El Partido Revolucionario Institucional (PRI) inició el “proceso”, es decir, la simulación de éste contra tres gobernadores y un ex mandatario acusados por corrupción y aseguró que buscará las pruebas a través de las comisiones estatales de Justicia Partidaria, sin embargo, dichas instancias están encabezadas por personajes aliados a los políticos priístas que investigan, como lo es el caso de Veracruz donde el comisionado es el compadre de Javier Duarte, el diputado federal Marco Antonio Aguilar Yunes.
La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI sólo busca dar largas a los procesos contra los gobernadores Javier Duarte, Roberto Borge y César Duarte, así como el ex mandatario de Nuevo León, Rodrigo Medina, debido a que requirió información o pruebas a órganos estatales cuando esta es pública, denunció Armando Barajas, consejero político que solicitó su expulsión.
Recalcó que las denuncias por presuntos actos de corrupción no se sustentan en notas periodísticas, ya que las irregularidades denunciadas están señaladas en informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y del Sistema de Administración Tributaria (SAT), como lo es el caso de los 35 mil millones de pesos que el gobierno priista de Javier Duarte no ha solventado.
A ello se suma que el PRI no ha establecido plazos en los procesos de investigación contra los gobernadores, acusó Barajas y agregó que en el caso de los procesos contra los mandatarios estatales, a quienes se denunció el pasado 21 de julio, ya debieron haber contestado por escrito sobre las acusaciones en su contra.
En el caso de Quintana Roo, la comisionada es María Hadad Castillo gran aliada del gobernador Roberto Borge; en Chihuahua el encargado de recabar pruebas contra César Duarte es Mario de la Torre, quien fue designado al cargo por el gobernador; mientras que en Nuevo León no hay una comisión de Justicia Partidaria asignada que investigue al ex dirigente priista Abel Guerra.
Con información de Verónica Ayala
