(18 de octubre, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Según el más reciente informe de Human Rights Watch (HRW), desde 2006, miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han participado en numerosas desapariciones forzadas.
Resaltando que en agosto de 2014, el gobierno reconoció públicamente no saber cuál había sido el destino de más de 22 mil personas cuyo paradero se desconocía desde 2006.
Dicha cantidad ha aumentado a más de 25 mil 500, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, que se creó por ley en 2012.
“Es habitual que agentes del Ministerio Público y policías no adopten medidas básicas de investigación para identificar a los responsables, y a menudo indican a los familiares de las personas ausentes que deben investigar ellos mismos.
El gobierno federal ha implementado medidas potencialmente alentadoras para hallar a personas cuyo paradero se desconoce, pero éstas han tenido resultados limitados. En 2013, creó una unidad en el ámbito de la PGR para investigar desapariciones. Al ser consultados en agosto, funcionarios de la PGR señalaron que no tenían conocimiento de ningún caso en el cual se hubiera condenado a alguna persona por desapariciones forzadas cometidas desde 2007”, señala HRW.
Durante la intensidad de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, “Chihuahua fue uno de los principales focos rojos de la violencia de las fuerzas armadas en contra de la sociedad civil, teniendo ya un modelo copiado de guerra con respecto a Colombia, lo que seguía era la creación de falsos positivos, esto por medio de la tortura.
Sin embargo las desapariciones también eran indispensables, ya fuera para insertar el miedo en la sociedad civil o producto de haberse extralimitado en la tortura física, provocada por aquel que se atreviera a defender su inocencia”, asevera a Revolución TRESPUNTOCERO, Alfredo Santamarina, experto en temas de seguridad nacional.
Las desapariciones muestran tácticas similares, según señala HRW, los casos responden a un patrón, en el cual miembros de las fuerzas de seguridad detienen arbitrariamente a las víctimas sin la correspondiente orden de detención y sin indicios suficientes que justifiquen esta medida.
Cuando los familiares de las víctimas preguntan sobre el paradero de los detenidos en las dependencias de las fuerzas de seguridad y en el Ministerio Público, les indican que esas personas nunca fueron detenidas.
Chihuahua tiene distintos escaparates de dicha realidad, uno de los casos se relaciona con Sedena y la Policía Federal, elementos que mientras se encontraban patrullando Ciudad Juárez, detuvieron a dos hermanos en una vivienda en respuesta de lo que afirmaron había sido “una llamada anónima” respecto a presuntos sospechosos armados involucrados en extorsión y el narcomenudeo.
Aun cuando se realizó un inspección exhaustiva, no se logró revelar armas o drogas, sin embargo, los hermanos fueron detenidos y a la fecha se desconoce su paradero, según se da a conocer en el informe reciente: Atrocidades Innegables: Confrontando Crímenes de Lesa Humanidad en México, realizado por Open Society Foundations.
Sin embargo, de acuerdo a una declaración por escrito de los elementos del Ejército, “se vendaron los ojos de los dos hermanos y fueron transferidos en un automóvil civil blanco a un destino desconocido”.
El testimonio de los soldados sugiere que una de las víctimas podría haber sido asesinada después de haber sido torturada en las instalaciones militares. Las fuerzas participaban en un operativo conjunto de seguridad “Chihuahua” con el propósito de combatir al crimen organizado.
En la misma entidad, elementos del ejército detuvieron a Nitza Paola Alvarado Espinoza y José Ángel Alvarado Herrera cuando estos circulaban en un vehículo.
Según el mismo informe, más tarde esa misma noche, soldados ingresaron por la fuerza a la vivienda de su prima de 18 años, Irene Rocío Alvarado Reyes y la detuvieron.
Desde entonces se desconoce el paradero de los tres. Los fiscales locales informaron a los familiares que estaban detenidos bajo custodia del Ejército. Sin embargo, una investigación por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos determinó que el Ejército los había hecho desaparecer.
Cabe señalar que, las fuerzas federales cuya misión es combatir el crimen organizado, son los autores que han sido mayormente acusados.
Así, más de la mitad de las 418 denuncias ante la CNDH por desaparición forzada entre diciembre de 2006 y finales de 2014 presuntamente fueron cometidas por el Ejército (SEDENA); otra tercera parte por la Marina (SEMAR); y la Policía Federal y la Procuraduría General de la República (PGR), cada una de estas dos instituciones presuntamente involucradas en el 14% de los incidentes.
“La Unidad Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR), informó que de los 17 casos de desapariciones forzadas bajo investigación en 2015, en el 41% de dichos casos, los presuntos autores eran elementos de la Policía Federal y el Ejército en el 35% de los mismos”, asevera Open Society Foundations.
De acuerdo con el especialista, la sociedad civil también está condenada a no denunciar, es decir además de ser juez y parte, “de hacerlo estarías condenándote a muerte o a tortura, finalmente a engrosar la lista de los crímenes del Estado”.
A su vez, señala que aún cuando son evidentes, “el cinismo del gobierno y sus achichincles, los secretarios de Estado encargados de la seguridad del país, abiertamente señalan que en México la violación a derechos humanos no existe y que incluso la misma ONU y cualquier organismo internacional: miente.
En el México donde la violencia gubernamental impera, solamente hay dos alternativas, agachar la cabeza y que te usen como falso positivo o gritar y que te asesinen, convirtiéndote en delincuente u homicida. Es decir la suerte cuando te encuentras a las fuerzas armadas siempre es la misma”, asevera.
