Víctima de la violencia de agentes de la Procuraduría General de la República, una mujer embarazada se quejó ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y relató que los elementos secuestraron a su chofer mientras ella era encañonada.
Esto porque querían les dijeran cuál era el paradero de su esposo, quien se encuentra prófugo por un delito iniciado en su contra, y en contra de los empresarios Salomón y Antonio Juan Marcos Villarreal.
Hena Adriana Braham Fuentes, esposa de Roberto Enrique Gómez Jáuregui, dejó señalado en su queja que los elementos de la Policía Federal Ministerial, interceptaron su vehículo, este lunes aproximadamente a las 8:30 de la mañana, cuando se dirigía a dejar a su hija a la escuela en San José del Cabo, Baja California Sur.
Anteriormente su esposo, fungía como el contador de la empresa Industrial Denim -propiedad de los Juan Marcos, relacionados con el ex gobernador Humberto Moreira-, quienes hoy es prófugo de la justicia por los delitos de lavado y delincuencia organizada, ambos graves en el sistema de justicia tradicional.
Él junto con Juan Marcos Villarreal y otros 8 indiciados, son acusados por la PGR de lavar en el sistema financiero un total de 441 millones 337 mil 909 de origen ilícito. Braham Fuentes narró que, “fueron 8 hombres y una mujer los federales que descendieron de dos camionetas y un Jetta blanco”, luego que los interceptaran y cerraran el paso.
“Los encañonaron con armas de fuego exigiendo bajaran del vehículo con uso de fuerza. La señora esposa de mi defendido (Hena Adriana) tiene siete meses de embarazo, lo que es evidente en tanto su estado de gravidez salta a la vista.
Sin importar lo anterior, fue apuntada con arma de fuego en su vientre y le gritaban que les dijera el paradero de su marido”, dice la queja presentada ante el organismo humanitario por el abogado Marco Antonio del Toro, representante de legal de Gómez Jáuregui y su mujer.
En tanto, al chofer, de nombre Sergio, lo bajaron del vehículo y lo subieron a una de las camionetas de los federales. Mientras a ella le insistieron para que dijera dónde estaba su esposo.
“Le dijeron que tenían gente para sacar de la escuela a su hija menor y que los llevarían a revisar su casa, que mejor cooperara. Varios padres de familia de la escuela transitaron y preguntaban lo que sucedía escandalizados. Todos son testigos del hecho, en tanto estaban dificultando el tránsito con el ‘operativo’ en curso”, señala el documento.
Poco después de esto, fue la única mujer que iba en el grupo quien mostró su gafete y dijo a los otros elementos que la dejaran de encañonar, “porque podía ser riesgoso para el embarazo”. Sin embargo, ella le insistió en que diera la localización de su marido.
“Armándose de valor la señora Hena Adriana les dijo que ella iba a caminar hacia la escuela de su hija y que no le podían hacer nada, menos en su estado, que no tenían una orden para ello. Caminó y la dejaron finalmente en paz”, dice.
Sin embargo, aunque a ella le dejaron libre, los agentes de la PFM se llevaron su camioneta y su chofer, sin ningún tipo de documento judicial. El abogado Marco Antonio del Toro dijo la tarde del lunes, entre las 17:00 y 18:00 horas, “el chofer de la señora fue liberado y le devolvieron la camioneta, aunque no su teléfono celular”.
Y añadió, “Ya firmé y estamos presentando una denuncia ante la PGR y la Visitaduría General de la PGR, para que indague estos abusos”.
