Primera parte de tres
(20 de junio, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- “Nosotros no cometimos delito alguno más que disentir porque, a pesar que no está tipificado y que se supone que en este país existen libertades democráticas y derechos políticos, disentir es un delito de alta peligrosidad. Por eso fuimos llevados a los campos de concentración llamados Centros Federales de Readaptación Social número cuatro y cinco de Tepic, Nayarit y de Villa Aldama, Veracruz”.
Esas fueron las primeras palabras de Javier Aluz Mancera, uno de los 17 simpatizantes del Frente Popular Revolucionario (FPR) -preso en el Reclusorio Regional de Villa de Etla, Oaxaca- el pasado siete de junio ante un grupo de representantes de organismos defensores de derechos humanos, organizaciones sociales, asociaciones civiles y dirigentes populares que acudieron a visitarlos. Esa mañana se cumplía exactamente un año de su detención.
Un portón negro, una reja con barrotes de metal y una más de malla, separan a los más de 200 internos del reclusorio de Etla de la pasividad de las calles sin pavimentar, estrechas y con olor a campo del municipio ubicado en la región de Valles Centrales, a poco más de media hora de la ciudad de Oaxaca de Juárez, capital de la entidad del sur-sureste.
Para ingresar al centro, generalmente es necesario pasar una exhaustiva revisión que incluye desnudar a los visitantes –incluso a las mujeres- en un pequeño cuarto de auscultación de no más de tres metros cuadrados para que los custodios se convenzan que no introducen en la ropa armas, drogas, celulares o cualquier otro objeto prohibido; incluso los menores, que por su corta edad no entienden por qué sus padres, hermanos, tíos o abuelos se encuentran ahí, son cateados hasta entre las cobijas.
Pero la comitiva que realizó la visita ese día se ahorró este procedimiento por una “atención” que los funcionarios dijeron tener hacia sus integrantes, aunque mantuvieron la prohibición de portar celulares, bolsas, cinturones, ropa oscura, bermudas o botas, la “manoseada” se libró con éxito.
Uno por uno entraron los “invitados”, primero las mujeres. Por una pequeña ventanilla del portón negro daban su nombre y casi de manera automática se abría la puerta. Un guardia mal encarado y vestido completamente de azul revisaba las identificaciones oficiales y luego que el intruso repetía su nombre completo y la autoridad certificaba que los datos correspondían a la credencial, con un gesto o ademán de mano, indicaba que siguieran.
Se abría así la reja de barrotes. Alrededor de un pequeño patio rectangular, más largo que ancho, se habían dispuesto decenas de sillas de metal que con el peso de los visitantes terminaron por hundir las delgadas patas en el revoltijo de lodo, aserrín grueso y una que otra basurilla vegetal que la hacía de pasto; también había tres mesas que sirvieron más tarde de comedor a internos y visitantes.
Desde una pequeña ventana custodiada por barrotes y malla de un edificio ubicado a pocos metros, los reos curioseaban con ojos vivaces a los recién llegados; se les veía inquietos y animados, de no ser por su situación, hubiera podido pensarse que hasta contentos.
Pasados algunos minutos de que todos los activistas y representantes sociales ocuparon sus lugares, desde una diminuta escalera descendió el grupo de reclusos.
Vestidos todos de color beige y calzado café, se congregaron junto a la puerta de malla que al abrirse, les permitió ingresar al patiecillo. Al frente del grupo, dos de ellos avanzaban portando de los extremos una tela roja con la inscripción: “Aún en la prisión nuestras alas son incontenibles. Libertad a los 25 presos políticos del 7 de junio”.
Despacio, con la serenidad que sólo quien se ha habituado a la espera podría tener, entraron.
Saludaron a sus visitantes uno por uno tendiendo la mano. Sus miradas, directas a las de sus interlocutores, transmitían confianza. Luego de los apretones de manos, suaves o más firmes, pero todos llenos de decisión, se sentaron en las frías sillas dispuestas frente a sus interlocutores.
