Roberto Borge, gobernador priista de Quintana Roo, remató 44 predios del patrimonio estatal a empresarios, amigos y políticos cercanos, denunció la organización civil Somos Tus Ojos.
Por ello la asociación solicitó al Congreso de la Unión un juicio político contra Borge ya que estas ventas irregulares causan una ruptura en el erario de Quintana Roo de mil 99 millones 492 mil 370 pesos.
El cálculo se realizó a través de la información de las transacciones ilegales de bajos costos, uno de ellos de cero pesos, y después se comparó con el avalúo real de los predios, aseguró la presidenta de la organización Fabiola Cortés Miranda.
Uno de los casos de entrega gratuita de predios, detallados en el documento proporcionado el día de hoy a la Cámara de Diputados federal, fue el cedido a Gabriel Mendicuti Loría, que en 2013 era secretario de gobierno de Quintana Roo.
El predio de Cancún fue entregado al Centro Terapéutico para el Desarrollo Infantil Kodomo, asociación fundada por la esposa de Mendicuti Loría, Damarys Verenice Menes Ramos, quien también recibió gran cantidad de recursos por parte de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
En abril de 2011 un propiedad de Conzumel se vendió en 4 millones 190 mil 633 pesos cuando su precio real era de 188 millones 231 mil pesos, por el tamaño de 51 mil 519 metros cuadrados y al estar ubicado en una zona turístico-hotelera.
El predio fue rematado a Eligio Marrufo Rejón, padre del actual alcalde de Conzumel, Fredy Marrufo Martín, quien también era muy cercano al ex gobernador Félix González Canto, mientras que su hijo es cercano a Borge.
Otro caso fue ejecutado en diciembre de 2012 cuando el priista le vendió en 5 mil pesos a Jaqueline González Canto, hermana del ex gobernador de la entidad, una propiedad de mil metros cuadrados.
Cabe recordar y como lo documentó Revolución TRESPUNTOCERO el pasado 23 de junio 11 municipios de Quintana Roo sesionaron para analizar las reformas constitucionales avaladas por el Congreso local el pasado 21 de junio, las cuales sólo propiciarán la impunidad por los delitos cometidos por el PRI y Roberto Borge Angulo.
Este “paquete impunidad” consiste en la creación de una Fiscalía General del Estado que sustituya la Procuraduría de la entidad donde Borge pueda imponer a ex funcionarios y así evitar acciones legales en su contra durante la minigubernatura de Carlos Joaquín González.
Con información de Pedro Diego Tzuc
