Por: Cecilia Balderas / Enviada especial
Tercera y última parte
(24 de junio, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- El Fraccionamiento Unidad Francisco Villa, mejor conocido como La Ocupa, está asentado en la parte más alta de una loma del municipio de Santa María Atzompa, Oaxaca, y compuesto por tres largas filas de construcciones idénticas de menos de 15 metros cuadrados que son el hogar de 158 familias simpatizantes del Frente Popular Revolucionario (FPR); 17 esperan el regreso de alguno de sus familiares detenidos en el Penal Regional de Etla o Miahuatlán y cuatro más, de por lo menos dos.
Tomaron posesión de los diminutos departamentos en diciembre de 2013 y han podido quedarse en el lugar gracias a un “acuerdo político” con el ayuntamiento. Nunca habían tenido un patrimonio propio y aunque formalmente ese tampoco lo es, para sus habitantes es lo más cercano a un hogar.
Ahí, entre las calles sin pavimentar, sin energía eléctrica, agua y mucho menos una línea telefónica fija que les hubiera permitido mantener comunicación con sus seres queridos mientras estaban en los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) de Nayarit y Veracruz, la solidaridad, el sentido de comunidad y seguridad –pues para entrar a él hay que pasar forzosamente por una de las cinco barricadas instaladas estratégicamente y custodiadas las 24 horas- han sido motores indispensables para mantener de pie a la veintena de mujeres que tuvieron que convertirse en cabeza de sus hogares tras la detención de los 25 en junio de 2015.
Micaela Islas Rosas espera la liberación de su hijo Diblallín Islas Rosas y de su yerno, Javier López Martínez. El día de la detención de sus familiares, ella se había quedado en La Ocupa con la encomienda de cuidar a varias mujeres embarazadas, a algunos menores y adultos mayores.
“Cuando los detuvieron, también comenzaron a acosar la ocupación. Nos estuvieron monitoreando a través de camionetas y motos. Hasta siete helicópteros llegaron aquí, era un tronar de casas tremendo. Los niños de quienes se habían ido a la marcha lloraban. Nos tuvieron en psicosis a las pocas personas que quedábamos aquí”, contó a Revolución TRESPUNTOCERO.
El siete de junio, fecha de la detención de los 25, nunca pasará desapercibido para ella, pues coincide con el cumpleaños de una de sus hijas –que padece hipertensión pulmonar, enfermedad crónica sin cura que requiere de tratamiento muy costoso que ningún seguro popular cubre por lo que ha tenido que permitir que se le apliquen tratamientos experimentales- y con el propio. Dos semanas antes, la joven había sido sometida a una cirugía de corazón y no pasaron muchos días para que sufriera una recaída.
Tras la detención, Diblallín y Javier fueron separados; el primero fue conducido al penal de Nayarit y el otro al de Veracruz. Atrás habían quedado los días de trabajo en familia, como comerciantes, y de apoyo común, pues ante alguna crisis o emergencia médica, alguno de los dos acudía en ayuda de Micaela, ahora es la cuida de toda su familia, incluidos sus cuatro nietos.
Tres minutos pudo hablar con ellos la única vez que le permitieron verlos mientras se encontraban en los penales federales.
“Mi hijo me decía: ‘mamá, estoy orinando sangre y tengo un brazo malo’. Mi respuesta fue: ‘hijo, yo te hice fuerte y así te quiero’. No le podía decir otra cosa, sólo que aguantara”, recuerda Micaela con voz entrecortada y pequeños brillos húmedos en los ojos.
Diblallín aún presenta secuelas por los golpes recibidos y persiste, entre otras lesiones, una inflamación en el pecho. Estudios que le realizaron hace poco, tras el traslado a Etla, revelaron que tiene desgarres internos de segundo nivel. En el penal, es nula la atención médica que recibe; a lo más que puede aspirar es a que le den pastillas para el dolor.
“Para una madre es muy duro ver a un hijo lastimado, sobre todo por algo que no hizo y que ninguno de los compañeros hizo; por eso los tenemos que defender. Manifestarnos es un derecho y lo vamos a seguir haciendo hasta tenerlos libres. Ellos no se arrepienten de haber estado en la marcha y tampoco ninguno de los compañeros. Todos somos una familia”, afirmó la mujer de cabello crespo y más de medio siglo de vida.
