Un nuevo peritaje fue realizado en la bodega contigua a la Guardería ABC, en donde, a decir por los padres, el escenario fue totalmente alterado. Fue el abogado Gabriel Alvarado, abogado de la organización Manos Unidas, quien denunció que el lugar analizado no se ha preservado.
Dijo que ya no hay rastros del suelo donde el perito estadounidense David Smith identificó el acelerante de fuego vertido intencionalmente, y que por lo tanto, sostiene la teoría de que el incendio fue provocado.
“Ha sido sumamente modificado, alterado, deteriorado y destruido. El 25 de septiembre de 2015, peritos de PGR destrozaron todo el suelo de la bodega”, señaló en entrevista.
Además de decir que “traen a México el perito, y le cuestionan sobre la confiabilidad y factibilidad de un peritaje después de haber transcurrido más de siete años de ocurrido el evento. Él establece que para llevarlo a cabo se requiere que el lugar haya sido debidamente preservado”.
También señaló que los estantes de la bodega, que ayudarían a establecer la ruta de fuego, fueron también cambiados de sitio, y apilados en un rincón, lo cual modificó totalmente la escena.
“Nosotros le dijimos hace un mes, en comparecencia con la agente del Ministerio Público Federal, Laura Flores, que bajo esas circunstancias no podíamos aceptar los resultados y que era mejor que no se llevara a cabo”, señaló. El nuevo peritaje, se llevó a cabo el martes, sin avisar a los padres, la empresa internacional LWG Consulting dio inició al hecho bajo el resguardo del Ejército, la Policía Estatal y la Policía Ministerial Federal.
Fueron los vecinos de la guardería, quienes avisaron a los padres de familia, quienes de inmediato llegaron al lugar y trataron de impedir el trabajo de los peritos.
“A espaldas de nosotros y de los papás, los introdujo. Las mismas mamás y papás verificaron que los peritos estaban solos, incumpliendo los protocolos de criminalística de campo”, mencionó. Esto a poco más de dos años, que un agente del Ministerio Público Federal informó a los padres que LWG Consulting ya había realizado el peritaje por un costo de 12 mil dólares, según explica Alvarado.
Además, en aquel momento la PGR argumentó que, no puede ir en contra de los dictámenes que ya ha emitido sobre el incendio, por lo que pidió a los padres firmar la solicitud para pagar a la empresa por el peritaje. Después de la salida de Renato Sales como Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, la Procuraduría negó a las familias, la contratación de dicha empresa o de haber realizado tal peritaje, lo que provocó que nunca se dieran a conocer los resultados.
Fue hasta este año, que derivado del seguimiento que le ha dado la comisión de la Cámara de Diputados, que se conoció que solamente se realizó una inspección, aunque no un trabajo pericial. Los padres aceptaron por escrito que “la PGR aprovechara el trabajo ya realizado por la empresa”, al mismo tiempo pidieron que acabara el peritaje.