Aluz -el único de los detenidos que ostenta un cargo al interior del frente- tomó la palabra para narrar parte de su detención, ocurrida el domingo siete de junio de 2015, día de elecciones intermedias a través de las que se renovaron los 500 espacios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, nueve gubernaturas, más de 900 presidencias municipales y 639 legisladores locales.
En Oaxaca, la ciudadanía votó para elegir a sus diputados federales, pero los simpatizantes del FPR no acudieron a las urnas por considerar que ningún partido político o sus candidatos, representaba una opción viable para ellos.
“Fuimos detenidos el siete de junio de 2015 por participar en una movilización masiva que se desarrolló en distintas ciudades y que buscaba evidenciar que en nuestro país no existe democracia. En esa movilización exigíamos, como lo seguimos haciendo, la presentación con vida de los 43 compañeros desaparecidos estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Manifestábamos también nuestro rechazo a la imposición de las llamadas reformas estructurales en el territorio nacional y particularmente en Oaxaca; nos solidarizábamos, como hoy lo seguimos haciendo, con la Sección 22 y con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación”, explicó el hombre alto, delgado, de tez morena y rasgos marcados desde una de las sillas ubicadas casi al centro de la fila.
Narró que tras su detención y luego de ser retirados de manera intempestiva y sin fundamento de territorio oaxaqueño, fueron golpeados, torturados e interrogados; tratados como prisioneros de guerra, de la peor forma que se puede tratar a una persona en un país que, como el nuestro, repite una y otra vez ante la comunidad internacional su compromiso con la observancia y respeto por los derechos humanos.
El grupo fue acusado de delitos electorales -pues los señalaban de haber sido parte de quienes robaron y quemaron papelería electoral-, de terrorismo y portación de armas de uso exclusivo del Ejército; sin embargo, no tuvieron conocimiento de dichos señalamientos hasta que fueron ingresados a los Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso) a miles de kilómetros de su hogar y tras un breve paso por la capital de la República, en donde ni un vaso con agua les dieron.
“Cuando nos ingresaron a esos grandes campos de concentración, vimos a los capos de la droga, a sus sicarios, a sus lugartenientes, ser tratados con todas las garantías, derechos y respeto que las autoridades podían otorgarles. Mientras que a nosotros nos llevaban a celdas de castigo y nos interrogaban, a ellos se les permitía libremente mantener comunicación con sus familiares, tener teléfonos celulares dentro de los Ceferesos, comunicación con los jefes de los penales y pasearse libremente para después salir bajo fianza, a pesar de estar acusados de delitos de delincuencia organizada, secuestro, portación, acopio y otros delitos que violaban la Ley Federal de Armas de Fuego o leyes contra la salud”, explicó Javier Aluz, quien antes de ser detenido se desempeñaba como abogado en un pequeño bufete jurídico.
Endeble acusación
Al grupo lo acusaron de violar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos luego que policías federales declararan que cada uno de ellos, portaba una mochila con botellas descritas como “bombas molotov”; sin embargo, hay reportes oficiales que dieron cuenta que la marcha en la que participaron fue pacífica, además que no se registró ningún enfrentamiento o incidente que pudiera relacionarse con dichos artefactos.
Este delito, es el único que los mantiene lejos de sus familias pues el Estado no pudo acreditar la comisión de delitos electorales y mucho menos de terrorismo, por lo que consideran que el Juez Tercero de Distrito, Amado Chinas Fuentes, tiene la consigna del gobierno federal, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), de mantenerlos en prisión aunque se carezca de fundamentos para ellos.
Además, en la legislación antes citada –expedida en 1972, pero modificada por última vez en mayo de 2015- ni siquiera se menciona a las llamadas “bombas molotov” como de uso exclusivo de las fuerzas armadas y en ninguna operación que hayan participado se documenta su utilización.