Cuando Micaela viajó a Nayarit para ver a su hijo, ocurrió un hecho que le hizo reafirmar su confianza y esperanza por ver un día libres a los suyos y así lo narró: “uno de los compañeros dijo: ‘doña Mica, le pido un favor: dígale a mi mujer que estoy bien, dígale que quiero a mis hijos’. Entonces, todos los compañeros empezaron a darme recados y yo les decía: ‘aguanten chamacos, van a salir’. Nunca se me va a olvidar que uno de ellos, cuando les dije que estábamos luchando, gritó: ‘y nosotros aquí, en pie de lucha’. Cuando levantó las manos, me di cuenta de que las tenía esposadas”.
El resto de los muchachos se sumó al grito que fue respondido por sus familiares desde el otro lado del vidrio que les impidió sentirse siquiera con las puntas de los dedos…
El abogado, el bodeguero y el licenciado
Yolanda Ruiz Cruz es pareja de José Enrique Ordaz Velasco, un estudiante de preparatoria que cuando se encontraba libre, trabajaba en un taller de motocicletas esperando terminar el ciclo escolar para hacer el examen de ingreso a la universidad para estudiar leyes.
“Es un joven muy alegre, dedicado a su familia; todavía vive con ellos, bueno, vivía. La detención le afectó bastante porque aspira a superarse”, narró la joven con una gran sonrisa en el rostro motivada por el simple hecho de pensar en él, imagen que contrasta significativamente con la expresión que mantuvo mientras recordaba paso a paso el momento de su detención y traslado hacia la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Oaxaca.
Ella, al igual que varios familiares de los detenidos, mantiene una representación permanente en el campamento que los profesores de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), instalaron en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca de Juárez, en apoyo al movimiento magisterial que lucha por sus propios presos políticos.
Yolanda participa activamente en la organización de las actividades y roles que los vecinos de La Ocupa realizan para mantener en funcionamiento a una casa de salud, guardería, educación preescolar y primaria, donde dan clases profesores de la disidencia magisterial. Todo está disponible para todos a menos de un kilómetro de distancia de sus hogares.
Su dedicación le permite saber que en el fraccionamiento vive aproximadamente un centenar de niños -35 de ellos nacidos durante el año que sus padres han estado encarcelados- y que sólo 160 de las 200 construcciones están ocupadas.
Aunque visitar a sus familiares y compañeros en el penal de Etla es más accesible que trasladarse a otra entidad para pasar unos minutos con ellos, Yolanda reitera que siguen encarcelados por manifestarse en contra del gobierno y no por ser delincuentes.
A la derecha, casi a la mitad de la última hilera de mini departamentos cuyos habitantes han acondicionado tablas, láminas e incluso lonas y plásticos como ventanas y puertas, vive Andrea Guzmán Ramos, esposa de Bailon Rojas Gómez, originario de Totontepec Villa de Morelos, comunidad ubicada en la Sierra Mixe.
Bailon -uno de los ocho indígenas que se encuentran recluidos en el Cefereso de Miahuatlán, catalogados como presos de media y alta peligrosidad- trabajaba en una bodega de pinturas y era el único sostén económico de su familia. Aunque tenía un sueldo limitado, era suficiente para que Andrea se dedicara a cuidar a la hija de ambos -de seis años de edad- quien es la que más ha resentido la ausencia del joven por la buena relación que tenían.
Todos los días pregunta por él, se cuestiona por qué está encerrado si sólo lo veía trabajar. Ansía su regreso y que la acompañe en la ceremonia de clausura de la escuela, pues está a punto de terminar el kínder.
Para mantener a su pequeña y ahorrar para poder visitar a su esposo –lo que se le ha dificultado más que a otras familias ya que al no estar casados por el civil no cuenta con documentos para comprobar el parentesco- vende tamales y pan que hace junto con las vecinas que son esposas, madres o hermanas de otros presos.
Con lágrimas en los ojos y visiblemente emocionada contó a Revolución TRESPUNTOCERO que él está desesperado; quiere ver a su hija pero no es fácil visitarlo por la falta de documentos y recursos para trasladarse hasta el penal de Miahuatlán. “Los ocho compañeros sufren mucho allá porque desde que los detuvieron no han visto a sus familiares. Ya llevan un año así”, dijo.
Las pocas veces que ha hablado con el padre de su hija le ha contado que -aunque todos están separados y si los ven hablando los reprenden- los golpean mucho. Desgraciadamente, por falta de recursos, no han logrado que alguna dependencia oficial dé seguimiento al estado de salud de los detenidos.
