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Procuraduría de DD.HH de Guanajuato exige indemnizar a menores violadas por policías

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(13 de agosto, 2016).- La procuraduría de Derechos Humanos del estado de Guanajuato, exigió al alcalde de León, Héctor López Santillana, indemnizar y brindar atención psicológica a tres menores que fueron violadas por policías de la comunidad; además, exigió que se les ofrezca una disculpa pública que sea ampliamente difundida.

En febrero pasado, dos policías detuvieron a un par de hermanas, de 12 y 14 años, cuando regresaban a su casa después de haber estado en una fiesta. Un agente identificado como Pablo Torres García, obligó a las menores a realizarles sexo oral, bajo la amenaza de detenerlas por tener aliento alcohólico. El oficial Eulises Santiago Martínez, compañero de Torres, no intervino en la coacción, pero avaló la agresión.

La agresión se cometió en un predio baldío ubicado en la colonia Brisas del Carmen. Después de lo ocurrido, las menores informaron a su madre lo sucedido.

Ambos oficiales fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público. El juzgado octavo penal dictó auto de formal prisión a ambos.

Un día después, los uniformados, José Ventura Valtierra e Ismael Méndez Noriega, subieron a su patrulla –identificada con el número de unidad 535- a una menor que caminada por el bulevar Vasco de Quiroga. La menor fue trasladada a otro sitio y obligada a tener relaciones sexuales. Uno de ellos la violó y el otro, vigiló para que no fuera sorprendido.

El ombudsman de la entidad, Gustavo Rodríguez Junquera, emitió nueve recomendaciones al edil panista, entre ellas, dar atención psicológica a las víctimas y sus familias, indemnizarlas, crear un programa de derechos humanos enfocado en s mujeres, capacitar a los policías, garantizar que no se repitan este tipo de hechos e incluir en documentos oficiales la leyenda: “La violencia contra las mujeres es un delito y una grave violación a los derechos humanos”.

Además, López Santillana debe integrar a las menores al Registro estatal de víctimas, aplicar procedimientos disciplinarios contra los uniformados y fortalecer el proceso de análisis de los perfiles de los policías.

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