El artículo 11 enumera las armas, municiones y material que sólo pueden utilizar los integrantes de la Marina y del Ejército mexicano y que van desde revólveres calibre .357 Magnum, los superiores a .38 Especial, pistolas calibre 9 milímetros (mm), Parabellum, Luger y similares, las .38 Súper y Comando, fusiles, mosquetones, carabinas y tercerolas en calibre .223, 7 mm, 7. 62 mm, hasta carabinas calibre .30 en todos sus modelos.
También se prohíbe la portación de pistolas, carabinas y fusiles con sistema de ráfaga, subametralladoras, metralletas y ametralladoras en todos sus calibres; escopetas con cañón de longitud inferior a 635 mm, las de calibre superior al 12, los lanza gases (con excepción de las de uso industrial); municiones para las armas anteriores y cartuchos con artificios especiales como trazadores, incendiarios, perforantes, fumígenos, expansivos de gases y los cargados con postas superiores a .84 centímetros de diámetro para escopeta.
Cañones, piezas de artillería, morteros y carros de combate con aditamentos, accesorios, proyectiles y municiones, proyectiles-cohete, torpedos, granadas, minas, cargas de profundidad, lanzallamas, bayonetas, sables y lanzas; navíos, submarinos, embarcaciones e hidroaviones para la guerra naval y su armamento, aeronaves de guerra y su armamento, tampoco deben ser utilizados por la población civil.
Artificios de guerra, gases y hasta sustancias químicas de aplicación exclusivamente militar y, en general, todas las armas, municiones y materiales destinados exclusivamente para la guerra, quedan confinados para uso exclusivo de la milicia.
Únicamente en el inciso “h” del citado artículo se hace referencia a la prohibición del uso de “bombas” –entre las granadas y minas- sin que se especifique las características de dichos artefactos.
A pesar de lo limitante de las circunstancias, los presos del Frente Popular Revolucionario, mantienen firmes sus convicciones. La manta que portaban al ingresar, fue colocada en la malla, a espaldas de donde permanecían sentados los presos, en su mayoría jóvenes que antes de conocer la cárcel dedicaban sus faenas a estudiar o trabajar para ayudar económicamente a sus familias.
“A nosotros, ni la detención, ni los golpes, ni la tortura, ni la discriminación ni los malos tratos en la prisión han mermado nuestro ánimo. Hemos hecho esta pequeña manta que tenemos aquí, para manifestar que, aún desde la prisión, nosotros seguimos luchando. Estamos presos únicamente de forma física porque todos los días, al menos de corazón y con el pensamiento, marchamos con la CNTE en las calles de Oaxaca y en todo el país; marchamos con los del Politécnico, con los compañeros de las CRAC, marchamos con los compañeros de la 28 de octubre, marchamos con los telefonistas y con todos los que se oponen a este régimen de odio, de terror y de miseria que implica el gobierno de Peña Nieto y los partidos del Pacto por México”, sentenció Aluz.
Sin embargo, tan sólo unos minutos después, uno de los guardias exigió el retiro del textil rojo que fue pintado de manera clandestina en la oscuridad que debe imperar en una cárcel.
Uno de los presos se levantó para quitarla, ayudado de un representante sindical que fue designado para entregar la manta a los familiares de los detenidos que por la tarde, marcharon en la capital oaxaqueña.
Aluz recordó al resto de los 25 – Byron Rojas Gómez, José de Jesús Martínez Castellanos, Eugenio Hernández Gaytán, Celso Castillo Martínez, Roque coca Gómez, Luis Enrique Gómez Gómez y Feliciano García Martínez- ocho presos indígenas alejados aún más de sus familias, por permanecer en el penal de Mengolí de Morelos, en el municipio de Miahuatlán, considerado de alta seguridad y hasta donde les es casi imposible a los suyos trasladarse a visitarlos.