“Entre más nos quejamos, más los mandan a golpear. Nosotros tenemos que callarnos. Dicen que no pueden decir todo porque si se quejan, los mandan a golpear los celadores. A veces les dicen: ‘para que se quejen con gusto’ y por eso mismo, mi esposo dice que no puede decir nada, por miedo a que los sigan golpeando”, explicó la menuda mujer, apenas recuperada del llanto.
Sin embargo, los ocho aguantan los maltratos porque mantienen la firme convicción de que saldrán del penal porque saben que no hicieron nada más que ir a una manifestación y tener ideales por los que luchar.
El más pequeño de los hijos de Juana Ruiz Cruz y Eduardo Palma Santiago tenía apenas seis meses cuando él –originario de Nochixtlán, municipio ubicado en la región de la Mixteca que atrajo la atención de amplios sectores de la población el fin de semana del 18 de junio por la embestida que sufrió la población que apoya en movimiento magisterial a manos de la fuerzas de seguridad y que cobró la vida de al menos ocho personas- fue detenido. Ahora tiene año y medio y su hermano mayor, tres.
Eduardo estudió la licenciatura en Artes Plásticas y Visuales en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), pero no pudo terminarla por carecer de recursos. Se dedicaba a recolectar basura para mantener a su familia. Aun estando libre, vivían de manera precaria. Su primer hijo padeció amibiasis crónica desde el mes y medio de nacido y todavía padece alergias.
La amibiasis, presente hasta hace medio año, se manifestaba con mucho dolor y molestias en el estómago. Aunque lo desparasitaban, la enfermedad le volvía cada mes y a pesar de muchos estudios y análisis, nunca quedó claro qué la originaba.
Juana estudiaba la licenciatura en Contaduría Pública. “Mi esposo prácticamente trabajaba desde las seis de la mañana hasta las 11 de la noche; cuando llegaba, jugaba un rato con los niños o los llevaba a dormir mientras yo hacía mis tareas para ir a la escuela al otro día”.
Sin embargo, cuando fue detenido, ella tuvo que abandonar los estudios para hacerse cargo de sus pequeños, pero tuvo que pedir ayuda a su familia porque sufrió una crisis depresiva que le impidió trabajar por algunos meses, le hizo perder más de 10 kilos y por falta de recursos, abandonó la dieta que los doctores le habían recomendado para restaurar la salud de los menores. Por la misma época, su hijo menor desarrolló bronquitis y de un momento a otro dejaba de respirar por lo que tenía que buscar la ayuda de algún vecino para salir corriendo con él al hospital.
Eduardo también padece de la garganta. Recientemente le detectaron dos bacterias y aunque las autoridades penitenciarias saben que necesita tratamiento, no ha sido fácil que se lo brinden.
“Me dijo que los maltrataron en el viaje, pero no me quiso contar detalles porque era como causarme un sufrimiento más y no quería que eso pasara. Me pidió que trataba de olvidarlo y tal vez cuando saliera me lo contaría. Se preocupa mucho por sus hijos”, contó tímida la joven en entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO.
Aún frente a este escenario tan adverso, Juana está determinada a regresar a la escuela para tener mayores posibilidades de darles una vida digna a sus pequeños.
Al preguntarle qué le diría a su esposo si lo tuviera en frente, declaró entre lágrimas: “le diría que lo quiero mucho, que siempre vamos a estar juntos. Siempre le digo que cuando seamos ancianos, vamos a estar arrugaditos, queriéndonos”…
Ante amenazas, la fe
Irma López está tan convencida de que su esposo, Javier Aluz Mancera y los otros 24 presos políticos saldrán en libertad, que ya sabe cómo celebrarán: con una marcha y después, unas buenas vacaciones.
La familia Aluz López está conformada del papá, la mamá y dos hijos: una niña de 11 años y un pequeño de apenas nueve meses de edad. Él es abogado y antes de ser aprehendido, trabajaba en un pequeño despacho.
Irma tenía seis meses de embarazo cuando se realizó la marcha y la detención. Estaba entre el grupo que se quedó en el fraccionamiento con doña Mica y se disponían a comer todos juntos, cuando una persona que fue testigo de la detención, llegó a avisarles lo que había sucedido.
“Traté de mantener la calma y comunicarme con él pero ya no se pudo; los celulares mandaban a buzón. No sabíamos qué iba a pasar”, contó la joven y delgada mujer que ha perdido mucho peso el año que ha tenido lejos a Javier.
