(05 de agosto, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- En Veracruz entre el año de 2010 y 2015 se registraron al menos 10 mil 295 casos de violación sexual y otros delitos sexuales cometidos en contra de mujeres y niñas, en ninguno de estos casos las niñas, adolescentes y mujeres víctimas lograron acceder a su derecho a una interrupción legal del embarazo (ILE) por violación, de acuerdo al informe presentado por el Grupo de Trabajo que investigó la solicitud de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en dicho estado.
Asimismo, durante el año pasado, 487 niñas de entre 10 y 14 años de edad dieron a luz en territorio veracruzano, esta situación es preocupante para las organizaciones de defensa de derechos humanos porque en la mayoría de estos casos los embarazos son producto de una violación.
Por lo anterior, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio; Equifonía, Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres; Xochiquetzal, Centro de Estudios Sociales; Colectivo Akelarre y Las Libres, impulsaron acciones legales para que la Secretaría de Gobernación (como responsable de hacer cumplir en el país las recomendaciones internacionales), llame al congreso en Veracruz a “suspender el inminente proceso de reforma constitucional al artículo 4 en ese estado”.
Durante una conferencia de prensa y en posterior entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO las activistas denunciaron que el estado de Veracruz, mantiene una legislación restrictiva sobre el aborto lo cual viola el artículo 4 de la Convención de Belém do Pará al obligar a las mujeres y niñas a continuar con un embarazo producto de una violación, o cuando la vida de la madres está en riesgo, constituyendo una forma de tortura.
Otro problema grave, señalaron las especialistas y activistas es la falta de acceso oportuno, efectivo y seguro a servicios especializados de salud (que incluye acceso a ILE) por la exigencia de requisitos adicionales a los legales y por prejuicios de los servidores públicos que las criminalizan, a pesar de la existencia de causales que lo permiten pues consideran el aborto como un tema de política criminal y no como un asunto de salud.
“La iniciativa de reforma constitucional al artículo 4, presentada por el gobernador Javier Duarte, en la que se plantea la protección de la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural, como valor primordial que sustenta el ejercicio de los demás derechos, no sólo expone la vida de las mujeres y niñas, sino es un retroceso frente a los avances en materia de derechos humanos en particular de sus derechos sexuales y reproductivos y no es consistente con el amplio marco legal de protección en el país.
“Cuando los servicios de aborto son inaccesibles o cuando las leyes de ILE son restrictivas, el Estado es responsable por la violación de los derechos de las mujeres y niñas”, expuso María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Nacional contra el Feminicidio (OCNF).
Cabe recordar que el pasado 5 de abril, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) en conjunto con otras organizaciones no gubernamentales presentaron una solicitud de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género por agravio comparado con el objetivo de denunciar la situación de discriminación, criminalización y falta de acceso a los servicios que viven las mujeres y niñas veracruzanas.
En este sentido María de la Luz Estrada, detalló que en la práctica, esta reforma pone en peligro la salud y los derechos reproductivos de niñas, adolescentes y mujeres al someterlas a un embarazo forzado producto de una violación que tendrá un impacto “devastador” en su vida.
“Es una simulación y un absurdo buscar defender la vida desde el momento de la concepción, porque sabemos que en Veracruz no se protege la vida de nadie. En Veracruz se solicitó la alerta de género por los altos niveles de violencia feminicida, por los asesinatos y desapariciones de mujeres en un Estado con alta criminalidad. Es incongruente que hablen de una defensa de la vida cuando no son capaces de proteger la vida de las mujeres y de la población en general”.
Durante la conferencia se recordó que la Organización de las Naciones Unidas ha advertido a nuestro país -donde se denuncian en promedio 16 mil violaciones sexuales al año (que sólo representan el 10% de los casos que no se denuncian porque el agresor está en casa o pertenece a la delincuencia organizada) y donde se estima que unos 520 mil menores sufren agresiones sexuales, que México “debe otorgar el acceso a la interrupción del embarazo en caso de violación, incesto o riesgo de vida para la futura madre, sin necesidad de que un juez intervenga”.
Luz Estrada recriminó que la aprobación en el Congreso de la iniciativa de Duarte de Ochoa ocurrió días antes de conocerse los resultados de la investigación del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario encargado de atender la solicitud de las organizaciones que han denunciado la negación del acceso a servicios especializados de salud, particularmente la interrupción legal del embarazo (ILE), por las causales establecidas en la legislación penal del estado; la existencia de un marco penal que discrimina y criminaliza a mujeres y niñas, y la reforma constitucional al artículo cuarto que contribuye a la estigmatización y criminalización de las mujeres y niñas que quieren acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva, así como provocar un efecto que obstaculiza la prestación de servicios de salud para la ILE.
“Niegan el derecho a las mujeres y a las niñas del ILE a pesar de la existencia de denuncias de violación, o de que la vida de las mujeres esté en peligro, siendo las más afectadas las mujeres y niñas más pobres del estado”, refirió la activista y agregó que en una investigación realizada durante los últimos dos años por las organizaciones que solicitan la Alerta de Género en Veracruz “demostraron que los servidores públicos del sector salud y de la procuración de justicia se oponen sistemáticamente al aborto legal”.
Mujeres presas por abortar
Actualmente en el estado de Veracruz, alertan las activistas, 66 mujeres han sido enjuiciadas por interrumpir su embarazo en ese estado, donde se registran altos niveles de desabasto de anticonceptivos y un déficit en la atención médica sexual y reproductiva.
Finalmente Nira Cárdenas, coordinadora de la Unidad de Fortalecimiento Institucional de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OANUDH), criticó la iniciativa de reforma impulsada por el gobernador priista Javier Duarte y aprobada por el Congreso local el jueves 28 de julio.
“El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU, en sus observaciones finales en relación con México, consideró preocupante que las constituciones locales que protegen la vida desde el momento de la concepción hayan puesto en peligro el disfrute por la mujer de sus salud y derechos sexuales y reproductivos”, sentenció Cárdenas.
