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SCJN lava la cara al PRI y al sistema con resolutivo sobre legislación local en materia de anticorrupción: Rogerio Castro

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(06 de septiembre, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- El diputado federal Rogerio Castro Vázquez, presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción en San Lázaro, declaró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se está prestando a lavarle la cara al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al sistema en general, con el resolutivo aprobado hace algunas horas, con el que declaró inconstitucionales las leyes en materia de anticorrupción aprobadas por los Congresos de Chihuahua y Veracruz e impulsadas por César y Javier Duarte, gobernadores de dichas entidades, con las que pretendían blindarse.

“La Corte actúa de acuerdo a intereses y en muchos casos, le ha hecho el juego al sistema. Cuando gobernó el PAN, le sirvió a este y ahora que está el PRI, pues a ellos. No dudo que hayan arreglado el tratar de no dejar que los Duarte hagan lo que quieran. La Corte obedece los intereses del sistema”, dijo el legislador de Morena, en entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO.

Este lunes, la Suprema Corte declaró inconstitucional la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de Veracruz, con la que se creaba la Fiscalía Anticorrupción -y una nueva Sala Superior en tema anticorrupción– y con la que Javier Duarte pretendía auto facultarse para nombrar al titular de esta, que duraría cinco años en el cargo.

En el caso de Chihuahua, los ministros detectaron “vicios legales” en la reforma con la que se creó la Fiscalía Especializada en Anticorrupción, en la que César Duarte también tendría la posibilidad de nombrar al titular de dicho organismo; además, el pleno de la SCJN coincidió en que los congresos locales de ambas entidades carecen de facultades para adelantarse a la aprobación de leyes locales, cuando la reforma constitucional en la materia establece la puesta en marcha de un sistema nacional y la ley general que lo constituye, estaba pendiente de aprobarse en la votación de estas.

Aunque Castro Vázquez reconoció que la resolución de la Suprema Corte de Justicia demuestra que los gobernadores buscaron garantizar su impunidad, está pendiente de ver “si en los hechos, se castigará el intento de estos por querer blindarse antes de dejar sus administraciones, pero hay que investigar los desvíos de recursos de esos gobernadores”.

El legislador por Yucatán recordó que en 2014, cuando su partido promovió la realización de una consulta ciudadana para conocer la opinión de los mexicanos sobre la iniciativa de reforma energética, la Suprema Corte determinó que era improcedente por “órdenes del sistema”; cuatro años antes, en 2010, la misma instancia desestimó fincar responsabilidades legales a funcionarios públicos relacionados con el caso de la Guardería ABC –incluido a Juan Molinar Horca sitas, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)- aunque reconoció que habían incurrido en omisiones.

“En este caso es al revés, la Suprema Corte decide lo que a los intereses del sistema conviene, parece que los ministros son garantes de los intereses del sistema y no de la justicia que es lo que deberían buscar”, agregó Castro.

Cabe señalar que la Procuraduría General de la República (PGR) interpuso los recursos de inconstitucionalidad, luego de que la opinión pública y partidos de oposición, señalaran que los citados gobernadores y el de Quintana Roo, Roberto Borge –también del tricolor- pretendía evitar ser investigados por presunto desvío de recursos y enriquecimiento ilícito.

“Hay que investigar. La PGR y la nueva Fiscalía Anticorrupción deben investigar a estos y a todos los gobernadores; no deben quedar impunes los señalamientos por el uso de recursos públicos para hacerse ricos. Están los Duarte, pero hay muchos más ex gobernadores con señalamientos similares que están libres; incluso gobernadores electos como Miguel Ángel Yunes Linares, de Veracruz, quien ha sido acusado de corrupción y que sustituirá a Javier Duarte. Debe aplicarse la ley a cualquier funcionario, sea del partido que sea, como lo indica el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción”, subrayó el legislador.

“La peor generación de gobernadores”

Consultado sobre el mismo tema, el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Maynez, consideró muy valioso –que en medio de un país en permanente descomposición y con una crisis institucional que si no se resuelve antes de 2018 cancelará a México la posibilidad de ser viable, como país- el rol de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que calificó como una de las instituciones que “se salva de esta descomposición”, por las resoluciones adoptadas en temas como matrimonio igualitario, consumo de marihuana, interrupción legal del embarazo y ahora al definir la inconstitucionalidad de las leyes en materia anticorrupción de los Congresos de Chihuahua y Veracruz.

El legislador argumentó que esta resolución debe contribuir a que “la peor generación de gobernadores en la historia”, pague por el daño que han hecho a sus estados.

“Esta es una generación política alejada del sentir de la gente, pero además, totalmente caracterizada por su ambición económica y su pacto con la corrupción”, dijo en entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO.

Hace unos días, este medio informó que los coordinadores parlamentarios de los diputados del PAN, PRD y MC interpusieron un recurso para que la Suprema Corte declarara inconstitucional el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas –popularmente conocida como Ley 3de3- por lo que Álvarez subrayó la importancia de que la SCJN se pronuncie a la brevedad y de manera positiva sobre el tema.

El legislador explicó que hay argumentos suficientes para que así suceda, en razón de que la Corte ya se ha pronunciado sobre el principio de máxima publicidad –consagrado en el artículo 6 de la Constitución- y de máxima transparencia; además, han delineado criterios para definir qué información se debe mantener bajo la clasificación de vida privada.

“Los argumentos que dan lugar al artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas son claramente anticonstitucionales y si la Corte interpreta la Constitución como lo ha hecho en otros casos, va a echar para atrás este artículo”, detalló Álvarez.

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