La primera vez que pudo verlo fue luego de que él había permanecido ya varias semanas en el Cefereso de Villa Aldama, Veracruz, un penal de máxima seguridad en el que se encuentran internados reos de alta peligrosidad acusados de estar relacionados con el crimen organizado, entre otros.
En septiembre de 2015 -aproximadamente 15 días después de haber tenido a su bebé- una colecta entre los miembros del Frente Popular Revolucionario (FPR) le permitió a la joven contar con recursos para viajar hasta la entidad costera. De un reducido grupo que quería ver a sus familiares, Irma fue a la única que le permitieron accesar al penal.
“Es bastante deprimente el lugar. Está muy custodiado, hay mucha policía por todos lados. Él se veía muy triste. Los rapan totalmente, andan uniformados, tienen un gafete con su foto, su nombre y de qué están acusados”, recordó.
Para acceder al Cefereso y hablar con los reos en los locutorios se tienen que pasar cuatro filtros de seguridad. El visitante y el visitado no se pueden tocar; el vidrio que permanece inerte entre ellos apenas tiene unos pequeños orificios por donde, muy a fuerza, se filtran las palabras; tienen que estar muy cerca para poder escuchase mutuamente. En los meses que su esposo pasó en Villa Aldama, no pudo regresar a verlo.
Javier conoció a Dante, su hijo menor, cuando tenía poco más de un mes de nacido, luego de haber sido trasladado al penal de Etla, pero sólo pudo tocarlo a través de una reja: pasó un par de dedos entre el alambrado para brindarle una caricia y lo besó teniendo como intermediaria a la valla.
El embarazo de Irma se complicó desde la detención de los 25. Perdió más de 12 kilos y una vez que nació su pequeño tuvo que permanecer internado algunos días a causa de la enfermedad que comparte con su padre: insuficiencia cardiaca. Afortunadamente, con el pasar de los meses, ha mejorado bastante su condición y hoy es el centro de atención de La Ocupa; se apodera de cada rincón al que Irma entra llevándolo con balbuceos y gritos. Hay quien le augura un futuro de líder, como su padre.
Irma es del estado de México y Javier de Hidalgo, por lo que carecen de familiares que los apoyen en Oaxaca; sin embargo, los integrantes de la organización han suplido ese rol, ayudándole todo el tiempo que él ha estado preso.
Su hija mayor se enteró de la detención de Javier al mismo tiempo que Irma. En algunas ocasiones, estuvo segura de que no lo volvería a ver nunca, pues el traslado hacia el penal de Etla que había sido autorizado desde agosto de 2015, no se pudo concretar sino dos meses después.
Irma sabe que han maltratado y torturado a su esposo, a pesar de que él no ha querido revelarle los detalles de los días que compartió con narcotraficantes y sicarios en el Cefereso de Veracruz.
“Sólo me dijo que había sido difícil. Más para él, que dentro de la organización tiene un puesto de dirigente. Le dijeron los federales que ‘para él, trato especial’. En el traslado, en el avión lo llevaron colgado de las esposas. Les habían dicho que todos se iban a quedar en Nayarit pero sólo una parte se quedó ahí, al resto lo llevaron a Veracruz”, contó Irma.
“Lo sacaban de madrugada de su celda para interrogatorio y lo dejaban colgado. Me dijo que en Villa Aldama todavía hay celdas de tortura, no tienen piso, alcantarilla nada más. Están acondicionadas para colgar a los presos y ciertas armas para torturarlos. A él, aunque sufre una cardiopatía, le dieron toques eléctricos en el corazón y en los testículos”, le contó Javier a Irma luego de ser trasladado a Etla.
Dos meses después de la detención de los 25, Irma recibió llamadas y mensajes telefónicos con amenazas de muerte en contra de ella y de sus hijos.
“Nos dijeron que ya sabían a quién tenían detenido; me dieron el nombre de mi esposo, de mis hijos, de mis hermanas y que si no les daba dinero me mandarían un regalo”, recordó Irma y aunque denunció ante la PGR, a casi un año no le han llamado para reiterar la denuncia. Dos días antes de que hablara con Revolución TRESPUNTOCERO, tenía una cita que le fue cancelada de último momento.
Irma sabe que su familia, al igual que el resto de sus compañeros que simpatizan con el FPR, tiene un ideal bien cimentado y quieren que sus hijos crezcan con un buen ejemplo, por lo que se rehúsan a ser padres que se venden o huyen ante el menor indicio de represión.
