locales al inhumar más de cien cadáveres de forma ilegal en ese sitio, declaró a Revolución TRESPUNTOCERO, Roberto Villanueva Guzmán, coordinador del Programa de Atención a Víctimas de la máxima casa de estudios del estado.
“El trabajo en las fosas es como armar un rompecabezas, cada pieza debe embonar en su sitio exacto, por eso debemos estar atentos a cómo hizo el trabajo la Fiscalía Estatal, en algunos casos faltan datos como las averiguaciones previas en otros la falta de materiales adecuados nos impiden observar los datos, por ejemplo el número de carpeta de investigación se los pusieron dentro de botellas de plástico, en varios casos se borraron y hay que asignar nuevas carpetas para que cada cuerpo tenga todo su procedimiento como es debido”, dijo Villanueva Guzmán vía telefónica desde el sitio de la exhumación.
El especialista también confirmó que al cierre de las actividades del primero de junio se han rescatado 94 cuerpos de 116 que acepta la fiscalía se hayan al interior de dos fosas clandestinas que utilizó por varios años para enterrar a personas que no fueron reclamadas por familiares.
“No confiamos en el trabajo que hizo la fiscalía, hoy mismo podemos decir que en mientras la fiscalía afirmó que en la Fosa A existían 54 cadáveres, la realidad es que hemos contabilizado 55, si contamos a los dos que sacamos de ahí ya identificados que son Oliver y una maestra de Cuautla. En teoría en la Fosa B, que es la que estamos trabajando, hay 64, debemos confirmar que esto sea cierto, pero como van las cosas los números no cuadran”, señaló Roberto Villanueva.
Roberto Villanueva explicó que luego de obtener los perfiles genéticos de los cuerpos estos datos se integrarán a una base de datos internacional gracias al enlace que hizo la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) con el Programa Fénix de la Universidad de Granada, España, una de las instituciones con mayor éxito en identificación de desaparecidos.
Dentro del esquema de identificación de desaparecidos también participan familiares de víctimas procedentes de estados como Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Michoacán, Veracruz y Ciudad de México, quienes han expresado su indignación y dolor porque no se han realizado las investigaciones adecuadas para identificar los cuerpos que ahí se encuentran.
Frente a la exigencia de los familiares de las víctimas, la UAEM ha puesto a su disposición toda su capacidad científica y tecnológica para complementar las investigaciones de la Fiscalía estatal e identificar los cuerpos de estas fosas.
“Lo que menos queremos es sustituir a la autoridad, lo que buscamos es hacer un trabajo científico, ético y humano en conjunto para permitir a las víctimas obtener los perfiles genéticos de los cuerpos encontrados en las fosas y así contribuir a llevar algo de paz a las familias que no pueden descansar porque tienen la duda de si sus seres queridos estarán aquí”, dijo un activista que apoya en los trabajos de exhumación e identificación.
El caso Tetelcingo y Oliver
Oliver Navarrete Hernández, de 31 años de edad, fue secuestrado el 24 de mayo de 2013 en Cuautla, Morelos; 10 días después su cadáver fue hallado en la barranca de los Papayos en el municipio de Ayala.
Sus familiares reclamaron el cuerpo, a pesar de estar plenamente identificado, la Fiscalía General del Estado (FGE) lo retuvo y el 28 de marzo de 2014 lo enterró en una fosa común clandestina en la comunidad de Tetelcingo municipio de Cuautla sin seguir los protocolos marcados por la ley en el predio de Las Cruces, el cual ni siquiera cuenta con el permiso del ayuntamiento para operar como cementerio.
Luego de una lucha legal que duró ocho meses y 12 días, la madre de Oliver, María Concepción, doblegó a la Fiscalía la cual se vio obligada a admitir que el cadáver había sido inhumado de manera “errónea” y autorizó la diligencia de exhumación el 9 de diciembre de 2014.
La familia pudo presenciar todo el proceso y grabó un video con el cual reveló que en la fosa clandestina había al menos 149 cadáveres más aunque la fiscalía general solo reconoce la presencia de 116.
Desde entonces, los familiares de Oliver han luchado para que la FGE informe por qué enterraron el cuerpo cuando ellos lo reclamaban, y por qué utilizaron fosas clandestinas para deshacerse de restos humanos cuando hay miles de familias buscando parientes desaparecidos en el país.
Actualmente la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), la Fiscalía General del Estado y la Universidad Autónoma de Morelos trabajan en conjunto para exhumar los cadáveres de las fosas de Tetelcingo y reiniciar los trabajos de investigación siguiendo los protocolos adecuados con el fin de poder identificar los restos y entregarlos a sus familiares.
