(06 de agosto, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- La diputada Araceli Damián González, integrante de la Comisión Especial de seguimiento al caso Ayotzinapa, declaró que aunque el nuevo mecanismo propuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -y respaldado por familiares de los normalistas desaparecidos- para coadyuvar en las investigaciones del caso es “insuficiente para lo que realmente se requiere”, el que el gobierno federal haya aceptado que se instale, al menos permite continuar con las investigaciones.
La legisladora de Morena sostuvo que esta es una muestra de que la investigación por la desaparición, desde septiembre de 2014, de los 43 estudiantes normalistas no está cerrada, pues tras la salida de territorio mexicano del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en meses pasados, pareció que la administración de Peña Nieto tenía toda la intención de cerrar el caso confirmando, a través del tercer peritaje, que los jóvenes habían sido incinerados en el basurero de Cocula.
Sin embargo, la investigadora del Colegio de México (Colmex) subrayó que hay temas, como la destitución de Tomás Zerón de Lucio de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR) que deben ser resueltos a la brevedad, pues los familiares de los normalistas consideran indispensable la separación del funcionario para que tenga credibilidad el desarrollo de la investigación.
Los familiares de los normalistas exigieron la destitución de Zerón, luego de que se hiciera pública su participación en una diligencia realizada en el Río San Juan, un mes después de los hechos ocurridos en Iguala y la posible manipulación de evidencia, luego de que se informó sobre la localización de bolsas de plástico donde –según las autoridades- había fragmentos óseos de Alexander Mora Venancio, el único de los normalistas que ha sido identificado con pruebas genéticas.
En entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO, Damián González señaló que el gobierno federal sigue teniendo mucha resistencia a que se amplíe la investigación hacia autoridades federales, estatales y locales que no actuaron de inmediato, aun teniendo conocimiento de la magnitud de los hechos y por lo tanto, deben ser acusadas por omisión, incluido el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre y el exprocurador del estado, Iñaki Blanco,
La legisladora explicó que el mecanismo –compuesto por un comisionado de la CIDH y al menos dos asesores técnicos especiales- no garantiza que militares destacamentados en Iguala puedan ser entrevistados.
“El gobierno mexicano puede seguir insistiendo en que no sea así, porque se habla de que ‘de preferencia’ pudiera suceder, lo que no necesariamente implica que haya una participación directa de algún miembro de la Comisión Interamericana cuestionando el actuar del Ejército”, detalló.
Sin embargo, recordó que el GIEI sugirió que, al menos, se considerara la posibilidad de aplicar el cuestionario que ellos mismos elaboraron, lo que “a final de cuentas no subsana el asunto, porque durante las entrevistas, si bien puede haber un guión, al momento de que el declarante haga alguna afirmación en donde haya duda, no hay posibilidad de hacer preguntas”.
Entre las limitaciones que la legisladora observa en el mecanismo, además de su reducida estructura, destaca el que sus integrantes no pasarán mucho tiempo en México, aunque sí se tiene previsto que haya comunicación directa con los familiares de los desaparecidos, de Julio César Mondragón –normalista asesinado ese día y víctima de tortura- y con los jugadores de Los Avispones.
Sobre la posibilidad de que los integrantes del mecanismo se reúnan con la comisión especial, la diputada de Morena declaró que si bien es deseable, “lo más importante es que ellos avancen en su trabajo. La comisión tiene una serie de actividades y pendientes y me parece que se tiene que revalorar y reorientar las actividades que realizamos en ella”.
Exigencia sostenida
Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, sostuvo que el mecanismo abre un panorama de esperanza para llegar a la verdad, lo que les hace seguir con más fuerza la exigencia de acceso a la justicia. “Tenemos la seguridad de que el mecanismo nos va a dar la respuesta que estamos buscando; estamos como el primer día, con la necesidad de saber qué pasó con los muchachos”.
En entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO, subrayó que no confían en la labor de Arely Gómez, titular de la PGR y mucho menos en Tomás Zerón, de quien han exigido la separación del cargo, pero confió en que el gobierno federal, respete el compromiso establecido con la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Para nosotros, lo de mayor relevancia es saber qué sucedió con los jóvenes, dónde están. Tenemos que seguir caminando con el mecanismo”, dijo y recordó que mantienen la exigencia de que se abra el diálogo con militares y que se agoten todas las líneas de investigación recomendadas por el GIEI.
Cuestionado sobre las trabas que desde la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados se han puesto para establecer la fecha de la reunión que se tiene previsto sostengan con legisladores en San Lázaro, el vocero declaró: “para nosotros, está claro que el PRI es la máscara del gobierno coludido con la delincuencia y es normal para ellos resistirse a la exigencia de los padres de familia por la verdad y la justicia”.
“Creemos que deben empezar a trabajar porque es su obligación generar leyes que protejan la seguridad de todos los mexicanos y hasta ahora, han creado leyes que únicamente protegen a quienes han perjudicado al pueblo de México”, dijo.