“Cuando salgan vamos a celebrar con una marcha para que vean que no tenemos miedo. Exigir los derechos que nos corresponden no es un delito. Después de la marcha, espero que podamos tomarnos unas vacaciones, queremos convivir como familia y después, retomar las responsabilidades que tenemos en la organización que ha sido nuestro apoyo y no nos ha dejado solos”, explicó la joven.
A Betzabé Chonteco Reyes, una adolescente de 15 años, también le cambió la vida que su padre, Jorge Chonteco Jiménez, cumpla ya un año en prisión.
Sus dos padres fueron detenidos el día de la marcha, pero a su mamá la pusieron en libertad luego de unas horas. La familia pensó que lo mismo pasaría con el padre, pero no fue así.
Cuando fueron conducidos al cuartel de San Bartolo, Betzabé y su madre se trasladaron hasta allá pero al llegar, les informaron que el grupo ya no estaba ahí. Siguieron buscando, solicitando información en varias dependencias del estado pero lo único que pudieron saber es que ya habían sacado a su padre de Oaxaca.
“Nuestra vida cambió de un momento a otro, fue muy radical. Como mi papá era el que traía dinero a la casa, después de su detención mi mamá tuvo que conseguir trabajo. Tengo dos hermanas, una en la secundaria y otra en la primaria. Yo soy la mayor y tengo que ver por ellas, por eso dejé de estudiar este año”, contó la niña.
Aunque desde que fue trasladado a Etla la niña ha visto a su padre casi cada semana, la experiencia le ha enseñado a valorar muchas cosas –como el tiempo que pasaba con él sin que le contaran las horas, la apuraran o la desnudaran para permitirle verlo- y a tomar conciencia de que no quiere que su familia padezca injusticias.
Sus hermanas también extrañan a Chonteco -como cariñosamente le llaman sus compañeros y en La Ocupa-, estaban acostumbradas a verlo diario, a compartir la cena con él, a sus regaños y llamadas de atención. Ahora se sienten desprotegidas; sin embargo, mantienen la esperanza de que saldrá libre.
Betzabé pretende regresar a la escuela para estudiar leyes y cambiar una dinámica que le incomoda hasta los huesos: que la aplicación de las normas y leyes esté supeditada al tamaño de la billetera de las víctimas y victimarios; es decir, que la justicia se aplique a quien no tiene posibilidades de comprar su libertad aunque sea inocente.
Los otros presos
En Oaxaca, los 25 simpatizantes del Frente Popular Revolucionario (FPR) que se encuentran encarcelados, son solo la tercera parte de los 73 presos políticos de la entidad.
La de Damián Gallardo Martínez, profesor egresado del Centro Regional de Educación de Oaxaca (Credo), luchador social, defensor de derechos humanos, parte del Comité por la libertad de Felipe Martínez Soriano –medio hermano del coordinador parlamentario de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri- recientemente fallecido, impulsor de la creación del Comité de Estudiantes de la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca (CENEO), impulsor de la creación del Bachillerato Integral Polivalente e integrante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en 2006, es una de las historias más emblemáticas.
Yolanda Barranco Hernández, maestra de la Sección 22, defensora de derechos humanos e integrante del Comité de Familiares, Amigas y Amigos por la Libertad de Damián Gallardo Martínez -preso en el Cefereso N. 2, en El Salto, Jalisco- tiene tres años luchando porque dejen libre a su esposo, de los pocos reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como preso político y de conciencia.
El 18 de mayo de 2013, Gallardo fue detenido alrededor de la 1:30 horas, cuando un grupo de personas que dijeron ser policías, que portaban uniformes azules y armas de grueso calibre, entraron a su casa de manera violenta e ilegal, pues no mostraron ninguna orden de aprehensión o de cateo. Lo sacaron de la cama y se lo llevaron para después acusarlo de delincuencia organizada y del secuestro de dos niños, integrantes de una de las familias más prominentes de Oaxaca: los Candiani.
La maestra sostiene que los supuestos uniformados falsearon información en la hoja de presentación de su esposo, pues argumentaron que la aprehensión se dio mientras él caminaba por la calle y que no opuso ninguna resistencia, cuando prácticamente fue sacado a la fuerza de su domicilio; también afirmó que la acusación hecha por el Estado es una farsa que no ha podido ser demostrada por el Ministerio Público en todo este tiempo y por lo tanto, no hay argumentos para que siga preso.
Desde las primeras horas de la detención, la maestra denunció que su esposo fue víctima de desaparición forzada, pues no supieron de él en más de 30 horas, además de tortura.