Denunció que durante las primeras horas de la detención se violaron las disposiciones constitucionales, pues se les privó del derecho a tener comunicación con sus defensores; además, se les ha estigmatizado en los medios de comunicación como bárbaros, violentos, como quienes buscan, a toda costa, la destrucción del tejido social.
“Paradójicamente lo dice quien impuso el estado de sitio en Oaxaca; quien trajo los rinocerontes, las tanquetas de guerra, las tanquetas antimotines, los helicópteros, la gendarmería, el Ejército, la Policía Federal a patrullar estas calles que, a diferencia del norte del país, no lo necesitan. Estas calles donde la única violencia que existe, es la violencia del Estado hacia el pueblo trabajador”, dijo Javier Aluz.
Antes de pasar la palabra a sus compañeros, el líder moral de los detenidos se dijo optimista de que a través de la lucha en las calles, con la movilización política y con la organización del pueblo, se pueda liberar a todos los presos políticos del país para “reconquistar los derechos que nos han arrebatado y a transformar la sociedad completa”.
Imposición y sicarios
Eduardo Palma Santiago, un padre trabajador de poco más de 20 años estuvo algunos meses en el penal de Villa Aldama, Veracruz, donde compartió celda con narcotraficantes y sicarios que estaban acusados del mismo delito que él y sus compañeros, pero que dejaron el centro de máxima seguridad con toda tranquilidad luego de pagar la insignificante fianza requerida por las autoridades.
“Vimos en las noticias que a El Chapo le dieron no sé cuántos días para que se amparara y no lo llevaran a Estados Unidos y a nosotros no; nos desaparecieron de Oaxaca como viles delincuentes y eso no va”, dijo en tono crítico el joven de grandes ojos sentado a un extremo de la fila no sin antes subrayar su determinación de seguir luchando por la libertad de todo el grupo y de acusar a las autoridades de los tres niveles de gobierno de haberlos detenido de forma brutal, golpeado y de haber pasado sobre su dignidad.
El detenido contó que todavía, a meses de la agresión física, varios de ellos amanecen con dolor por los golpes, tortura y azotes pero tienen que aguantarlo y aunque reconoció que en muchas ocasiones no pueden hablar de sus sentimientos, dolencias y temores, pero la visita les dio fuerza suficiente para hacerlo y denunciar todas las arbitrariedades sufridas.
“Por protestar en contra del gobierno por las reformas estructurales se nos encarcela, muchos somos estudiantes, otros se dedican al trabajo diario como obreros. Yo me dedicaba a recolectar desechos industriales en una camioneta de basura. A mí me afectan todas esas cosas que el gobierno impone como las reformas estructurales. Muchos de nosotros somos conscientes que el gobierno, entre más tiene, abarca más y quiere imponernos cosas a nosotros como sociedad”, dijo el también licenciado en Artes Plásticas, originario de Nochixtlán, municipio ubicado en la Mixteca oaxaqueña.
Reiteró que el día de la marcha, ninguno de los participantes portaba algún tipo de objeto que los pudiera vincular con los delitos de los que se les acusa, pues “lo único que llevábamos eran nuestras voces de protesta”.
Eduardo habló de la preocupación que todos sus compañeros sienten por sus familias, pues la mayoría tiene hijos pequeños que no cuentan con su cuidado por permanecer ellos en la cárcel y aunque trabajan en el penal confeccionando bolsas, carteras o monederos artesanales que luego entregan a sus familiares para que las vendan y puedan generar un ingreso económico, saben que no es suficiente.
“Afuera puedes generar más ingresos, aquí en prisión no tienes la capacidad de alimentar a tu familia. Nosotros no somos ningunos delincuentes. Al penal de Villa Aldama llegó un capo que supuestamente era mano derecha del Cártel del Golfo y decía: ‘no hay problema, yo ya tengo compradas a las autoridades, nada más es cuestión de días para que pueda salir libre. Compro al juez, compro a las autoridades y no hay problema’. ¿Qué pasa con la sociedad mexicana? Está corrompida en todos sentidos y cuando quieres protestar, te encarcelan o te reprimen”, reflexionó.
