Luego de la entrega del paquete económico, los municipios más peligrosos del país podrían estar padeciendo en 2017, el recorte de casi mil millones de pesos menos en subsidios federales para seguridad pública, dicha cifra equivale al 16% de los recursos de 2016.
Ya que el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2017 propone que “el Subsidio para el Fortalecimiento de la Seguridad, conocido como Fortaseg, cuente con una bolsa de cinco mil millones de pesos, ya que para este año fueron avalados 5 mil 952.6 millones de pesos”.
El Fortaseg –antes Subsemun–, es canalizado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) a un conjunto de municipios y delegaciones de todo el país para apoyar la profesionalización, certificación y equipamiento de las corporaciones locales.
Dicho recurso federal también puede ser destinado por las autoridades municipales y delegacionales para equipo tecnológico, infraestructura de seguridad y acciones de prevención del delito.
Así es como este año, el Fortaseg se distribuye a 300 demarcaciones de todo el país, entre ellas 44 municipios del Estado de México, 20 de Guanajuato, 19 de Veracruz, y las 16 delegaciones de la Ciudad de México.
Será en enero próximo cuando el Proyecto de Presupuesto sea publicado por el SESNSP, donde se den a conocer los lineamientos del Fortaseg y la lista de demarcaciones beneficiadas.
Para obtener un espacio en dicha lista, el Secretariado tomará en cuenta factores como número de habitantes, estado de fuerza, incidencia delictiva y características geográficas. Sin embargo, con lo que respecta al Programa Nacional de Prevención del Delito, impulsado como “una de las políticas prioritarias del Gobierno federal”, podría llegar a concluir el próximo año, pues la Secretaría de Hacienda omitió solicitarle presupuesto para 2017.
Es decir que si los legisladores avalan sin cambios el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2017, la Secretaría de Gobernación (Segob) no podrá repartir recursos a las demarcaciones prioritarias de la iniciativa.
Lo que significa, que no podrá haber una continuación de decenas de programas y acciones implementados en los municipios más vulnerables del país en términos de violencia y delincuencia. “Es una cuestión gravísima y muy delicada porque es un programa emblemático y prioritario”, reconoció una fuente del Gobierno federal. El Programa Nacional de Prevención del Delito comenzó a operar en 2013, con el objetivo de cambiar el enfoque de la estrategia de seguridad y combatir las causas que generan la violencia.
