(14 de junio, 2016. RevoluciónTRESPUNTOCERO).-La mañana del lunes 13 de junio, en un campo de futbol de tierra, o más bien de lodo debido a las lluvias, se encontró el cuerpo sin vida de una joven mujer, de aproximadamente 25 años. El cadáver mostraba signos de violencia sexual y física.
El lugar del crimen parece la escenografía de una película de pandillas: grafitis malhechos y paredes despintadas en medio de una inmensa soledad.
Este feminicidio, según el recuento personal que hace “Chava”, el editor de la sección de seguridad de un diario local, es el número 114 de enero a junio de 2016, a decir del colectivo Las Voces de Lilith sería por lo menos el 231 según cifras de enero a mayo de este año.
El delito se perpetró en la colonia Benito Juárez, en Naucalpan, uno de los once municipios que desde el 28 de julio de 2015 se declaró en alerta de género ante la ola de feminicidios que azota al Estado de México. Tan sólo de 2011 a 2013 se registraron 840 asesinatos de mujeres en la entidad, de los cuales solo 145 fueron investigados como feminicidios, según datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
Pero este hallazgo no es para nada un caso aislado, señala Gabriela Ramírez, activista del colectivo feminista Las Voces de Lilith, en entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO; “nosotras hemos estado denunciando que la valoración de las organizaciones de activistas que trabajan el tema del feminicidio con familiares de víctimas es que, a casi un año de que se emitió la alerta de género, no existe la aplicación de las políticas públicas que esto conlleva: no se estableció un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género que dé seguimiento a los casos, no hay acciones preventivas, de seguridad y justicia; no existen reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres y no han asignado recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de violencia contra las mujeres”.
A decir de Gabriela Hernández, lo único que ha hecho el gobierno del priista Eruviel Ávila desde la emisión de la alerta de género es implementar una campaña publicitaria con el nombre: “No las arranquen de nuestra vida” lo cual, considera, no sirve de nada.
“En este año no ha existido la creación o la capacitación del personal en la policía, los ministerios públicos o en el área jurídica para atender los casos de feminicidio. En ninguno de los once municipios donde se declaró la alerta de género existe una instancia creada de esa forma para atender los casos que se han suscitado de enero a junio de este año. Tampoco ha habido una reapertura de los casos pasados que se han denunciado y mucho menos acompañamiento, ni un tipo de reparación del daño, no es que pueda haberlo para una familia que pierde a una de sus integrantes, pero no ha existido ninguna de esas políticas que demanda la situación”, dijo la activista.
Desde el punto de vista de Gabriela Hernández, no existe evidencia alguna de la aplicación de la alerta de género más allá de su declaración, otra prueba de ello es el rechazo que tuvo su campaña de concientización social, cuando el 29 de abril después de colocar varias cruces de color rosa en el municipio de Chimalhuacán como símbolo de los feminicidios, la presidenta municipal priista Rosalba Pineda Ramírez, ordenó al personal del ayuntamiento que las retiraran.
“Era una denuncia y la propia presidenta municipal mandó a tirar esas cruces en un afán de no querer escuchar la cantidad de feminicidios que hay en esa entidad. En Chimalhuacán se han registrado de 2014 a 2015 de 2 a 4 feminicidios por semana en Chimalhuacán y aun así no han hecho absolutamente nada”, señaló Gabriela.
A escasos dos meses de que se cumpla el primer año de la declaratoria de la alerta de género, Ecatepec es el municipio que tiene mayor cantidad de feminicidios, seguido de Chimalhuacán, “estos dos municipios, que están dentro de los once en los que se declaró la alerta, no sólo se sostienen en las cifras del año pasado, sino que han aumentado”, dijo Hernández.
Hipótesis de violencia
La activista Gabriela Hernández duda para responder una pregunta ¿cuál es la hipótesis sobre por qué se comenten tantos feminicidios en el Estado de México? Piensa un momento y responde, “hay que tener en cuenta que son zonas bastantes complicadas. En cuanto al tema de seguridad, hay un incremento del crimen organizado, además la constante es que no existen sanciones graves.
El feminicidio está tipificado en el Estado de México con no más de cuatro años de cárcel. Es más fácil meter a un asesino de mujeres por homicidio con una agravante que por feminicidio. Eso sucede porque dentro de la estructura judicial no se ha permitido que se coloque en sus justas dimensiones este delito por sí mismo. Parte de eso es una de las cuestiones por las que los victimarios no se ven tan aludidos a que sea un delito actualmente y es una razón por la que claramente siguen aumentando”, expresó.
Finalmente Gabriela Hernández reflexiona sobre la importancia de que la sociedad civil se involucre en este tema, “no podemos esperar a que la autoridad haga todo, nosotras también debemos generar condiciones para organizarnos haciendo el trabajo que el gobierno no está cumpliendo: el trabajo de organización entre mujeres para cuidarse, la mejora de espacios para que puedan transitar libremente. Son cosas que le conciernen al Estado, pero ante la incapacidad que está demostrando hemos determinado hacerlo nosotras porque si no nos van a seguir matando. No podemos esperar a que hagan lo que es su obligación, pero tampoco podemos dejarles de exigir una tarea que les corresponde”.
En México 7 mujeres mueren a diario víctimas de la violencia
Cifras del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) indican que a diario mueren siete mujeres a causa de la extrema violencia en nuestro país. Aunque se han creado tipos penales para sancionar el feminicidio y en algunos estados se han diseñado protocolos de investigación y actuación ministerial y policial, la incidencia de la violencia no retrocede.
Datos del “Estudio de la implementación del tipo penal de feminicidio en México: Causas y consecuencias 2013”, y el reporte preliminar “Avances y retrocesos en la protección de las mujeres víctimas de la violencia familiar”, ambos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), identificaron los diez estados de la República mexicana con más incidencia de agresiones contra la población femenina.
Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y Sinaloa encabezan el número de delitos contra las mujeres. Ambas investigaciones del OCNF se basan en información de las procuradurías de justicia de las respectivas entidades.
En los dos estudios se detectó que la mayoría de los casos de feminicidio no se investigan como tales, pese a que la mitad de las entidades cuenta con un protocolo de actuación e investigación para este delito.
A esto se suma la resistencia de las autoridades para dar cifras sobre el problema, lo que se refleja en la falta de una base de datos sobre las agresiones y delitos que permita conocer la magnitud del problema, identificar a las mujeres que son más atacadas y las características de los agresores
