En un anuncio la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer que ya formalizó ocho nuevas denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra el gobierno de Veracruz, relacionadas con auditorías en las cuales la presunción de daño patrimonial asciende a 5 mil millones de pesos.
“Las irregularidades abarcan desde malos manejos de recursos del Fondo Nacional de Desastres hasta partidas asignadas para infraestructura educativa que fueron desviadas a otros rubros”.
Así es que contabilizando ese monto, el total de recursos por los que la administración de Javier Duarte de Ochoa enfrenta cargos –asociados a más de 50 auditorías– asciende a casi 17 mil millones de pesos.
Dentro del paquete de denuncias penales más reciente se incluyen las primeras tres demandas vinculadas a la cuenta pública 2014. Las auditorías que pueden derivar en acción penal dan cuenta que “el gobierno veracruzano desvío recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica –de origen federal– para el pago de la nómina estatal, con un monto de mil 773 millones de pesos”.
También correspondiente a la última cuenta pública, la ASF detectó la manipulación irregular, que derivó en denuncia penal, de 531 millones de pesos entregados en 2013 al estado para realizar obras de reconstrucción por desastres naturales, que tres años y medio después no se han efectuado.
Aunque existen múltiples consideraciones de la ASF para presentar denuncias penales, otra de las de mayor monto se refiere a los mil 174 millones de pesos entregados por la Federación, que deberían ser transferidos al régimen estatal de protección social en salud, transferencia que no se acreditó.
Una irregularidad más asentada en una denuncia penal de 2013 se refiere a los 653 millones de pesos que por medio del Fondo de Aportaciones Múltiples se entrega a los estados y deberían transferirse al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en la entidad, de los cuales sólo se aplicó 5%. Y una más se relaciona con 410 millones de pesos retenidos a empleados, que no fueron enterados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en 2013.
La ASF también detectó y denunció irregularidades sobre otra partida de 278 millones de pesos que fueron canalizados al gobierno estatal mediante el Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública, recursos que fueron desviados del objetivo al que debieron aplicarse, en una entidad que presenta graves problemas de inseguridad.
Es decir que, es posible que no haya un solo sector que haya permanecido intocado por la manipulación irregular del presupuesto con posibles consecuencias penales. Entre otras irregularidades está la de las partidas que no se entregaron a los municipios, por 140 millones de pesos, del fondo de apoyo a esas entidades.
