(09 de junio, 2016).- La iglesia católica pretendió orientar el voto ciudadano, a través de una campaña desde los púlpitos en contra de la inclusión del matrimonio igualitario en la Constitución y en el Código Civil Federal, durante el proceso electoral recién concluido faltado así al artículo 14 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, afirmó la senadora perredista Angélica de la Peña.
Mediante un comunicado, instó a la Secretaría de Gobernación (Segob) investigar posible proselitismo.
El mencionado artículo menciona que “tampoco podrán los ministros de culto asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna”, y explicó “como cualquier ciudadano y ciudadana mexicana, los ministros, asociados y representantes de cualquier asociación religiosa pueden externar su opinión, porque ese es un derecho que reconoce y protege la Constitución, así como por diversos tratados signados por el Estado mexicano, pero también tienen la obligación de cumplir cabalmente cada precepto inscrito en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y su ley reglamentaria”.
Por otra parte, cuestionó la postura eclesiástica de “oponerse al reconocimiento y ejercicio pleno del derecho de cualquier persona mayor de 18 años de edad a contraer matrimonio con motivo de sus preferencias sexuales o cualquier causa que afecte su dignidad” advirtiendo que ello “es contrariar a la Constitución misma, específicamente, lo previsto en su artículo primero sobre el derecho a la igualdad y la no discriminación”.
Apuntó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha establecido como anticonstitucional “cualquier norma que limite el matrimonio a la unión entre una mujer y un hombre, por lo que las iniciativas presentadas por el titular del Ejecutivo federal pretenden solamente la homogeneidad jurídica en todo el país de un derecho que ya está reconocido en nuestra Carta Magna”.
Más allá de referéndums u opiniones, dijo, “los derechos humanos deben ser respetados por todos y el Estado laico debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los mismos”.
“Todas las asociaciones religiosas deben apegarse a lo que la ley les permite y que si bien pueden opinar en contra de la inclusión del matrimonio igualitario en la Constitución, las y los legisladores están obligados a garantizar el derecho que tienen todas las personas a formar una familia, a contraer matrimonio y adoptar si así lo deciden”, finalizó.
