Desde hace un año Morena y Movimiento Ciudadano, crearon dos iniciativas, las cuales hoy siguen congeladas en las comisiones de Puntos Constitucionales y de Hacienda de la Cámara de Diputados, ambas buscan eliminar las pensiones vitalicias de los ex presidentes de la República, además de cualquier prerrogativa, “incluyendo los gastos de seguro médico con cargo al presupuesto público”, a estas iniciativas se una más del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que pretende “regularlas y reducir sus montos”.
Esto, porque según los tres partidos, el pago de personal de seguridad, asesoría, ayudantía y pensión vitalicia representa un gasto de 60 millones de pesos al mes.
Después que La Jornada, publicara que en este país se erogaron 7 mil millones para pagar seguros de vida a los ex presidentes y sus viudas, la diputada Verónica Delgadillo (MC), mencionó que “estos beneficios a los ex mandatarios son injustos e ilegales, porque no tienen fundamento en la Constitución y son parte de una dinámica de privilegios y fuente de derroche de recursos públicos”.
Por lo que, mencionó, insistirá ante la Comisión de Puntos Constitucionales, donde se encuentra archivada la propuesta, para que ésta se dictamine. A su vez, dijo que “los privilegios a los ex presidentes, esposas y descendientes se otorgan bajo un modelo de opacidad y falta de rendición de cuentas. Ante la grave situación socioeconómica que vive el país, y después de los ajustes y recortes presupuestales anunciados, las altas esferas de la clase política mexicana no pueden mantenerse aferradas a sus privilegios y ciega ante la realidad”.
También cuestionó que “la información sobre el presupuesto que se destina para mantener los ingresos y la seguridad de los ex presidentes es entregada de manera selectiva y la que se conoce proviene de solicitudes de transparencia o por algún proceso judicial, pero no de la rendición de cuentas”.
Fue el 3 de septiembre de 2015, cuando Morena presentó dicha iniciativa, como parte de ley de austeridad republicana, la cual fue turnada a la Comisión de Hacienda, dicho partido planteaba prohibir pensiones vitalicias distintas a las establecidas en las leyes de seguridad social a los ex presidentes de la República, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y otros servidores públicos federales.
Ahí mismo, la diputada Araceli Damián consideró que “es posible y necesario ajustar los salarios de los altos funcionarios, específicamente el seguro de separación individualizada, los gastos de representación y las millonarias pensiones de los ex presidentes”.
En tanto, el 8 de septiembre de ese mismo año, el coordinador del PRD, Francisco Martínez Neri, dio paso a la presentación de la iniciativa de ley de retiro para los ex presidentes, la cual sigue pendiente en la Comisión de Hacienda, que consideró “pagarles sólo el equivalente a 25 salarios mínimos cada mes”, además se señala que “el Congreso no ha aprobado una legislación que justifique los beneficios para ellos, sus cónyuges, viudas o hijos”.
