(15 de julio, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- María se encontraba en un restaurante, mientras esperaba una cita médica, cuando vio en la televisión del establecimiento, una noticia sobre una banda de secuestradores que habían sido detenidos. En el noticiario que se transmitía apareció un grupo de hombres, a quienes les colocaron enfrente las supuestas armas que les habían sido decomisadas.
Ella gritó y de inmediato comenzó a llorar desesperada, uno de los detenidos era su hijo, “y no era un secuestrador”. Ese mismo día, el joven y los otros detenidos fueron trasladados a dos casas particulares a bordo de vehículos no oficiales. En el trayecto, así como durante su permanencia en dichas casas, fueron sometidos a actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Continuaron siendo objeto de golpes, descargas eléctricas y asfixia. Además, fueron víctimas de tortura psicológica, ya que amenazaban con matarlos, poniéndoles una pistola en la cabeza, si no se declaraban culpables de un secuestro.
María narra a Revolución TRESPUNTOCERO que derivado del impacto que padeció al conocer la noticia de su hijo en televisión y no por alguna llamada telefónica que le indicara que estaba detenido, sufrió un infarto y poco tiempo después fue diagnosticada con diabetes.
“Las enfermedades comenzaron a llegar y yo al ver a mi hijo moribundo empeoré, porque él negaba la tortura, pero en su cuerpo era más que evidente. Pero se callaba, vivía amenazado, sin embargo las secuelas se quedaron de por vida, ante la desesperación de hacer cualquier cosa para demostrar su inocencia y la cerrazón de las autoridades, pensé en el suicidio.
La desesperación ante cada negativa de las autoridades provocaba que quisiera dejar de luchar, incluso yo sufrí tortura, por eso tuve que mudarme varias veces por el asedio de los marinos, que llegaban y vigilaban mi casa o incluso catearon sin razón alguna, a veces pasada la media noche y con lluvia, así cualquier quiere morirse, pero resistí”.
Hoy la ONU ha reconocido que el hijo de María como los otros detenidos por el mismo delito son inocentes y fueron víctimas de tortura, sin embargo el caso sigue sin resolverse, y aún cuando se ha reconocido las secuelas físicas, nunca se ha mencionado que fue derivado de tortura.
“En la medida que el Estado no reconozca que existe tortura no se dará paso a la reparación integral. Las pocas acciones que surgen, al menos en nuestra experiencia, no han servido de mucho, porque se ha buscado cubrir el problema y así es como pierde toda validez las propuestas del Estado.
Sin embargo lo que se busca es todo lo contrario, que el Estado acepte que existe la violación a derechos humanos y dentro de esto la tortura que es la metodología por excelencia para obtener confesiones e incluso se ha validado como estrategia; esto es sistemático y se da en todos los niveles y estados”, afirma a Revolución TRESPUNTOCERO Valeria Moscoso, Directora del área de psicosocial de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
Moscoso asegura que no ha existido una voluntad política de parte del Estado para dar seguimiento a los casos, y tampoco parece existir una posibilidad cercana que esto suceda, ya que las condiciones para dar ese paso no lo ha dado el gobierno, puesto que de hacerlo, cualquier tipo de atención, o tratamiento, o estrategia aplicada a las víctimas de tortura beneficiaría en su bienestar.
Según información del Consejero de la CDHDF, Juan Luis Gómez Jardón, el problema en México no es de leyes, pues “ya tenemos muchas”, sino de su operatividad. Así ha dicho que uno de los retos del Sistema de Justicia Penal Oral es el delito de tortura y el de tratos crueles, inhumanos y degradantes, que coordinadamente deberán prevenir, investigar, juzgar y sancionar las autoridades de los tres órdenes de Gobierno.
También se ha pedido que los legisladores mantengan los estándares y que incluso pudieran hacer una ley más proteccionista, en por lo menos cinco temas, tales como la tipificación adecuada de la tortura, así como de las penas y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, por la finalidad que persiguen y por la similitud de los daños que genera en la víctima y en sus familiares.
“Sin embargo eso podría o no aplicarse, así sea la ley sumamente precisa, hablamos de un Estado que se caracteriza por la tortura, es imposible que se detenga, y para quienes ya padecieron, para ellos también debe existir propuestas, desde las organizaciones se debe presionar para que existan centros de rehabilitación física y psicológica.
Porque quienes logran salir de la prisión, no vuelven a tener una vida normal después de los tratos crueles y tortura. Hablamos de seres humanos a quienes el gobierno ha usado y que al parecer jamás, sin una presión contundente, les resarcirá el daño porque incluye exhibirse como quien comete la tortura”, menciona a Revolución TRESPUNTOCERO la derechohumanista Andrea Delgado.
Moscoso asegura que es difícil que las víctimas salgan del trance que les genera la tortura, si el propio Estado es quien lo niega constantemente, lo cual ha venido generando desde años atrás una ruptura del tejido social, no existe confianza entre autoridad y pueblo, lo que impide que se siga caminando de manera armónica.
Agrega que los niveles de violencia han ido en aumento, por lo que “el valor de una vida comienza a ser tan poco para tantas personas, el propio Estado nos ha demostrado que para ellos el valor de una vida es nada, entonces qué se esperaría de la sociedad para lograr esta problemática”.
La especialista afirma que existen leyes que pueden combatir el problema pero de nada han servido cuando es el sistema gubernamental quien se han negado a dar seguimiento e investigación, para después aceptar y llegar a una sanción cuando se habla del ejercicio de la tortura.
Moscoso asegura que la tortura la padece a quien se le ejerce como a sus cercanos. “Hemos llegado a la conclusión que en el caso de la tortura, si bien hay una persona a quien se le aplica, también la sufren los familiares, porque aunque no son golpeados, lo es cuando ven a sus seres queridos con los daños y las afectaciones aunque no han cometido delito y están dentro de prisión”.
En el caso de María asegura que ha tratado de salir adelante sola, tomando como fuerza el ver a su hijo en libertad y con salud. Firmemente asegura que el Estado no le resarcirá los grandes daños y perdida de años de vida a su hijo. “Con que nos dejen en paz es más que suficiente, no podemos aspirar a justicia con este tipo de gobierno que tenemos”, asegura.
