2016, el último año de su Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, él y su equipo de colaboradores vació todas las cuentas a las que tuviera acceso, de acuerdo con la Cuenta Pública 2016.
Y es que ya contaba con numerosas denuncias de alcaldes por retención de recursos, de proveedores que reclamaban pagos y encima de la sospecha de una red de empresas fantasma, la administración de Duarte saqueó todo cuanto pudo en las finanzas estatales, de acuerdo con el Informe General del Resultado de la Fiscalización Superior sobre la Cuenta Pública 2016.
El informe, que ya está siendo analizado por la Comisión de Vigilancia y Cuenta Pública del Congreso local, expresa que “el presunto daño patrimonial en la Cuenta Pública de Veracruz asciende a 12 mil 592 millones 249 mil 805 pesos con 29 centavos”.
“De ese dinero, 718 millones 497 mil pesos corresponden a daño en ayuntamientos y 11 mil 873 millones 752 mil 609 pesos con 80 centavos, en Cuenta Pública Consolidada”.
Las observaciones más fuertes son tres: la Coordinación de Comunicación Social en los tiempos de Alberto Silva, por 2 mil 268 millones de pesos; otra de 2 mil 257 millones a recursos para los ayuntamientos que les fueron retenidos, y no aparecen; y la tercera por mil 249 millones de pesos a más de 20 dependencias estatales que pagaron sobrecargos por multas y créditos fiscales, todas, por no haber contado con el pago en tiempo y forma.
“Hasta octubre de 2016, el todavía gobernador veracruzano, Javier Duarte y sus secretarios de Finanzas se robaron incluso tres préstamos bancarios que en conjunto suman mil 026 millones de pesos”, se dio a conocer.
El 2016, su último año, según el documento citado, se hace evidente que “fue el año en que más recursos exprimió Javier Duarte de Ochoa al erario, esto se infiere del análisis a una tabla presentada en el documento dentro de la observación FP-014/2016/019 DAÑ, en la que se enlistan las aportaciones de la Federación para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)”.
Antes de la jornada electoral (en junio) en la que perdió el Partido Revolucionario Institucional (PRI), se ve que antes y hasta octubre, cuando pide licencia Duarte, se da la mayor actividad de saqueo a ese fondo.
Así, en enero de este año, fueron retenidos a los alcaldes 177 millones; en febrero, 107; en marzo, 458; en abril, 77; en mayo, 70; en junio, 427; en julio 589; en agosto, 70; en septiembre 588; y en octubre, 546.
En noviembre, con Flavino Ríos como gobernador interino, “se retuvieron 900 millones de pesos; y en diciembre, con el nuevo Gobierno, no hay retención. Todo fue pagado”.
Esa observación “suma 2 mil 257 millones de pesos para el FISM que no llegaron a las tesorerías de los 212 municipios”. Sin embargo, se sigue sin tener pista de gran parte de ese dinero.
