(15 DE JUNIO, 2016).- Una interna del Cefereso 16 quien padecía diabetes mellitus tipo II, falleció por falta de atención médica en diciembre pasado. Ante los hechos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió hoy una recomendación al titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales.
En un comunicado, el organismo detalló que la víctima fue trasladada el 15 de diciembre de 2015 del Centro Federal Femenil en Tepic, Nayarit, al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 16, ubicado en Coatlán del Río, Morelos.
Ahí, le fue practicado el estudio psicofísico de ingreso donde se indicó que padecía la enfermedad mencionada y que se encontraba bajo tratamiento médico.
El día 19, la CNDH señaló que la interna fue valorada por el médico del Centro, quien la encontró en cama con hipotermia y síndrome gripal, entre otros síntomas, prescribiéndole medicamento vía oral.
La mujer fue trasladada a la Unidad de Medicina Familiar 6 en Puente de Ixtla, Morelos, tras del diagnóstico de otro médico del penal que refirió: “Diabetes Mellitus 2/Pb coma diabético/descartar daño a órgano blanco”, así como por “no contar con recursos necesarios en este momento”.
De acuerdo a un servidor público del hospital, la mujer ingresó sin signos vitales y le brindaron maniobras de reanimación cardiopulmonar por 25 minutos, sin obtener respuesta; de manera que dieron aviso de su fallecimiento al agente del Ministerio Público de la localidad para iniciar la investigación pertinente.
En enero y febrero de 2016, dos personas presentaron quejas ante la CNDH en las cuales manifestaron que tenían conocimiento del fallecimiento de una interna, a quien no se le había proporcionado atención médica pese a padecer diabetes mellitus tipo II.
Tras concluir su investigación, la CNDH acreditó que se vulneraron los derechos humanos a la protección a la salud y, como consecuencia, la pérdida de la vida por acciones y omisiones del personal médico del penal.
Ante ello, la CNDH solicitó al Comisionado Nacional de Seguridad () instruya a reparar en forma integral el daño ocasionado a los familiares de la víctima, de acuerdo a los términos de la ley General de Víctimas, que incluya una compensación y el pago de gastos funerarios.
