Frente a la Cámara Alta, el senador Manuel Bartlett Díaz. Presentó la primera iniciativa para la abrogación total de la Reforma Educativa promovida por Enrique Peña Nieto.
Comenzó sosteniendo que dicha reforma fue un golpe de estado. Y continúo “los golpes no sólo los realizan militares, también titulares del poder político, funcionarios públicos, poderes fácticos, y congresos”.
Enfatizó que “lo que define al golpe de Estado no es quién lo realiza, lo determinante es que entraña la instauración de un poder o el rompimiento constitucional por vías no constitucionales ni democráticas, sin respaldo en la soberanía popular, para establecer una nueva legalidad o práctica política contraria a los principios que fundan la Constitución”.
Aseveró que “el Pacto por México fue el mecanismo para imponerla, fue un acuerdo celebrado en secreto por la cúpula de los partidos signantes al margen de las instituciones”.
Reafirmó que no lo impulsaron en beneficio de los mexicanos sino para garantizar intereses externos y que eliminó los derechos laborales adquiridos por el magisterio desde 1917.
Además, que se planteó como proceso obligatorio, bajo la presencia de la fuerza pública, violando a la libre expresión, ello acompañado por una campaña de los medios para desprestigiar la oposición mediante la desinformación. Creando opinión pública adversa al movimiento.
Dijo que esta reforma alteró los sentidos nacionalistas críticos, humanistas, patrióticos, imponiendo el principio de corte empresarial que entraña someter y poner a disposición del capitalismo, “cosificando a los educandos y educadores” siendo un proyecto extranjero que se pretende imponer definido por la OCDE, el FMI y el Banco Mundial.
“Tiene una evidente finalidad laboral, administrativa y punitiva en contra del gremio magisterial”, subrayó.
Asimismo, aseguró que la reforma no garantiza el carácter público, obligatorio, laico y gratuito de la educación mexicana.
“En absoluto desconocimiento de la educación mexicana y de la práctica docente nacional, ha entregado la formación de los maestros al Tecnológico de Monterrey transfiriéndoles recursos públicos que se suman a los de becas de universidades privadas; en un ataque clasista y elitista directo a las normales. En Puebla los cursos de recuperación de los maestros se han entregado a la UPAEP y a la Ibero, fuera de su competencia, ataque a las normales. Acto elitista e ideológico”, remató.
Es contraria a los objetivos y necesidades de la educación mexicana y debe revocarse a su nivel constitucional y a las de leyes secundarias, concluyó.
