- Representantes de Morena exigieron que la Fiscalía General del Estado y las autoridades electorales investiguen posibles actos de violencia política en razón de género.
Morena denunció una agresión contra Delia Aurora Hernández Alvarado, candidata a diputada local por el Distrito 4 de Coahuila, presuntamente cometida por militantes vinculados al PRI y a la Unidad Democrática de Coahuila durante actividades de campaña en el municipio de San Pedro. El partido solicitó la intervención inmediata de autoridades electorales y de seguridad para esclarecer los hechos y garantizar protección a sus candidatos.
De acuerdo con los reportes difundidos por Morena, el ataque ocurrió mientras la aspirante realizaba recorridos proselitistas junto con integrantes de su equipo. El partido aseguró que varias personas fueron agredidas con objetos contundentes y responsabilizó a operadores políticos de la coalición local PRI-UDC por los hechos registrados en la región lagunera de Coahuila.
Tras la denuncia pública, representantes de Morena exigieron que la Fiscalía General del Estado y las autoridades electorales investiguen posibles actos de violencia política en razón de género. También pidieron medidas cautelares para proteger a la candidata y a brigadistas que participan en las campañas rumbo a la elección legislativa local prevista para junio de 2026.
El proceso electoral de Coahuila contempla la renovación del Congreso estatal, integrado por 16 diputaciones de mayoría relativa y nueve de representación proporcional. Morena busca ampliar su presencia en una entidad históricamente gobernada por el PRI, que conserva una importante estructura política local.
La dirigencia nacional de Morena condenó los hechos y señaló que la violencia no debe formar parte de las contiendas electorales. Legisladores y dirigentes del partido solicitaron condiciones de seguridad para garantizar campañas libres y respeto al proceso democrático en la entidad.
En el contexto nacional, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado su postura de mantener coordinación con autoridades estatales y organismos electorales para prevenir actos de violencia política durante los comicios de 2026 y 2027. La administración federal ha sostenido que la prioridad es garantizar elecciones pacíficas, con seguridad para candidatos, funcionarios y ciudadanía.