Luis Enrique López López se declaró indignado por la forma en que fue detenido junto con sus compañeros, nada más por participar en una marcha para evidenciar su descontento con el gobierno federal y su forma de hacer política: la imposición.
“Yo soy padre de familia y nunca había pisado una cárcel. Me dedicaba a trabajar y ahora mi familia, mis hijos, están destrozados. A mí me tocó estar en Nayarit, donde secuestradores y los que transportaban drogas, en cuestión de días se iban. Yo que sólo fui a una manifestación llevo un año preso”, dijo frente a los dirigentes sociales que permanecían frente al grupo.
Criticó que a personas que incluso reconocen haber cometido delitos graves en los penales se les trate con toda cordialidad, se les deje libres y en posibilidad de seguir con sus fechorías, contrario a sus compañeros que, a pesar de haber tramitado un amparo para no ser trasladados fuera de Oaxaca, se les incomunicó y aisló por meses de sus seres queridos.
“Llegaron por nosotros una noche. Ya de madrugada nos sacaron. Nos llevaron en un avión, nos golpearon, nos torturaron en el camino. Fuimos incomunicados, fuimos tratados brutalmente. Algunos de nosotros todavía conservamos marcas en el cuerpo y las secuelas, pero el problema no es sólo eso; es el trato que se nos da sólo por alzar la voz, por decir lo que muchos quisieran pero que nadie se atreve porque sabe que estas será la reacción de un gobierno represor que solamente busca dañarnos”, explicó.
Santiago García, de los más jóvenes del grupo, recordó que varios de los detenidos iban con sus familias el día de la manifestación y que sus madres, hermanas y esposas, no se salvaron de la agresión, pues muchas de ellas fueron golpeadas por los uniformados que les taparon el paso y prácticamente los secuestraron.
“¿Cómo a unos simples ciudadanos, por alzar la voz, se les castiga tan brutalmente?”, se preguntó; sin embargo, con más fe en la voz sentenció: “sabemos que vamos a salir de aquí algún día. No nos detendrán estas mallas, estas paredes; seguiremos luchando por tratar de cambiar este sistema”.
Javier Aluz Mancera retomó la palabra para narrar que durante la detención y traslados, además de los golpes y tortura física y psicológica, los policías federales los amenazaron con no permitirles volver a ver a sus familias.
“Les decían: ‘los vamos a llevar a Japón, hijos de la chingada. Los vamos a aventar del avión’. Los golpes se sucedían una y otra vez. Nos decían que ya no íbamos a ver a nuestras familias, nos decían que nos iban a violar, que era mejor que confesáramos de qué grupo guerrillero éramos y que confesáramos quién nos daba el entrenamiento. Por no querer hablar y decir las cosas que ellos querían escuchar, a uno de los compañeros le arrancaron una uña”, contó.
Ya en el penal, varias veces escuchó en el patio que por teléfono, algunos presos amenazaban a sus abogados -e incluso a los jueces- diciéndoles que si no los sacaba secuestrarían a sus hijos o a sus esposas y ellos, ansiando sólo la aplicación de la justicia.
Agregó que ya en las instalaciones de la PGR, en la agencia de Camarones –en la delegación Azcapotzalco- “se burlaban de nosotros preguntándonos en dónde estábamos. Nos decían que estábamos desaparecidos y que si habían desaparecido a 43, podían desaparecer a 25. Se burlaban de nosotros diciendo que ya no íbamos a ver la luz del sol”.
