En 2017, de aprobarse el más reciente proyecto presupuestal, los recursos para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, así como la focalización en grupos vulnerables, como los jóvenes, serían disminuidos.
Es decir, la cantidad aportada al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), pasó de 809 a 613 millones de pesos, lo cual significa un recorte de 24.2%, en cuanto a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) de 204.3, se pasará a 143.8 millones de pesos, lo que equivaldría a una reducción de 60.5 millones, equivalente a una merma de 30%.
En el tema del plan antidelito, se podría percibir como es anulado en cuanto a la planeación y control de acciones de prevención. Siendo éste el supuesto eje de la estrategia gubernamental para atender las zonas más violentas del país, según la propuesta elaborada por la Secretaría de Hacienda, tendrá una drástica reducción, ya que estaría pasando de 2 mil 15 millones a 200 millones de pesos, los cuales solamente servirán exclusivamente para el pago de la nómina de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, creada en este sexenio.
Cabe señalar que, Inmujeres es una entidad no sectorizada, en tanto, Conavim y el plan antidelito dependen de Gobernación, pero por dichos recortes, se verá un reducido margen de operación. Esto incluso cuando a diario se multiplican los casos de violencia, tanto en materia de incidencia delictiva como de feminicidios.
Así es como, según información oficial, la situación de agresiones a mujeres es: en 15 entidades del país hay solicitudes de alerta de género; el sistema nacional que atiende las peticiones en la materia determinó no declarar esta medida en dos estados (Guanajuato y Baja California), pese a las advertencias de organismos civiles. Tres entidades tienen alerta: estado de México (emitida el 31 de julio de 2015 para 11 municipios); Morelos (10 de agosto de 2015 para ocho municipios), y Michoacán, la más reciente, el 27 de junio de 2016, en 14 municipios.
Siendo los procedimientos que se encuentran en trámite los ubicados en Chiapas, Colima, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y dos en Veracruz.
Así es como si los legisladores aprueban dicho presupuesto, se afectará uno de los principales objetivos de Gobernación, el cual según la propia secretaría tiene el objetivo de, “garantizar el respeto y protección de los derechos humanos, reducir la discriminación y la violencia contra las mujeres”.
