La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México (PGJ) ha incurrido en desacato por violar una disposición judicial y pretender cerrar el caso de extorsión contra Adriana Pérez Romo, esposa de Joaquín López-Dóriga.
De acuerdo a Reforma, pese a la denuncia interpuesta por María Asunción Aramburuzabala, dueña de la inmobiliaria Abilia, en agosto de 2015, la Procuraduría propuso el no ejercicio de la acción penal.
Posteriormente, José Díaz de León, Juez Segundo de Distrito en Amparo Penal, determinó que la sola propuesta de la PGJ de archivar la denuncia, era violatoria de la ley.
Aramburuzabala empresaria, denunció a la esposa del comunicador por intento de extorsión por 5 millones de dólares en el proceso de construcción de un inmueble en Polanco.
No obstante, la PGJ ignoró estas resoluciones y en julio notificó a las partes que había determinado el no ejercicio de la acción penal contra Pérez Romo. Incluso, la Procuraduría presentó una queja ante el Octavo Tribunal Colegiado Penal, para echar abajo el resolutivo donde el juez le atribuye el desacato por la que, por otro lado no se impuso sanción alguna.
Ante ello, que la inmobiliaria de la empresaria presentó un nuevo amparo, donde exige que se cite a declarar a los testigos del caso.
Con información de Reforma