“Fuimos atados de pies y manos; nos amenazaron con que nos iban a desaparecer, que nos iban a tirar al mar, todo tipo de agresiones. A pesar de eso, no hemos bajado la guardia, esos golpes, el encarcelamiento, nos ha hecho más fuertes. Saliendo, vamos a seguir luchando, ellos creen que con esto ya nos dieron un escarmiento pero no, la verdad, no tenemos nada que escarmentar”
Todo, por esta pinche opción
El líder de los detenidos acusó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de negligencia y complicidad con las violaciones de que fueron objeto, pues a pesar de personal bajo su cargo se trasladó al penal de Veracruz a conocer el testimonio de los detenidos, el legista se negó a certificar el deplorable estado de salud que tenía la mayoría de ellos.
“El legista nos decía: ‘no voy a tomar ninguna prueba física porque no presentas ningún golpe’, a pesar de que los llevábamos frescos. Eran evidentes en nuestros rostros y en nuestros cuerpos. Algunos no podíamos ni caminar. La primera medicina que se nos dio para el dolor fue en este centro, después de que fuimos trasladados, después de mucha presión también, porque tuvimos que traer médicos particulares para que nos atendieran”, acusó Aluz.
Además, denunció que la comisión, encabezada por Luis Raúl González Pérez, negó tener conocimiento del caso, a pesar de que desde la aprehensión en Oaxaca solicitaron su intervención y también la de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), aunque esta última se declaró incompetente.
“Vamos a salir a luchar, compañeros. Aquí nadie ha escarmentado, porque no tenemos nada que escarmentar; aquí ninguno de nosotros pide el indulto porque no tenemos nada de qué pedir perdón. Aquí nadie de nosotros pide libertad condicionada, porque no cometimos ningún delito. Nosotros queremos salir absueltos y demostrar que es el Estado mexicano el que miente, no nosotros”, sentenció Javier Aluz, minutos antes de que sus familiares sirvieran la comida que desde la madrugada comenzaron a preparar para los internos y que incluía tacos dorados, chocolate, pan y agua de melón; un mangar para aquellos que meses antes pasaron tres días sin probar alimento hasta que fueron trasladados a los Ceferesos.
Ya durante el almuerzo, mientras algunas madres abrazaban a sus hijos, les daban recados o simplemente les contemplaban desde la absorta tranquilidad que debe darle a una madre el tener en los brazos a sus vástagos, el ambiente se relajó y por algunos minutos no importaron las rejas y mayas; los custodios que no dejaban de observar sus pasos y que cuidaban del tiempo para indicar que había sido todo y que debían regresar a la realidad de la prisión; a la monotonía de la espera y del ver pasar de las horas.
José Luis Alonso Vargas, de la organización Congreso Social, les regaló cuatro libros de historia y les aconsejó -desde la experiencia que le dio el pasar 16 meses también como preso político, recluido en Chihuahua- aprovechar la espera y leer, estudiar mucho para tener más y mejores herramientas para afrontar su destino, una vez que sean puestos en libertad.
En representación de Monseñor Arturo Lona Reyes, obispo emérito de la Diócesis de Tehuantepec; Félix Castellano Onofre recordó las palabras que algún día el clérigo también conocido como “el obispo de los pobres” le dijera: ‘todo, por esta piche opción; por los pobres, por los olvidados, los que se han quedado atrás en la lucha’.
Ante sus familiares y demás visitantes, aseguró a los presos que están en sus corazones y oraciones; les pidió no desfallecer y mantener sus convicciones intactas porque México les necesita.
“Monseñor les manda sus bendiciones y les dice que estamos con ustedes, hoy y siempre”, dijo Castellano minutos antes de que todos los visitantes tuviéramos que abandonar las instalaciones del penal ante la mirada triste, pero renovada, de los 17 simpatizantes del FPR presos.
En la siguiente entrega, los abogados del grupo explicaron a Revolución TRESPUNTOCERO las inconsistencias del caso, la violación al debido proceso y los argumentos jurídicos por los que exigen su inmediata liberación, así como el proceso que, de concretarse, podría sentar un precedente en la aplicación de la justicia en nuestro país.
