El empresario constructor Alfredo Velasco Méndez denunció que “el gobierno de Gabino Cué Monteagudo, que concluyó el pasado primero de diciembre, intentó cobrarle 2.8 millones de pesos a cambio de pagarle 11 millones de pesos que le debe por obras de infraestructura carretera”.
Durante una entrevista radiofónica, aseguró: “Hace cuatro años me dijeron que me pagarían por instrucciones de Jorge Castillo, operador de Gabino Cué, con la condición de que les pagara 2 millones 800 mil pesos, lo que no acepté, y hasta la fecha no me han pagado, pero sí me han amenazado y cancelaron las cuentas de mi empresa”.
Afirmó tener videos donde se aprecia “claramente la extorsión, que me están pidiendo el dinero para el gobernador Gabino Cué Monteagudo” y se ve al ex director de Obras y a su supervisor, cuyos nombres no proporcionó.
Subrayó que esta acción fue parte del “saqueo sistemático” que hizo el ex gobernador por conducto de Jorge Castillo, lo que dejó adeudos por más de 2 mil 500 millones de pesos con empresas constructoras y de otros ramos.
Además, Velasco Méndez consideró que el saqueo podría ascender a más de 30 mil millones de pesos, similar al que habría perpetrado Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz.
Informó que el pasado 12 de mayo denunció penalmente a Cué Monteagudo, a Jorge Castillo y a “todos sus cómplices” por delincuencia organizada y otros ilícitos, “y no ha caminado un ápice esa investigación; hice que dieran vista a la Procuraduría General de la República (PGR) y no se ha hecho. Deberían estar en la cárcel”.
Resaltó que este adeudo fue heredado a la nueva administración, encabezada por el priísta Alejandro Murat Hinojosa. Adelantó que, en cuanto el Congreso apruebe al nuevo fiscal, “presentaremos nuestra querella ante la PGR por extorsión, delincuencia organizada y los delitos que se actualicen”.
Cabe señalar que durante el gobierno de Gabino Cué la deuda estatal aumentó más de 400% debido a 19 créditos que autorizó el Congreso local. En la parte final de su administración el ex mandatario enfrentó casi a diario protestas de proveedores, constructores, discapacitados, trabajadores de la Secretaría de Salud y burócratas, a quienes no se pagó puntualmente.
