Tras el desalojo violento cometido el pasado viernes por al menos 100 hombres contra los campesinos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de Texcoco y San Salvador Atenco, quienes se oponen al megaproyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), el día de ayer se reinstaló el campamento en la plaza de Tocuila.
El FPDT, en conferencia de prensa, informó que se solicitó al Poder Judicial de la Federación (PJF), proceder legalmente contra las empresas Lince y Cypsa Vise, encargadas de la construcción de la autopista Texcoco-Pirámides la cual se conectará con el NAICM, ya que al momento del desalojo violento de los golpeadores y el reingreso de la maquinaria en los terrenos ejidales, se está violando la resolución del PJF.
Asimismo tras la golpiza y quema del plantón de los campesinos de San Salvador Atenco y Texcoco, algunos ejidatarios como comunicadores que también fueron violentados, se presentaron en el juzgado noveno de distrito del donde entregaron evidencias fotográficas y de video del hecho violento.
Ignacio del Valle Miranda, uno de los representantes del FPDT, explicó que con ayuda de un abogado se solicitó que un actuario certificará que todavía el sábado 20 de agosto las tierras ejidales continuaban ocupadas por la maquinaria de las empresas, por lo que la denuncia también se amplía por violación del amparo número 349-2016-II otorgado por el juez noveno de distrito, Jorge Cristóbal Arrendondo Gallegos el pasado 12 de abril, el cual protege las tierras de los campesinos y ordena que no sean utilizadas para la construcción de la autopista.
Recalcó que el amparo fue ratificado hace unos días, donde se dictaminó que no pueden continuar las obras hasta que se dicte sentencia.
Adán Espinosa, también representante del FPDT junto a María Trinidad Ramírez, pidió a la policía y elementos del Ejército y la Marina a no dirigir los fusiles contra el pueblo y responsabilizó al gobierno federal por lo que les pueda pasar a las comunidades que se encuentran en lucha y defensa de las tierras.
Acusaron a Humberto Elizalde Miranda, presidente del comisariado ejidal de Tocuila, dar la orden de represión; además mostraron la copia de cheques con montos superiores a los 3 millones 300 mil pesos firmados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, monto que recibió éste por la venta de las tierras.
Asimismo se llamó a la sociedad y organizaciones civiles de México a solidarizarse con la lucha ya que es preocupante la seguridad e integridad de las comunidades.
