(08 de junio, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- “México sufre olas de violaciones a los derechos humanos” fue la frase con la que James A. Goldston, director ejecutivo de la Organización No Gubernamental Internacional, Open Society Justice Initiative, inició el desglose de su más reciente informe “Atrocidades innegables: Confrontando los crímenes de lesa humanidad en México” en el Museo Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México.
El estudio realizado en conjunto con cinco organizaciones mexicanas de protección a los derechos humanos afirma que existen “bases razonables” para sostener que tanto las fuerzas armadas gubernamentales mexicanas, así como el grupo del crimen organizado “Los Zetas” han cometido crímenes de lesa humanidad contra civiles durante la última década en México de forma sistemática.
Según el informe, desde 2006, el gobierno federal ha mantenido una política de uso indiscriminado y extrajudicial de la fuerza como parte de la estrategia de seguridad para combatir al crimen organizado, lo que ha puesto en la mira a cualquier civil supuestamente vinculado con las organizaciones criminales, al tiempo que se ha reforzado una impunidad casi completa para los funcionarios federales que ejecutan dicha violencia.
“Las fuerzas federales tienen una meta legítima de someter el crimen organizado, pero lo hacen a través del uso indiscriminado de falsos positivos (*), daño colateral y ejecuciones extrajudiciales para combatir a los cárteles de las drogas, la prueba que existe ataque contra la población civil y es generalizado o sistemático es la coincidencia, en tiempo, del uso de la política de militarización de las funciones de seguridad pública con el Ejército y Policía Federal”, afirmó Goldston.
El especialista en derechos humanos detalló que el informe es el resultado de tres años de trabajo colaborativo entre organizaciones defensoras de derechos humanos en México y la Open Society Justice Initiative.
James A. Goldston dijo que el texto detalla la relación entre el aumento de la violencia en México a finales del 2006 –cuando Felipe Calderón inicio la guerra contra las drogas- y el aumento repentino de los niveles de violencia que se sostienen hasta este día, “el incremento de esta violencia es imputable a las fuerzas federales”, precisó Goldston.
El documento señala al menos cinco argumentos más que evidencian la política del gobierno federal mexicano: el uso indiscriminado y extrajudicial de la fuerza.
“Las desapariciones forzadas tuvieron una escalada vertiginosa de 2007 a 2012 las denuncias por violaciones a derechos humanos han aumentado cuatro veces entre 2007 y 2012; además el gobierno federal no regula el uso de la fuerza por parte del Ejército y la Policía Federal; por otra parte la impunidad en relación a tanta violencia no es casualidad, más de 150 mil personas fueron asesinadas entre 2006 y 2015 intencionalmente. De estos homicidios el sistema judicial mexicano produjo una condena por cada diez casos”, puntualizó el abogado.
Otra argumentaciones que se anotan en el informe “Atrocidades innegables: Confrontando los crímenes de lesa humanidad en México” es que muy pocos militares han sido procesados por homicidio, entre 2009 y 2013 y solo 29 llegaron a recibir condena.
“Muchos datos sobre desaparecidos no son viables, pero tenemos documentados varios casos en que las personas han desaparecido después de estar en custodia de fuerzas federales. Sabemos porque así nos lo han declarado altos mando del Ejército y Policía Federal que la orden es eliminar a los criminales, no llevarlos ante la justicia civil para ser procesados”, refirió el también ex abogado principal de la fiscalía de la Corte Penal Internacional.
Señalan a “Los Zetas”
El informe de la Open Society Justice Initiative realizado en coordinación con instituciones mexicanas independientes como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos distingue al cártel de “Los Zetas” como una organización criminal que ha cometido diferentes crímenes de lesa humanidad como parte “de un ataque amplio y sistemático dirigido contra la población civil”.
“La guerra contra el narcotráfico en México ha marcado el período más violento en la historia moderna del país latinoamericano, con más de 150 mil asesinatos, 580 mil secuestros y unas 28 mil personas desaparecidas entre fines del 2006 y 2014”, señaló el estudio.