“Para que Damián se inculpara lo torturaron física y emocionalmente; le dijeron que nos llevaban a mí y a mi hija de nueve años de edad y que si no firmaba las hojas, nos iban a violar y a desaparecer”, contó la activista a Revolución TRESPUNTOCERO.
Aunque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) corroboró que Gallardo estaba golpeado, en su informe dijo que las lesiones habían sido producto de un accidente; sin embargo, tras la aplicación del Protocolo de Estambul, se confirmó que había sido torturado.
En el penal, se ha ido agravando el problema de carnosidad que Gallardo Martínez padece, también le detectaron un problema en el hígado; sin embargo, Yolanda sostiene que mental y anímicamente está bien pues se le permite leer, escribir y pintar, aunque persiste un estado de acoso dentro del Cefereso al que se ha enfrentado por años.
En mayo de 2014, recrudecieron las agresiones físicas y el hostigamiento. Por si fuera poco, un interno lo acusó de haber cometido otros delitos, por lo que se interpuso una queja, denunciaron los hechos y cesó el hostigamiento temporalmente. El año pasado volvió, luego del cambio del titular del Cefereso, pues el nuevo era asiduo a violar los protocolos de revisión y desnudar a los internos para obligarlos a hacer sentadillas.
Se interpusieron quejas ante la CNDH y también acudieron a instancias internacionales. La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), el Observatorio de Derechos Humanos, entre otras, exigieron que le retiraran los diversos castigos impuestos al profesor durante 15 días y que llegaban al extremo de no dejarlo interactuar con los demás presos o salir al patio; incluso le prohibieron leer.
En agosto de 2014, la ONU se pronunció sobre el caso y exigió al gobierno mexicano que liberara al profesor indígena pero hasta la fecha, la administración de Peña Nieto ha guardado silencio y no ha emitido respuesta alguna sobre el particular. Meses después, emitió recomendaciones similares a favor de Pedro Canché, periodista indígena detenido en Quintana Roo y Nestora Salgado, líder de policías comunitarias de Guerrero. Ambos ya están en libertad.
“Esperamos que el gobierno mexicano dé respuesta a la ONU. No nos van a parar hasta que lo dejen libre, porque estamos seguros que así debe ser. Son demasiadas las violaciones a derechos humanos cometidas en su contra y al debido proceso”, subrayó la activista.
Aunque han buscado interlocución con el gobierno federal para que informe por qué no ordena la liberación del docente, las dependencias se han cerrado a toda posibilidad de diálogo y tampoco aceptan que en territorio mexicano haya presos políticos.
Hasta antes de la última embestida del gobierno de Peña Nieto en contra del magisterio disidente –y la aprehensión de dos de sus dirigentes: Rubén Núñez, secretario general y Francisco Villalobos, secretario de organización- la Sección 22 de Oaxaca reivindicaba 11 presos políticos: Damián Gallardo Martínez, Mario Oliverio Osorio, Leonel Manzano Sosa, Lauro Atilano Grijalva Villalobos, Sara Altamirano Ramos, Othón Nazariega Segura, Efraín Picaso Pérez, Roberto Abel Jiménez García, Juan Carlos Orozco Matus, Aciel Sibaja Mendoza y Heriberto Magariño López.
José Antonio Altamirano Ojeda, integrante de la Comisión Política Nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y representante de la Sección 22, explicó a Revolución TRESPUNTOCERO, que el magisterio reivindica la exigencia de libertad a los presos políticos, por “cuestión de principios”.
Denunció que la violación a los derechos humanos, las detenciones arbitrarias y la criminalización de la protesta social, se han convertido en “políticas de Estado” porque “a toda costa quieren instrumentar sus reformas estructurales, de manera particular, la mal llamada reforma educativa, y no encuentran alternativas para hacerlo. La única de la que se valen es la represión pero con nosotros, se toparon con pared”.
El relevo en la gubernatura de la entidad y el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y aliados a través de Alejandro Murat, no representa una alternativa para la lucha magisterial; por el contrario, los docentes prevén que continúe e incluso se recrudezca –como ya lo vimos en Nochixtlán- la intervención policiaca y militar para intentar desarticular a los movimientos opositores.
“Murat no representa ninguna alternativa. Todo mundo sabe que se cometió un fraude para concretar su llegada a la gubernatura de Oaxaca. La única alternativa es la lucha organizada, pacífica y la desobediencia civil de las leyes que consideramos injustas”, dijo el dirigente en medio de una manifestación masiva que avanzó por las calles de Oaxaca de Juárez para exigir la liberación de los 25…
