42 funcionarios públicos del gobierno de Morelos, deben ser investigado, indicó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como a otro grupo de agentes del Ministerio Público, “involucrados todos en las violaciones a las garantías fundamentales cometidas en el caso de las dos fosas clandestinas de Tetelcingo, en el municipio de Cuautla, donde fueron inhumados ilegalmente 119 cadáveres”.
En la recomendación 48/206 emitida por este caso se solicita al fiscal general del estado ofrecer una ‘‘disculpa pública institucional’’ a las víctimas y sus familiares por estas violaciones, sin embargo, en ninguna de sus 148 páginas se pide investigar al gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, pese a que estuvo al tanto de los hechos desde el principio.
Durante una conferencia, en la que se presentó dicha recomendación dirigida al gobierno y la Fiscalía de Morelos, así como al ayuntamiento de Cuautla, el segundo visitador general de la CNDH, Enrique Guadarrama, citó una larga lista de acciones y omisiones cometidas por funcionarios y servidores públicos estatales, en las que se acreditaron diversas violaciones a los derechos humanos, entre ellas el acceso a la justicia, en la modalidad de inadecuada procuración, y al derecho a la verdad.
Ahí mismo, se da a conocer que 119 cadáveres y diversas bolsas con restos humanos fueron inhumados irregularmente en dos fosas clandestinas, “sin apego a los protocolos y sin que en la mayoría de los casos se realizaran acciones para conocer las causas de muerte e identificación de los cuerpos, además que fue violado el derecho de los familiares de cuatro personas a recibir los restos de sus seres queridos pues, a pesar de identificar los cuerpos y haber solicitado su entrega, fueron inhumados sin su consentimiento”.
El visitador Guadarrama confirmó que junto con los 119 cadáveres, también fueron halladas 12 bolsas con diversas extremidades de cuerpos. ‘‘Queda la interrogante de a quién pertenecen los restos humanos que fueron localizados en bolsas y por los cuales se inició nueva carpeta de investigación, pues evidentemente esas extremidades son de algún cuerpo ajeno a los que se encontraban en ambas fosas de Tetelcingo, pues los cuerpos exhumados estaban completos’’.
Además señaló que también tendrá que investigarse lo sucedido con las otras partes de los cadáveres a los que pertenecían los restos hallados, pues hasta ahora ‘‘no hay una explicación lógica del porqué fueron inhumados separados de los cuerpos a los que pertenecían’’.
La CNDH confirmó diversos datos que ya había dado a conocer la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que fue coadyuvante en la exhumación de los cuerpos, entre los cuales está que los 119 cuerpos sin vida fueron apilados en dos fosas de apenas 6×3 metros y 3.5 metros de profundidad, espacio que regularmente ocuparían tres cuerpos, ‘‘resultando así un trato poco digno a los cadáveres’’.
También, se señala que de los 119 cadáveres, la autoridad competente sólo entregó a la CNDH 99 carpetas de investigación que presentaron irregularidades o deficiencias en su integración, pues en 44 casos hay indicios de muertes violentas y la autoridad fue omisa en continuar la investigación para identificar a los responsables, propiciando así la impunidad.
En 33 casos con carpeta de investigación, se encontró que “ésta se inició horas o días antes del levantamiento del cadáver, situación que tampoco pudo ser aclarada por la autoridades competentes”.