“Los Zetas”, cumplen con la definición de crímenes contra la humanidad, según el documento este cártel está acusado de las peores atrocidades cometidas en este periodo, desde matanzas de inmigrantes en los estados norteños de Nuevo León y Tamaulipas hasta masacres dentro de penales en Coahuila donde “Los Zetas” ejercían un “autogobierno” que les permitía introducir a sus víctimas a la cárcel, donde las mataban e incineraban sus cuerpos, arrojando después los restos a un río cercano.
Las fuerzas armadas deben dejar las calles
La Open Society Justice Initiative recomendó tres acciones al Estado mexicano para abordar la crisis de impunidad y violación de los derechos humanos que se vive en el país.
La primera, crear equipos de investigación para las desapariciones forzadas y preparar cargos penales contra los autores. Estas unidades deben ser de naturaleza multidisciplinaria, que incluya fiscales, investigadores de la policía y trabajadores sociales, y debe contar con una primacía en cada una de las investigaciones que hayan iniciado.
La segunda recomendación fue que los institutos forenses sean autónomos e independientes, fuera del marco de la Fiscalía General y el la Secretaría de Gobernación para que realicen evaluaciones forenses independientes para fiscales y abogados defensores.
La evaluación remarca que se debe retirar a las fuerzas armadas de las operaciones de seguridad pública, así como promover reformas desde el Congreso para aprobar leyes que regulen el uso de la fuerza y que cumplan con los parámetros internacionales.
En sus conclusiones, el reporte cita: “El gobierno debe actuar sin demora para reconocer la gravedad de la situación. Se debe iniciar medidas extraordinarias urgentes, incluyendo la invitación de asistencia internacional para garantiza investigaciones y enjuiciamientos independientes y genuinos”.
Opinión de ONG’s mexicanas en el informe
Para el director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) José Antonio Guevara la tortura y las desapariciones forzadas no son casos aislados como trata de justificar el gobierno federal.
“Se tratan de una acumulación no accidental de actos que exceden las decenas de miles, de una comprobación directa de la alteración de las escenas del crimen y de la negación a reconocer que las mismas autoridades buscan ocultar los hechos: ministerios públicos que llaman a las desapariciones forzadas, secuestr
o; a la tortura, lesiones y a las ejecuciones, homicidios, en la media que se tipifiquen los delitos como lo que son, realmente podremos comenzar a ver la realidad”, declaró a Revolución TRESPUNTOCERO, José Antonio Guevara.
Por su parte Carlos Treviño integrante de la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) comentó a Revolución TRESPUNTOCERO, “el informe plantea que México tiene la obligación de investigar los casos, el problema central es la falta de voluntad política de para investigar las violaciones graves a los derechos humanos.
“El Estado debe tener la capacidad de autocrítica y reconocer la existencia de una situación grave, pero hasta ahora el Estado mexicano lo que ha hecho es estigmatizar, señalar, cuestionar y criminalizar a los activistas que buscamos un cambio en la política pública”.
Finalmente Blanca Martínez activista de la ONG Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila opinó que, el informe por duro que parezca tampoco termina de revelar la profundiad de la crisis de derechos humanos que sufre México.
“En el país todavía en 2011 había estados de México que no tenían desaparecidos. En 2015 todos los estados ya tienen denuncias por desapariciones forzadas. El noreste con 32% de desaparecidos, el norte 52% desapariciones totales -Tamaulipas por sí mismo el mayor cantidad- y hay una cifra negra que no se denuncia, hay un sub registro y podríamos hablar de una cantidad que no alcanzamos a entender”.
*Falsos positivos: consisten en asesinar a un grupo de personas inocentes, para que el Ejército, fuerzas militares o el gobierno los muestren como personas vinculadas a organizaciones criminales.
